Diputados federales del PRD denunciaron penalmente a Genaro García Luna y Alejandro Poiré ante la Procuraduría General de la República (PGR) por su anuncio “equivocado” de que en 2010 habían abatido a Nazario Moreno El Chayo, líder de Los Caballeros Templarios.
Aleida Alavez, Fernando Zárate y Miguel Alonso Raya acudieron esta mañana a las oficinas de la fiscalía para presentar la denuncia contra el ex secretario de Seguridad Pública y el ex secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, respectivamente, durante la administración de Felipe Calderón.
La denuncia penal se presentó por los delitos de entorpecimiento de la justicia, coalición de los servidores públicos y emitir informes falsos al Consejo de Seguridad Nacional y a la población.
En el 2010, el gobierno federal dio a conocer que El Chayo, quien era identificado como fundador de La Familia Michoacana, había perecido tras un enfrentamiento con la Policía Federal.
Sin embargo, el 9 de marzo de aquel año, las autoridades dieron a conocer que Nazario Moreno había sido abatido por elementos de la Marina-Armada de México en un enfrentamiento, en Michoacán.
“Como consecuencia de la mentira y falaz información dada a conocer por el señor Alejandro Poiré Romero es que estimamos que tanto él como el señor Genaro García Luna, pudieron haber desplegado conductas y omisiones relevantes para el Derecho Penal”, sostiene la denuncia penal.
“Esto impidió a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, obstaculizó las operaciones militares (…) y las actividades de inteligencia relacionadas con la detención de Nazario Moreno González, alias El Chayo”, explicó a 24 HORAS Fernando Zárate Salgado.
Por si fuera poco, explicaron, Poiré y García Luna no sólo favorecieron la sustracción de la acción de la justicia de El Chayo, sino “también se propició un escenario ideal al presunto narcotraficante para facilitarle la continuación de sus actividades ilícitas bajo una atmosfera de impunidad” creada por los ex funcionarios públicos, hoy cuestionados.
Aunado a esto, solicitaron una declaración ministerial del ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdez, para que dé cuenta de “los procedimientos, evidencias, dictámenes y medios de prueba que realizó el Cisen” para cerciorarse la persona de la que relató Alejandro Poiré Romero en su informe de 2010, era el líder y fundador del grupo criminal denominado como La Familia Michoacana.
La ONU, a través de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, recomendó a principios de este año al gobierno mexicano a que “los funcionarios gubernamentales no hagan declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente”.
