De manera sorprendente Juan Carlos Lastiri Quirós, quien hasta hace poco era el político priista más poderoso en Puebla, fue objeto de un embargo de tres cuentas bancarias personales tras ser derrotado en un litigio laboral que tardó cinco años y del que perdió todos los recursos legales que presentó. Cuando ya estaba a punto de ejecutarse el fallo final, de manera ilegal y arbitraria, la presidenta de la Junta Especial 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Ana Lilia Sánchez Martínez, sin tener algún argumento jurídico válido, decidió no pagar el dinero incautado a quien resultó ganador del juicio.
El comportamiento de la JLCA es un descarado escándalo de tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Lastiri, en el que no se cuidaron las apariencias en lo más mínimo. El político priista está totalmente derrotado y aún así, le quieren ayudar desde el organismo laboral, sin importar el riesgo de que sus directivos pudieran ser acusados del delito en contra de la impartición de la justicia.
¿Por qué se afirma que es un comportamiento descarado de la JLCA?, por los siguientes detalles:
Lo único que faltaba de este juicio es que Ana Lilia Sánchez Martínez le pagara el dinero incautado –que está en poder de la JLCA— a Carlos Castillo Rosas, quien demandó a Lastiri por un despido injustificado luego de que durante 16 años laboró con el político priista, y resulta que la funcionaria no entregó los fondos, sin argumentar nada. Solo fue como si hubiera dicho: “no quiero y ya”.
El escándalo estriba en que el miércoles de la semana pasada, sin ocultarse de nadie, Juan Carlos Lastiri llegó a la Junta Especial 3 de la JLCA a entrevistarse con Ana Lilia Sánchez Martínez, cuando para esa fecha ya había perdido el último amparo que había presentado contra el laudo que hay en su contra.
El priista iba acompañado por el abogado laboralista José Castro Rosas, quien presta sus servicios al Sindicato de Burócratas y ahora es el nuevo representante legal del político oriundo de Zacatlán. Luego de que ambos hablaron con la presidenta de la Junta Especial, se frenó la ejecución del laudo a favor de Carlos Castillo, sin que hubiera una justificación jurídica.
Los abogados de Castillo cuando detectaron la presencia de Lastiri pidieron una audiencia con Andrea Priede Iglesias, la presidenta general de la JLCA, quien al escuchar la queja se comprometió a investigar el asunto y comunicarse con la parte agraviada un par de días. Nunca lo hizo, la funcionaria no movió un solo dedo.
Una posible explicación se observa en que Andrea Priede Iglesias tendría una relación cercana con el litigante José Castro Rosas, pues ambos son los titulares –ver la imagen— de un podcast que se trasmite en la página www.estrategiaintelectual.com, que es un sitio que vende programas de capacitación dirigidos a abogados y expertos en contabilidad.
Actualmente el contenido del sitio está semi-vacío, pero si se advierte que cada curso cuesta 5 mil pesos.
Se supone que las dos presidentas de la JLCA, Ana Lilia Sánchez Martínez y Andrea Priede Iglesias, tendrían que actuar con imparcialidad, lo que es evidente que no lo hacen. Lastiri ya perdió todos los recursos a su favor y tal parece, que se quiere alargar la ejecución del laudo con la única intención de fastidiar al demandante.
Crónica de la victoria contra Lastiri
Lastiri vivió su momento de gloria y de desgracia en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde ocupó los cargos de subsecretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Vivienda. En esa época se convirtió en el priista más poderoso de Puebla. Al llegar el año 2018, se quedó sin trabajo al ser derrotado el PRI en la última elección presidencial. El 30 de octubre de 2019, fue llevado a declarar ante la Fiscalía General de la República por el tema de la Estafa Maestra, uno de los grandes escándalos de corrupción del sexenio peñista. Desde entonces el político poblano perdió toda presencia pública.
Al caer en desgracia, de un día para otro despidió a su encargado de comunicación social, Carlos Castillo Rosas, quien laboró con él durante 16 años y al que no le quiso dar un solo peso de liquidación.
Castillo demandó a Lastiri el 26 de junio de 2018 por despido injustificado. La soberbia del ex funcionario federal lo hizo contestar la querella diciendo que no sabía quien era Carlos Castillo y que nunca había sido su colaborador, pese a que casi todos los medios de comunicación de Puebla son testigos de la relación laboral que había entre ellos a lo largo de década y media.
El 15 de agosto de 2022, en la Junta Especial 3 de la JLCA, se dictó un lado a favor de Carlos Castillo, en el cual se sentenció a Juan Carlos Lastiri a reinstalar a su ex encargado de comunicación social, a pagarle una indemnización y cubrir los salarios caídos de 4 años.
Dicho fallo fue ignorado por el también ex alcalde de Zacatlán, de tal manera que el pasado 14 de abril se ordenó, por parte de la JLCA, el embargo de tres cuentas bancarias de BBVA a nombre de Juan Carlos Lastiri.
En esas tres cuentas únicamente había la cantidad de un millón 600 mil pesos, cifra que quedó depositada en un cheque de caja que actualmente está en posesión de la Junta Especial 3. El monto que se debe cubrir a Castillo es de un millón 861 mil pesos.
Luego de que se ejecutó el embargo, Lastiri promovió un amparo mediante el cual pedía la nulidad de la incautación de dinero en su contra.
El juez de distrito al analizar las actuaciones jurídicas del caso, determinó que todo estaba dentro de la legalidad y por tanto, dejó intacto el fallo que obliga a que ya se debe pagar el dinero incautado a Carlos Castillo.
El 11 de julio de este año, se le notificó oficialmente a Carlos Castillo a que Lastiri había perdido el último amparo que había presentado. En esa fecha se tenía que haber pagado al demandante el dinero incautado al priista, pero eso no ocurrió. La JLCA solo enmudeció y desde entonces no explica nada.
Eso dio oportunidad a que Lastiri presentara la solicitud de un amparo indirecto, del que ya no hay posibilidad de que lo gane. Al menos que en la JLCA hagan “una chicanada”, es decir una trampa jurídica.
