El Estado mexicano y las autoridades electorales deben garantizar armonía social y seguridad a las personas ante el inicio del próximo proceso electoral, el 3 de abril, donde se renovarán dos gubernaturas en el país, afirmó el colectivo Grupo Integral de Derechos Humanos Lex-magister.
El presidente del colectivo, Jesús Rey Fierro Hernández, detalló que existen indicios de que en varias zonas de Coahuila y el Estado de México operan grupos delincuenciales asociados al trasiego de drogas y trata de personas, que, incluso, “podrían incidir en los resultados de los candidatos”.
El doctor en Derecho recordó que gracias a la infiltración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo de activistas “Guacamaya”, hoy se sabe que en la reciente elección de Hidalgo, y de otras entidades del país, grupos de la delincuencia organizada generaron “presión por células delictivas para declinar el voto a su candidato de interés”.
“Es un asunto de los derechos humanos, la democracia debe garantizar que cada persona, si así lo decide, emita un voto por la persona que decida y no por la coacción del voto, por dádivas, o por una amenaza a su integridad o vida”, explicó el jurista.
El también galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” (2017) sostuvo que el Estado mexicano debe garantizar y evitar que el interés delincuencial ponga las manos en el proceso electoral venidero en dos de las entidades con mayor número de votantes en las listas nominales del sistema de elección en México.
“La situación de mayor riesgo es que se elija a autoridades municipales y estatales a partir de la presión de grupos delincuenciales y se dejen de investigar delitos de alto impacto en el país como lo es el trasiego de drogas, estupefacientes, actos degradantes, asesinatos, homicidios y la trata de personas; esto es muy riesgoso para el país”, resaltó.
El doctor Fierro Hernández recordó que en el país hay registro de que 3.1 millones de menores de edad realizan trabajos fuera de la Ley, pero más delicado es que 52% de ellos realizan labores peligrosas, como servir de “halcones” para el narcotráfico, distribuyen drogas o los obligan a prostituirse.
“El tema es preocupante, ya que organizaciones delictivas reclutan y explotan a menores para realizar actividades ilícitas, por ejemplo, para actuar como vigilantes, ejecutar ataques armados en contra de las autoridades; en la producción, el transporte, venta de drogas y, sobre todo, en la prostitución; Acciones que dejan millones de miles de dólares de ganancia, pero de manera ilegal”, expuso.
El abogado litigante resaltó que, entre otros actos criminales, los grupos delincuenciales obligan a las personas a abandonar sus tierras, productos o servicios que ofrecen en estas comunidades rurales, con lo que se proyecta el desplazamiento forzado de personas.
“La entidad mexiquense hace frontera con seis estados del país, entre ellos, la capital del país, Guerrero y Michoacán, que son, entre muchas otras más, muy importantes para el trasiego de drogas, entre ellos, el fentanilo, cocaína y la mariguana, que buscan llegar a los Estados Unidos”, indicó.
Por si esto fuera poco, Fierro Hernández advirtió que hay casos de violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos en estas dos entidades que no solo tienen el mayor registro de feminicidios, sino también de ataques a la libertad de prensa, “ya que estas personas son las que intentan revelar las situaciones hostiles a través del activismo social y de la práctica del periodismo profesional”, sostuvo.
“Por eso es de suma importancia que el Estado mexicano garantice una jornada electoral libre de violencia y lejana al interés de los grupos delincuenciales que tienen un interés particular sobre ciertas personas que aspiran a un cargo de elección popular”, explicó el científico mexicano.
