Si el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina no quiere que su auditor superior corra la misma suerte de Víctor Manuel Hernández Quintana, David Villanueva Lomelí, Francisco José Romero Serrano y Amanda Gómez Nava, debería optar por olvidarse de poner en esa posición a un incondicional, y ceñirse al procedimiento establecido por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.
Comenzando por lo que dice la fracción I del artículo 116, pero sin inducciones y sin manipular el proceso de selección para que sean las universidades e instituciones de educación superior, así como los colegios profesionales de contadores, abogados, economistas y administración, los que propongan libremente y sin línea a los candidatos.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura tendría que transparentar el proceso, eliminando de entrada a los que no acrediten los requisitos para ser auditor superior, abriendo al escrutinio público las entrevistas y los mecanismos de evaluación a que sean sometidos los aspirantes para que la terna que se proponga al pleno del Congreso del estado se integre realmente con los mejores, y no con los recomendados.
Si lo anterior que está regulado en la Ley realmente se lleva a cabo, es más que probable que cualquiera de los finalistas obtenga la aprobación de las dos terceras partes de los diputados locales.
Pero si, por el contrario, el gobernador siembra a su favorito, encubriéndolo como propuesta de la BUAP o de alguna otra institución universitaria o colegio profesional, tal maniobra no tardará en descubrirse, lo que posiblemente complique que el recomendado alcance el 75% de los votos de los legisladores.
Aun suponiendo que lo consiga, lo que tampoco es descabellado a juzgar por las votaciones de los diputados miembros de la LXI Legislatura, que por unanimidad y sin iniciarle ningún procedimiento aceptaron la renuncia de Amanda Gómez y designaron a Francisco Fidel Teomitzi Sánchez como encargado de despacho de la ASE, nada garantiza que el próximo gobernador quiera nombrar a su propio auditor superior.
Así ocurrió con el gobernador Rafael Moreno Valle, que removió y hasta maniobró para que se librara una orden de aprehensión al auditor nombrado por Mario Marín Torres, Víctor Manuel Hernández Quintana.
Moreno Valle también impuso a su auditor, el yerno del gobernador Melquiades Morales, David Villanueva Lomelí, quien renunció en mayo de 2019 –faltando siete meses de que concluyera su segundo periodo al frente de la ASE– a la muerte de su padrino y cuando vio venir la embestida que ya preparaba el gobernador Luis Miguel Barbosa.
El extinto gobernador morenista nombró a dos auditores, a Francisco Romero Serrano, al que encarceló y luego destituyó el marzo de 2022, y a la que fuera su secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, quien esta semana renunció. Fueron electos para siete años, pero solo duraron en el cargo 17 meses, uno y otra.
La historia podría repetirse con el nuevo gobernador, si Sergio Salomón y los diputados de la LXI Legislatura optan por nombrar a un auditor superior a modo, recomendado por el dúo de Jorge Estefan Chidiac y Antonio López Malo Capellini, y no a un profesional prestigiado y reconocido en materia de fiscalización, avalado por las universidades y los colegios profesionales.
Desde ahora puedo apostarle que si el procedimiento para designar al nuevo auditor parte de la simulación y el cuatachismo, el próximo gobernador removerá al que quede, tal como sucedió con Rafael Moreno Valle y Luis Miguel Barbosa.
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