Algo no cuadra en las declaraciones del coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac, sobre su rica familia de migrantes libaneses y el terreno que esta vendió —presionada y muy por debajo de su valor comercial— al Gobierno del Estado para construir ahí la nueva sede del Poder Legislativo.
De entrada, llama la atención el giro del discurso y la actitud del legislador priista. El martes de la semana anterior, a pregunta expresa, dijo que se trataba de un tema viejo, bastante discutido, y que las publicaciones sobre esa operación lo único que descubrieron fue algo que todos sabían. Molesto remató: a ustedes quién les paga por preguntar.
Hoy, después del reportaje del periodista Ernesto Aroche en e-consulta, que documentó cómo ese terreno que la familia de Estefan adquirió en 9 millones de pesos y fue vendido al gobierno de Miguel Barbosa en 86.5 millones de pesos, el coordinador de la fracción priista hasta ofreció conferencia de prensa y ofreció disculpas por su actitud de la semana anterior.
Antes de entrar al análisis de las declaraciones del diputado Estefan, quizás sea importante destacar que la nueva sede del Congreso del Estado está lejos, muy lejos, de ser una obra urgente o prioritaria, pues los legisladores no sólo tienen un edificio para sesionar —algo que poco hacen— en la 5 Poniente 128, y otro que alberga sus cubículos y oficinas en el antiguo edificio colonial conocido como Mesón del Cristo, en la 8 Oriente 216.
Este superfluo proyecto es una ocurrencia del exgobernador Barbosa, para quedar bien con los diputados.
Según Jorge Estefan, él jamás negoció con el exgobernador Barbosa la venta del terreno de su familia, pues no se llevaba con él, y menos para proponerle esa propiedad. Dijo que el gobierno dio con ese predio por desesperación, después de que ninguno de sus bienes, incluidos los de la zona de Angelópolis, cumplía con las condiciones de tamaño y accesibilidad para acoger al Poder Legislativo.
La versión de Estefan es inverosímil. Por supuesto que se llevaba y muy bien con el exgobernador, al grado de invitarlo a cenar en su casa de La Vista Country Club con el presidente nacional de su partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
Otra declaración que también resulta poco creíble que es Barbosa les pagó un precio muy por debajo de su valor, 86.5 millones de pesos, es decir, a razón de 7 mil pesos el metro cuadrado y no a 13 mil pesos que arrojó el avalúo. Según Estefan, tuvieron que aceptar ese precio porque a Don Miguel Barbosa no se le discutía y porque además actuó de manera cordial, pues no expropió ni lo puso como área verde para impedir su venta, como en su momento lo hizo Rafael Moreno Valle.
Esta versión tampoco es del todo cierta, pues sucede que cuando Barbosa le echó el ojo al terreno de 12 mil 855 metros cuadrados en la colonia Mártires de Trabajo, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa apresuró el fallo a favor de Inmobiliaria 2015 SA de CV, el 28 de febrero de 2022, dentro del expediente 325/2020-JCA-020-5.
Después de ese fallo, la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla también fue presionada a otorgar una factibilidad de uso de suelo a la Inmobiliaria 2015, que salió con el número de oficio SGyDU-DDU-3304/2022.
El dictamen de factibilidad, que no licencia de construcción, se otorgó con “Uso de Suelo Mixto”, para equipamiento metropolitano de comercio y servicios urbanos, siendo factible la instalación de “Oficinas del Gobierno Federal, Oficinas de Gobierno Estatal, Palacio Legislativo Estatal y Palacio de Gobierno Estatal”.
Dicho trámite se quedó ahí, pues la Inmobiliaria ya no acudió a ratificarlo, pues vendió el terreno al Gobierno del Estado, de manera que este todavía no tramita las licencias de uso de suelo y de construcción.
El Ayuntamiento de Puebla tampoco ha modificado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que establece que ese predio de la 32 Oriente 202, está destinado a área verde.
Otra cuestión que también genera sospechas es por qué si en Puebla capital hay 57 notarías públicas, la operación que tuvo que hacerse precisamente en la de Luis Enrique Palafox Galeana, hermano del entonces Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Palafox Galeana.
¿Simple coincidencia?
A mí me parece que no. Que en realidad estamos ante un caso, si no de corrupción, sí de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y conflicto de interés que pone en entredicho esta magna obra anunciada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en la última visita del presidente de la República a la entidad el 5 de mayo.
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