El principal problema que enfrenta el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es que en sus cinco años de existencia no ha encontrado la corrupción que campea en Puebla. Simplemente, la busca y no la ha localizado.
El segundo problema es que el Comité Estatal de Participación Ciudadana del SEA –encabezado por el académico José Alejandro Guillén Reyes– le cuesta a los contribuyentes unos 25 millones de pesos anuales, sin que dicho organismo rinda los frutos esperados. Lo que acaba convirtiendo a esa instancia en un generador de la corrupción, que se supone, debe de combatir.
Hace unos cuatro años sorprendió que en un informe anual del SEA se expusiera como el mayor logro de este sistema que se había elaborado, por fin, una definición de lo que se entendía en Puebla por la corrupción, como punto de partida para combatir los sobornos y las prácticas de abuso en el servicio público.
Ahora –este lunes– vuelve a asombrar el SEA al presentar su Encuesta Ciudadana de Percepción sobre la Corrupción en el Estado de Puebla, en donde apunta que, en una muestra de 38 mil entrevistados, que viven en las 20 regiones de la geografía de la entidad, apenas el 9 por ciento reporta haber sido victimas de alguna extorsión, es decir “una mordida”.
Una cifra que, de ser cierta, plantearía que la corrupción es el problema público más insignificante en la entidad y que no se le debe poner atención alguna.
Eso representaría que a 9 de cada 10 ciudadanos nunca les han pedido un soborno en el Ministerio Público, en los retenes de los agentes de Vialidad, en la ola de intermediarios que hay en las oficinas gubernamentales y las empresas que se dedican a las obras de infraestructura urbana.
Dicho sondeo, sin duda, es una tomadura de pelo. Solo hay que revisar los datos del Inegi para establecer los fuertes contrastes entre lo que reporta el SEA y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana –del Inegi– se establece que, en el primer semestre de este año, del total de personas de más de 18 años que tuvieron contacto con cuerpos de seguridad pública de Puebla, el 30 por ciento reporta haber sido victima de algún intento de cobro ilegal o un chantaje.
Ese mismo estudio apunta que, para el 52.6 por ciento de los adultos de Puebla, el segundo problema público más grave de la entidad, luego de la inseguridad, es la corrupción pública y privada.
Otro resultado del Inegi, que es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en la edición de 2022, señala que el 89.5 por ciento de la población reporta que es frecuente o muy frecuente la corrupción en la policía; el 88 por ciento dice algo similar de los partidos políticos; entre el 75 y el 77 por ciento de las personas consultadas apuntan el mismo problema en el gobierno del estado, los ayuntamientos y las agencias del Ministerio Público.
Y habiendo esas mediciones, ahora el SEA se atreve a presentar una encuesta donde sostiene que el 62 por ciento de la población dicen no conocer que algún tercero, familiar o conocido, haya sido objeto de un acto de corrupción.
Sin duda el estudio demoscópico del SEA es un acto de desfachatez, no solamente por los números irreales que ofrece, sino porque este sistema no ha podido aportar nada, absolutamente nada, para combatir la corrupción en Puebla, que se supone es su única tarea.
Pareciera –en la visión del SEA– que el estado no se hubieran cometido los excesos de las obras públicas del morenovallismo y, sobre todo, el endeudamiento de la hacienda pública del estado, por un monto superior a los 40 mil millones de pesos.
Que tampoco existieran los abusos de la empresa Concesiones Integrales que, en los últimos nueve años, ha defraudado a los usuarios cobrando el saneamiento de las aguas residuales, sin cumplir con ese proceso de limpieza y contribuir de manera determinante con la contaminación de los ríos que pasan por la capital.
O que no hubiera sido una práctica común de los ayuntamientos –apenas hace un par de años– el uso de las llamadas “factureras” para fingir el pago de contratos de obra y la adquisición de bienes públicos que nunca existieron.
El Comité Estatal de Participación Ciudadana surgió en 2017, como parte de la creación del SEA. El organismo se convirtió por mucho tiempo en un refugio de personajes de la derecha poblana, la mayor parte de ellos vinculados al morenovallismo, lo que les permitía a sus cinco integrantes cobrar jugosos salarios y fingir que se investigaba y combatía la corrupción, así como proponer políticas públicas en la materia.
Un resabio de esa época es José Alejandro Guillén Reyes, un académico conservador que nunca ocultó su abierta simpatía por Enrique Cárdenas, cuando este último fue candidato del PAN, el PRD y MC a la gubernatura de Puebla en 2019, enfrentándose al entonces aspirante de la 4T, Luis Miguel Barbosa Huerta, que después se convirtió en el titular del Poder Ejecutivo.
Dicho comité ha venido funcionando únicamente con dos de sus cinco integrantes, sin que nadie objete nada.
Tal situación plantea como recomendable que, como parte del combate a la corrupción, lo más sano para Puebla es que desaparezca el SEA, si al final sus estudios arrojan que no hay practicas viciadas en el sector público y privado del estado. ¿Entonces qué caso tiene que siga existiendo?
