Los jueces y magistrados no pueden ser sometidos a exámenes de control y confianza por el poder Ejecutivo, pues sería una invasión de competencia determinó ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con una votación unánime, los ministros subrayaron que las normas aprobadas por el Estado de Jalisco son una invasión de competencia, ya que el poder judicial no depende del ejecutivo local, sino que es un ente autónomo, por lo que las declaró inválidas.
En este caso, las autoridades locales de Jalisco pretendían someter a exámenes toxicológicos, del polígrafo, médicos y psicológicos, a jueces y con ello dar la certeza de que son personas íntegras para impartir justicia.
“La sujeción a controles de confianza tan agresivos tampoco cumple con estándar necesidad, puesto que implica una carga desmedida cuyos fines podrían cumplir bajo los parámetros objetivos de la carrera judicial”, dijo la ministra Olga Sánchez Cordero.
Ayer la Corte declaró inválida la Ley de control de confianza de Jalisco y sus municipios, por violar los artículos 21 y 116 de la Constitución, pues el proceso de evaluación, certificación y control de confianza, sólo aplica a los integrantes del sistema de seguridad pública.
“El Poder Judicial actor aduce esencialmente, que la inclusión de los servidores públicos de la administración de justicia en el régimen de evaluación y control de confianza contemplado en la ley combatida, así como la regulación que con motivo de ello se establece respecto al poder judicial actor, vulnera su ámbito de competencias, particularmente en cuanto hace a las garantías de autonomía e independencia judicial y en consecuencia se transgrede en su perjuicio el principio de división de poderes”, aseguró el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Los ministros reconocieron que los integrantes de poder judicial de Jalisco, o cualquier otra entidad de la República, deben de estará sometidos a una constante revisión y evaluación sobre su trabajo que es el eje del equilibrio social.
“Esto de modo alguno implica que no pueda haber mecanismos para controlar la actuación, de hecho los hay en todos los poderes judiciales, tanto federal como de los estados, sobre el proceder de los jueces, no me refiero a la cuestión jurisdiccional, sino a su comportamiento ético o a la posible comisión de conductas que sean indebidas”, señaló el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Cabe recordar que está no es la primera vez que se pretende someter a los jueces a exámenes de control y confianza como sucede con corporaciones policíacas para la prevención del delito y la procuración de justicia.
En octubre del 2012, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado propuso aplicar evaluaciones a los impartidores de justicia y así garantizar su permanencia en el poder judicial, sin embargo, dicha sugerencia se encuentra en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
Asimismo, el magistrado presidente, Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrip) envió al ejecutivo federal la propuesta para hacer las modificaciones pertinentes y dar mayores facultades a cada uno de los tribunales para despedir a los jueces que no estén capacitados para el nuevo sistema penal acusatorio.
Como parte de la depuración en los poderes judiciales estatales para aplicar los juicios orales, los jueces que se han mostrado renuentes al cambio han sido separados de sus funciones, sin embargo, interpusieron juicios de amparo, los mismos que han ganado en su mayoría, y han tenido que ser reintegrados a sus funciones.
