Se está a punto de que se cumplan tres años de que estalló un conflicto que dejó a los trabajadores de los poderes públicos de Puebla sin una representación sindical y, por ende, sin muchas de las prestaciones laborales a las que tienen derecho. Lejos de que se encuentre una solución, el Tribunal de Arbitraje del Estado (TAE) parece “echarle más leña a la hoguera”, pues se propone reconocer como dirigente del gremio a una de las dos partes en pugna, pese a todos los vicios que hubo en su elección y que el propio TAE sancionó en su momento.
El viernes pasado, el Tribunal de Arbitraje del Estado convocó a Jhovani Oliver Gallo para notificarle que es probable que le otorgue la toma de nota como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismo Descentralizados.
En apariencia Oliver Gallo ganó ese cargo en diciembre de 2021, cuando era la secretaria general del sindicato Virginia Socorro Meza Cruz, quien era una dirigente que fue impuesta durante el gobierno de José Antonio Gali Fayad sin consultar a los trabajadores que decía representar.
El sindicato de burócratas entró en crisis porque en noviembre de hace tres años Virginia Meza organizó una asamblea fraudulenta para elegir un comité electoral, mismo que convocó a la renovación de la dirigencia gremial, descalificando a la disidencia, encabezada por Martha Rodríguez Salinas, líder del Movimiento por la Democracia, y generando unos comicios a modo a favor de Jhovani Oliver, quien es parte de la corriente de Meza Cruz.
Durante el mes de diciembre de 2021 el TAE desconoció la formación del Comité Electoral del sindicato y pese a ello, Virginia Meza ordenó que se realizaran las votaciones, las que ganó su candidato, de manera irregular. Lo que detonó un largo y estresante litigio laboral.
A 35 meses de que estalló esta crisis, surge una pregunta básica: ¿por qué el reconocimiento oficial de Jhovani Oliver no resuelve el largo y tortuoso conflicto laboral de los burócratas estatales?
Son muchas las razones por lo que esa determinación lo único que hace es agravar las cosas. Estas son algunas consideraciones:
Primera: la pretensión del TAE de otorgar la toma de nota a Oliver Gallo viola el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los tribunales laborales no pueden revocar sus propias resoluciones. Y es lo que ahora quiere hacer el Tribunal de Arbitraje del Estado.
El órgano jurisdiccional en diciembre de 2021 declaró ilegal al Comité Electoral que organizó las votaciones del sindicato, que supuestamente ganó Jhovani Oliver.
En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo le estaría prohibiendo al TAE que, 35 meses después, diga que “siempre no”, que sí fue válida la comisión encargada de los comicios del gremio, cuando en su momento la declaró ilegal y prohibió la realización de las votaciones.
Segunda: si el TAE sigue con esa determinación, va a caer en el absurdo, pues resulta que Jhovani Oliver fue despedido del Gobierno del estado el 15 de marzo de 2022, por la entonces directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Ruth Betsabé García Solís.
Por tanto, para que este personaje sea representante de los trabajadores del sector público estatal, primero lo tendrían que restituir como parte del gremio.
Tercera: el supuesto argumento por el que se le quiere dar la toma de nota al candidato del grupo de Virginia Meza, es en acatamiento a un amparo que ganó a mediados del año pasado. Pero resulta que ese recurso federal ya está archivado, ya no está vigente la sentencia que se ordenó en ese entonces.
Y a su vez, el Movimiento por la Democracia tiene vivo un juicio de nulidad contra la elección de Oliver Gallo, por lo que primero tendría que dictarse una sentencia por este recurso, y luego procederse a nombrar un nuevo líder del gremio.
Todo ello da pie a un posible escenario en el cual, por un lado se le dé la toma de nota a Oliver Gallo y, por otro lado, se impugne el resolutivo del TEA –por parte de la disidencia–, lo que significa volver, por enésima vez, a alargar este conflicto que ya resulta más prolongado, cansado y aburrido que cualquier telenovela de Televisa.
Cuarta: la solución salomónica es convocar a una nueva asamblea general, elegir un comité electoral sin trampas y convocar a votaciones.
Que los trabajadores decidan entre Martha Rodríguez Salinas, Jhovani Oliver Gallo o un tercero como candidato.
Pero queda claro que la justicia laboral en Puebla es lenta, injusta y carente de sentido común.
Y en medio quedan los trabajadores de los poderes públicos pagando las consecuencias de no tener una representación sindical.
