Un ambiente de pánico se produjo en el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros –este jueves— frente a un sorpresivo e inédito cateo a la Dirección de Seguridad Pública de este municipio, ordenado por un juez de distrito y que es parte de la investigación por la detención ilegal y la agresión sexual que sufrieron –en marzo pasado– las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López en los separos policiacos de esta ciudad, bajo la presunta protección de la administración de la edil Irene Olea Torres.
Nunca en Izúcar de Matamoros se había visto que “los patos le tiraran a las escopetas”, pues en lugar que los mandos y agentes de la Dirección de Seguridad Pública fueron los encargados de dar protección a un mandato judicial para realizar un cateo, ahora ha sido la autoridad municipal la que ha sido objeto de esta intervención del Ministerio Público federal como parte de la demanda que, presentaron un grupo de activistas feministas y dos periodistas, por haber sido agredidas e injuriadas por el gobierno matamorense.
Desde de la mañana –de este jueves– llegó un grupo operativo formado por nueve integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre ellos había agentes del Ministerio Público federal y miembros de la Policía Federal, que a lo largo de cuatro horas realizaron una búsqueda de evidencias y al final decomisaron un número importante de documentos y carpetas de la Dirección de Seguridad Pública, ubicada en el antiguo edificio de la alcaldía de Izúcar de Matamoros.
Trascendió que luego de este episodio, la FGR va girar varios citatorios dirigidos a la edil Irene Olea Torres, al juez de paz de esta ciudad y una veintena de agentes de la Policía Municipal para que declaren ante el Ministerio Público por la agresión sexual y la detención ilegal que, la noche del 10 de marzo, sufrieron las jóvenes periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
Tal situación plantea que la edil morenista Irene Olea se está metiendo en un callejón sin salida, pues tendrá que explicar por qué no actuó en tiempo y forma contra el juez de paz y los agentes de la Policía Municipal que, bajo el grotesco pretexto de que las comunicadoras “ensuciaban la ciudad”, las privaron de su libertad, las incomunicaron y las vejaron sexualmente, todo ese dentro de las instalaciones del ayuntamiento.
Irene Olea ha recurrido a la fallida estrategia de fingir que ella se enteró de este obscuro episodio de su gobierno muchas horas después de que ocurrió y que por esa razón, no actuó a tiempo para dar protección a las agraviadas.
Todo indica que este comportamiento no le ha funcionado y ahora tiene encima una investigación de la FGR.
Esta indagatoria en su contra le llega en un momento coyuntural muy especial, en que se ha desatado la violencia contra el gremio de periodistas de Puebla.
Primero por el asesinato del comunicador Marco Aurelio Ramírez Hernández de Tehuacán. Posteriormente con el atentado que sufrió en su domicilio el reportero Pedro Alonso Benítez, cuya casa fue blanco de disparos de arma de fuego en la comunidad de Santa Catarina Hueyatzacoalco, en el municipio de San Martín Texmelucan. Todos estos hechos ocurridos en la última semana.
Algunos actores políticos de Izúcar de Matamoros comentan que Irene Olea fue mal asesorada bajo la pobre idea de que, si ella es de Morena, entonces el gobierno federal y el gobierno del estado de Puebla, por ser todos de la 4T, tendrían que buscar protegerla para salir de este problema.
Lo que no calculó la edil es que es una prioridad directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por toda la presión que sufre cada vez que se atenta contra un comunicador en el país, el buscar que no haya impunidad en la violencia contra periodistas.
En Izúcar de Matamoros la idea que prevalece en la opinión pública local es que las hermanas Natalie y Michelle Hoyos López fueron objeto de una agresión policiaca, como represalia al carácter crítico que ha ejercido el padre de las jóvenes, el periodista Miguel Hoyos Bravo, en contra del gobierno de Irene Olea, quien se ha destacado por alajarse de la militancia de Morena y aliarse con grupos tradicionales del PRI.
Por lo que, se advierte desde ahora, que si surge una conclusión de que las jóvenes agraviadas inventaron su agresión o que las encarcelaron, pero no les pasó nada grave, nadie va a creer en ese resultado.
Empezando por el gremio de periodistas de Puebla que se sienten agraviados por el hecho de que dos reporteras –el pasado 10 de marzo— las detuvieron agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, por el simple hecho, de cubrir unas actividades artísticas del colectivo Marea Púpura. Luego llevaron a las comunicadoras a los separos de la Dirección de Seguridad Pública en donde las interrogaron, las incomunicaron y las desnudaron, para “revisarles” sus genitales.
