Un asunto que el nuevo gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina debería investigar y sancionar, antes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo haga, es el destino de los recursos púbicos que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla empleó supuestamente para capacitación.
Se trata de una partida de 3 millones 500 mil pesos de recursos federales del ejercicio 2021 que la ASF ya observó y que la titular de la Comisión, María del Carmen Carabarin Trujillo, quiere justificar con constancias falsas expedidas mediante engaños y presiones a los presidentes municipales de la entidad.
Por esta cuestión Cabarín ha entrado en conflicto con la coordinadora general Administrativa de la Secretaría de Gobernación del estado, Tamara Libia Díaz Villanueva, quien no quiere que esa bomba le estalle entre las manos ahora que su protectora, Ana Lucía Hill Mayoral, presentó su renuncia como titular de la dependencia.
Algo que el gobernador Céspedes Peregrina y su secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, deben saber es que esos cursos de 30 horas contratados a Gubasa Consultores SC nunca se impartieron, al menos en los 217 ayuntamientos del estado como dice el contrato número SG/CGA-DRMSG/0084/2021 firmado el 3 de diciembre de 2021.
Y por esa misma razón la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas mandó del 22 al 25 de noviembre a todo el personal de este organismo desconcentrado a visitar a los alcaldes de Puebla para que les firmaran oficios y constancias de que estos cursos sobre la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se habían impartido los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2021.
A dónde fue a parar ese dinero, es algo que el gobierno del estado debería investigar, adelantándose a la ASF que ya tiene evidencias de que esos recursos púbicos se desviaron en provecho de funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la coordinación de asesores de esta dependencia, en complicidad con la firma Gubasa Consultores y la asociación civil Instituto Hispalense en Política Criminal y Ciencias de la Seguridad.
Otra cosa que el gobernador Céspedes y su secretario de Gobernación también deberían saber es que año con año la Federación ha reducido los recursos para capacitación destinados a la Comisión de Búsqueda de Personas, no solo por malos manejos administrativos sino porque éstos no se ejercen o se desvían en provecho de consultoras y empresas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios de la dependencia.
Del presupuesto anual de 2020, que fue de 20.77 millones de pesos, 6.77 millones se fueron a cursos de capacitación, y en 2021, de los 18.96 millones de pesos, a capacitación se fueron 5.02 millones.
En 2022 el presupuesto anual de la Comisión fue de 20.75 millones de pesos, de los cuales 18.86 mdp fueron aportados por la Federación y el resto por el gobierno del estado. Los recursos estatales se destinaron a gasto corriente, es decir al pago de sueldos y salarios de los integrantes de la Comisión.
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