Las motivaciones de quienes perpetran una ejecución pueden ser muy variadas, escalofriantemente diversas, pero en todos los casos los asesinos tienen en la mente un plan que los lleve a conseguir impunidad, una que se nutre con las graves y sistémicas fallas del Estado mexicano en el combate a la delincuencia, tanto como en la procuración y administración de justicia. Aunque no es privativo del estado, Puebla ha sufrido una ola de terror de ejecuciones en las últimas semanas.
Entre el 15 y el 17 de febrero hay registro de dos ejecuciones en dos distintos eventos de sangre en Puebla capital.
El saldo es de cinco personas muertas.
La cuádruple ejecución de una familia de alarifes originarios de Canoa, asesinados cuando huían de un auto, en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
El 17 de marzo un joven fue asesinado de varios disparos en la colonia San Bernabé Temoxtitla.
Tan sólo en Puebla capital, porque en el estado se pueden contar al menos dos casos más.
13 de febrero: se hallaron cinco cuerpos, uno de mujer, en la carretera Libres-Altzayanca, en la comunidad de Ayehualaco.
Este 20 de marzo, fueron hallados en Huachinantla, municipio de Jolalpan, dos autos con seis cuerpos calcinados.
¿Qué sucede en las mentes de esos asesinos?
Seguramente las psiques de esos sujetos son un laberinto oscuro y hasta putrefacto.
Lo que podemos entender con claridad es que hay un clima de impunidad que ha permitido el sistema de justicia.
No es privativo de Puebla ni del Estado mexicano en su conjunto, pero se nutre por las fallas que se podrían atajar.
Los ataques directos, por las cusas que sean, llevan implícito un anhelo de impunidad.
Una certeza de que se conseguirá.
En los planes de quien asesina con alevosía y los demás agravantes, está trazado un camino que pretende llevar al anonimato.
A nunca ser descubiertos.
Y si lo son, conseguir libertad de penas carcelarias.
En una palabra: impunidad.
Se puede achacar la culpa a los gobiernos y su falta de inversión en seguridad pública.
Peso hay más.
También se puede reprochar a las fiscalías, cuyos agentes fallan en las investigaciones o en la integración eficiente de carpetas.
Pero no es solamente eso.
Luego se puede señalar a los jueces y funcionarios de los poderes judiciales, que no realizan su labor con completo compromiso social u honestidad.
Y tampoco es el final.
Están también las fallas legislativas que configuran un andamiaje jurídico confuso, objetable y deficiente.
Tampoco es lo único.
Es todo.
Es ese laberinto.
¿Por dónde empezar?
Por cualquier esfuerzo será importante.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina estableció la seguridad pública como la prioridad de su administración.
Se ha impulsado una estrategia conjunta con los 217 presidentes municipales y la Guardia Nacional.
Se han entregado patrullas.
Hay más equipamiento.
Se intensificó la capacitación.
Es una tarea urgente.
No se debe perder ni un minuto.
