Los tres años que Eduardo Rivera Pérez estuvo al frente del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla fueron de simulación y omisión en el tema de derechos humanos.
–En general –opina Brahim Zamora, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr)- creo que en términos de derechos humanos no se avanzó demasiado, pareciera que la administración municipal no se asume a sí misma como una promotora y defensora de los derechos humanos, no ve su función el marco de los derechos humanos.
La evaluación del Nodo de Derechos Humanos (Nodho) es que el gobierno municipal sólo simuló, hizo “lo que cualquier administración de gobierno en estos tiempos: cumplir las formas, ciertas formalidades, las suficientes como para no caer en las encuestas, pero de fondo no hay un respeto a los derechos humanos, no hay un respeto al conjunto de los gobernados, porque los derechos humanos no son puntitos que se tienen que respetar, sino una forma de respetar a los demás y de no abusar del poder que se tiene prestado”.
Y en ese mismo sentido coincidió Armando Pliego Ishikawa, quien formara parte del #YoSoy132Puebla:
–(El gobierno municipal) intentaba pintarse como un gobierno conciliador, como si realmente prestara oídos a todas las voces que fueran en contra.
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No había pasado ni un mes del inicio del gobierno de Eduardo Rivera cuando se reportaron los primeros abusos contra personas del colectivo de la diversidad sexual. La Jornada de Oriente consignó que en la madrugada del 10 de marzo del 2011, la Policía Municipal detuvo a cinco homosexuales por los “delitos” de “ser una molestia y un peligro para las familias”.
–Las poblaciones trans, los chavos gays fueron muy amedrentados por la policía municipal –dice Brahim Zamora-, y hubo muy poco cambio en cuanto a cómo se están remitiendo a las personas al juzgado calificador y los juzgados calificadores tampoco tienen un marco de derechos humanos que proteja a quienes llegan ahí, no hay tabuladores claros. El Coremun (Código Reglamentario del Municipio), no especifica cuáles son las faltas administrativas, ni cuáles son los procedimientos exactos. A los ciudadanos nos dejan en indefensión, especialmente a quienes se dedican al trabajo sexual, a manos de la policía municipal. Lo cual genera ambientes de impunidad, de extorsión, de inseguridad.
Los operativos nunca cesaron. La noche del pasado 25 de octubre de 2013, policías municipales de Puebla, encabezados por uno que iba vestido de civil, detuvieron a tres mujeres transexuales mientras recibían información y preservativos, como parte de un programa del Fondo Global para la lucha contra el Sida, y fueron presentadas en el juzgado calificados hasta tres horas después.
El particular acoso contra la comunidad LGBT fue evidente también a través de operativos realizados en bares y antros. La madrugada del 20 de enero del 2012, funcionarios de Normatividad Comercial del Ayuntamiento de Puebla se presentaron en Sibari Bar, ubicado entonces en la 31 oriente y 14 sur para realizar un operativo. Julio César Oliver, Luis Cuéllar y el titular del área, Luis Mora Velasco, llegaron al establecimiento y se refirieron a los clientes con actitudes homofóbicas.
“¿Por qué buscan zonas tan exclusivas y vistosas?”, preguntó Mora al gerente operativo, Francisco Pozos, mientras sus subordinados exigían a los clientes: “a ver, pinche puto, dame tu IFE”.
–Hubo operativos excesivos en bares y lugares gays, donde también se violentaron muchos derechos –lamenta Brahim Zamora–. Se hace un uso discrecional de la ley en términos de que hay negocios que son giros negros, hay negocios que mucha gente sabe que violentan la ley, donde también se violan normatividades municipales y puede funcionar perfectamente bien, pero en general los lugares LGBT eran acosados y perseguidos por cosas absurdas.
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Para el Nodho la situación en la ciudad capital es muy parecida a la de gobiernos anteriores: nada cambió realmente. Lo que en todo caso destacó en la administración a punto de concluir fue la tenaz “represión a vendedores ambulantes, todo este asunto que hubo en Analco, toda esta política que a veces pareciera de limpieza, entre comillas, de los lugares turísticos y de favorecer a grandes franquicias o empresas y hostigar y reprimir a vendedores”.
El objetivo era tener el control total del centro histórico y el zócalo, supone la ong, y recuerda “el caso de represión a los chavos del 132, a los 63 que detuvieron; fue un momento bastante lamentable, perdiendo la idea, la noción de para qué es la ciudad, para qué es el centro histórico, situación parecida a la de gobiernos anteriores, en donde pareciera que está bien que Televisa, Telcel y un montón de otras empresas usen el zócalo y pongan edecanes semivestidas y bailen y lucren con eso, pero no está bien que un grupo de indígenas venda sus artesanías, ni que un grupo de jóvenes exprese lo que siente sobre la situación política del país”.
–Cuando a nosotros nos levantaron –recuerda Armando Pliego-, hubo incongruencias entre lo que declaraba Eduardo Rivera y lo que declaraba (el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal) Amadeo Lara, porque por un lado decían que hubieron observadores de derechos humanos cuando nos levantaron y no es cierto, y que hubieron notarios públicos presenciando todo y esas son mentiras, y que a todos nos llevaron con médicos legistas y eso tampoco fue cierto. El gobierno municipal no respetó los ejercicios de libertad de expresión.
La apropiación ciudadana del espacio público fue muy complicada durante la gestión de Rivera Pérez. Si bien el conflicto más evidente fue la detención de 63 personas del #YoSoy132, hubo otros como la prohibición de que, como parte de un proyecto del Fondo Global de prevención de VIH, se repartieran condones en el zócalo, o el acoso hacia el colectivo Bordados por la Paz.
Y desde el verano del 2012, quizás a raíz del boom de las manifestaciones, comenzó la criminalización de los jóvenes.
–De últimas se fue sentando un precedente desde las autoridades –dice Armando Pliego-, porque ya en los últimos eventos que ha habido en el zócalo, por ejemplo el día de la boda del hijo de Marín en la catedral, me doy cuenta de que a los que parecen estudiantes o a los jóvenes que van con mochilas son a quienes revisan. Se podría interpretar como que las autoridades ahora están etiquetando: es joven, trae mochila, parece estudiante e inmediatamente lo van a relacionar como “es un revoltoso” o “hay que echarle un ojo, hay que estar más al pendiente de él que del resto de los ciudadanos porque él es un peligro potencial”.
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Otro reflejo del desinterés por los derechos humanos fue el retraso en la habilitación del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros, el último en tomar protesta y el último en convocarse.
De hecho durante la discusión para elegir a sus integrantes, las regidoras del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Mozo e Irma Adela Fuentes Guevara trataron de impedir que la activista Vianeth Rojas fuera una de las elegidas, por considerarla sin “autoridad moral”. Las regidoras nunca recibieron sanción alguna.
Actualmente, el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros trabaja un proyecto de reforma al Coremun, para dotarlo de una perspectiva de derechos humanos.
–No sabemos si se podrá llevar a cabo en términos de la voluntad política –reconoce Brahim Zamora, quien también es uno de sus integrantes-, pero la ventaja es que hay más tiempo. Son 4 años 8 meses en los que se puede trabajar esta iniciativa.
