Un juez federal detuvo parte de la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) propuesta por el “plan B” electoral impulsado por Presidencia, ya que, de manera preliminar, determinó que existen elementos para considerar que las modificaciones al instituto se realzaron de manera dogmática y genérica.
Marisol Duarte Martínez, jefa de Departamentos de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, interpuso un amparo para detener algunos de los cambios y consecuencias del “plan B”, dicho recuso fue aceptado el juez Sexto en materia Administrativa en Ciudad de México.
Y es que entre los cambios del “plan B”, se encuentra la reforma a Ley General de Instituciones y Procedimientos en la que se ordena que se elimine la unidad en la que trabaja Duarte Martínez, así como las áreas que la conforman.
Por lo que el aceptar el amparo de Duarte Martínez, el juez informó que analizó de manera superficial la reforma, ya que así lo establece la Ley de Amparo y las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No obstante, de un análisis superficial que se efectúa a la norma controvertida, no se advierte que se realice un análisis que justifique objetivamente en específico la supresión de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con las respectivas áreas que la conforman, estos es, que se trate de un área sin trabajo o con duplicidad de funciones, o que a través de su eliminación se cumpla con los objetivos que persigue la reforma, y que, en su caso, abone al fortalecimiento del sistema electoral”, informó el juez.
De esta manera el juez concedió a Duarte Martínez para que siga con sus funciones dentro del organismo interno del INE, ya que no entrará en vigor la reforma que la funcionaria imputó para evitar crear prejuicios de interés público. La suspensión estará vigente por el tiempo que duren los procesos electorales de Estado de México y Coahuila.
El juez añadió que Duarte Martínez no tiene en su contra ningún procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia en el cargo que desempeña, por lo que consideró que la sociedad se beneficiará si la funcionaria continúa en su puesto.
Y es que el juez señala que algunas de las reformas del “plan B” buscan acotar las áreas de operación, la burocratización y las malas administraciones, bajo el argumento de que generan una duplicidad de funciones, áreas sin trabo por varios meses del año, despilfarro de recursos públicos, así como la deficiente operación de los procesos electorales; además, el “plan B” quiere acotar los recursos del INE.
Otra medida concedida fue a Raquel Mondragón Correa, jefa del Departamento de Programación y Proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, por lo que podrá mantener el cargo que ostenta, por lo que continuará con sus funciones previas a que entrar en vigor las reformas del “plan B”.
