La Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Puebla prácticamente se extinguirá, si se aprueba el Plan B de la Reforma Electoral lopezobradorista. Casi 80% del personal que labora en el Servicio del Sistema será despedido y, con ello, se complicará sobremanera la organización del proceso y el cómputo de la jornada electoral federal de 2024. Es muy, muy grave.
Eso explica también que la fracción de Morena en el Senado de la República le haya puesto hielo a la aprobación de las reformas a siete leyes secundarias.
La pausa y lentitud con que se han desdeñado las minutas que, en diciembre, recibieron de la Cámara de Diputados, pareciera ser una estrategia bien calculada.
Porque mientras más tarden los legisladores afines al presidente de la República en aprobarlas, menos tiempo dejarán a la oposición para impugnarlas.
Las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) solamente pueden presentarse sobre hechos consumados, no sobre lo que va a ocurrir, por más inexorable que sea.
De avalarse finalmente ese Plan B, habrá consecuencias catastróficas, un alud de amparos y también de juicios laborales, pues habrá despido masivo de funcionarios y trabajadores.
De la reforma hablaron este lunes y, seguramente, llegaron a acuerdos que no informarán, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila.
Pero regresemos a Puebla, en donde la aplicación de esa Reforma Electoral significará quedarse casi sin funcionarios electorales locales del INE.
En una información que casi pasó inadvertida, la encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Puebla, Verónica Sandoval Castañeda, hizo la numeralia del desastre que se avecina.
A nivel local y distrital, hay actualmente 85 plazas de cargos de vocales que conforman el Servicio del Sistema del Instituto.
Pero el paquete de reformas que se prevé que apruebe la mayoría lopezobradorista del Congreso de la Unión apenas plantea mantener 19.
Eso representa la disminución de 77.6% de las plazas.
También se afectaría un número aún no determinado de “otros cargos”.
La iniciativa lopezobradorista, que deberá ser aprobada antes del 30 de abril, cuando termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso federal, también desaparecerá las 15 Juntas Ejecutivas Distritales.
De hecho 16, porque para este Proceso Electoral Federal 2023-2024, que comenzará entre septiembre y noviembre, dependiendo si se aprueba la reforma, Puebla recuperó una demarcación federal.
Los datos vienen contenidos en el documento “Informe sobre las implicaciones del Plan B de la reforma electoral”, que se presentó el 30 de enero.
Pero ese texto no ha causado ningún efecto, ni ha traído ninguna reflexión, en la mayoría lopezobradorista del Senado de la República y la Cámara baja.
El tema es grave.
Hay que ponerle atención.
Podemos quedarnos sin personal que organice el proceso.
Sin capacitadores suficientes para los ciudadanos que, por insaculación, participarán como funcionarios de casilla.
Sin funcionarios que acompañen el cómputo de votos.
Sin especialistas que organicen los recuentos, en los casos que sea necesario.
El problema de la calidad de la elección de 2024 puede ser enorme.
Llena de fallas.
Posiblemente sin legitimidad en varias regiones.
Una pobre calidad de democracia.
Ahí están las alertas encendidas.
Para quien quiera verlas.
Pero más, para quien las pueda atajar.
