En la Comisión de Gobernación empezó el cabildeo para aprobar la iniciativa que presentó el pasado martes en sesión ordinaria y en asuntos generales el diputado panista, Eukid Castañón Herrera, quien buscará modificar la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla.
El propio Castañón Herrera explicó que estas modificaciones tienen como objetivo principal ser un impulsor para el desarrollo del estado, considerando la excepción en temas de expropiación para otorgar la facultad al gobierno del estado a que tome posesión de bienes inmuebles cuando se justifiquen los principios de urgencia e inmediatez.
Insistió que éstas serían en casos de excepción y no como una regla general para que no se detengan las obras que plantea la administración estatal por la negativa de algunos afectados y se perjudique a miles de poblanos.
Recordó que en su paso por la administración pública desde los tiempos del ex mandatario, Manuel Bartlett Díaz, en los procesos de expropiación para la realización de obras, principalmente de vialidad, muchas veces hay acuerdos con el 90 por ciento de los afectados, aunque por el otro 10 por ciento que no acepta la expropiación la obra no se ejecuta y se pierden recursos y beneficios para miles de ciudadanos.
“Esto ha generado en muchas ocasiones pérdidas de recursos y, evidentemente, ello va en detrimento de los más y no de los menos, adicionalmente he visto a lo largo de mi camino político cómo existen actores que capitalizan políticamente este tipo de procedimientos quedando el estado en indefensión”, sentenció.
Glosó que con esta reforma se dará una herramienta a la entidad cuando justifique el principio de urgencia e inmediatez, es decir, cuando se ponga en riesgo la realización de una obra importante y que por la negativa de una minoría no se pueda desarrollar la misma. Con lo anterior, el gobierno podrá avanzar en proyectos y aprovechar los recursos de las diferentes bolsas de la federación.
El presidente de la Comisión de Gobernación, declaró que el derecho de audiencia está garantizado para el o los afectados, aunque la administración tomará posesión del predio o inmueble mediante el recurso de revocación.
“Hemos hecho un análisis exhaustivo de este tema para garantizar en el artículo 18 que exista y se salvaguarden los derechos de los afectados; en una frase resumo la ley: Estas modificaciones buscan que prevalezca el bien común y que aquellos que se les afecte por el bien común se les salvaguarden los derechos que están establecidos en la Constitución, es decir, salvaguardando el derecho de los menos”, describió.
Finalmente, rechazó que estas modificaciones abonen a un gobierno autoritario, pues simplemente se ajusta una legislación en casos excepcionales, donde se podrá actuar y no detener el desarrollo en la entidad.
