Un área de la administración pública en la que el nuevo gobernador debería poner mayor atención, por ser supuestamente la responsable de prevenir y combatir la corrupción en Puebla, es la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De entrada, habría que observar tres instancias: la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, la Auditoría Especial de Mejora de la Gestión y Tecnologías de la Información, y la Dirección General Administrativa.
Entre estas dos últimas hay un evidente y manifiesto conflicto de interés: los titulares de ambas son hermanos. El auditor especial de Mejora de la Gestión es Joel Jaime Santillán Zamora y el director general administrativo es Óscar Armando Santillán Zamora.
Por si el parentesco entre ambos no fuera suficiente, hay que mencionar que la Auditoría Especial con mayor presupuesto dentro de la ASE es la de Mejora de la Gestión y Tecnologías de Información.
En la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, el acento debe ponerse en el titular y el director adjunto, pues el primero, Miguel Ángel Ortega Monjaraz, parece que solo está de adorno, ya que el trabajo en realidad lo saca Raymundo Morales Mondragón.
El problema de Raymundo Morales, quien es oriundo del Estado de México, al igual que la titular de la ASE, Amanda Gómez Nava, es que carece de cédula profesional, pese a lo cual gana 62 mil 849 pesos mes con mes.
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Otra dependencia en la que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina debería valorar hacer cambios es la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cargo de Elsa Bracamonte González.
Sin embargo, sería recomendable que antes de nombrar un nuevo secretario, la actual titular aclarara por qué contrató la elaboración de una nueva Ley de Transporte después de que el Congreso del estado había reformado esta legislación.
Las reformas a la Ley del Transporte se aprobaron el 25 de noviembre de 2021, pero ella firmó con la empresa Proyecto Céntrico SC seis días antes, un contrato por un millón de pesos para que esta consultora elaborara dos iniciativas de ley, una de Transporte y Movilidad y otra de Seguridad Vial, así como un nuevo Reglamento de Transporte.
Otra cuestión que debería aclarar, antes o durante su comparecencia ante el Congreso del estado el 3 de febrero, es cuántas concesiones de transporte público de pasajeros ha cancelado o revocado en su gestión.
Hasta donde se sabe, el desaparecido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta le instruyó revocar diferentes concesiones de varias rutas que se vieron envueltas en escándalos por accidentes, atropellamientos, invasión de rutas y abusos a los usuarios.
¿Elsa Bracamonte cumplió con esta instrucción?
Al ser designada al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en sustitución de Guillermo Aréchiga Santamaría, esta afirmó tres cosas: que en la dependencia privaba el caos y el desorden, que había una gran corrupción y que no contaba con un marco jurídico adecuado para regularizar el servicio de transporte público.
¿A poco hoy la situación es diferente o mejor?
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