Con consecuencias sociales y económicas graves, que nunca terminan de solucionarse y que generan litigios que involucran varias generaciones de familias y agotan sus patrimonios, las invasiones son una enfermedad crónica y contagiosa que ha sufrido reiteradamente el estado de Puebla, especialmente la capital. Recién han comenzado a combatirse con la precisión adecuada, luego de las reformas que se aprobaron en el Congreso del estado.
El fenómeno de la invasión de predios y, a partir de éste, la construcción de inmuebles irregulares, ha sido un problema lamentablemente tradicional y antiquísimo.
Decenas de organizaciones lucran y viven de éstas.
Algunos gobiernos –estatales y municipales– intentaron verdaderamente combatir esta práctica.
Otros fueron omisos.
Unos más fueron cómplices.
Solamente la actual administración barbosista ha tomado cartas efectivas en el tema.
De hecho, envió un paquete de iniciativas al Congreso local, que recientemente ya fue aprobado.
Se puso, así, un “hasta aquí” al tema y a las organizaciones también.
Además, sanciona a los funcionarios que autoricen la entrega de permisos o licencias para construir en asentamientos irregulares.
Ahora se castiga con 4 a 10 años de cárcel y multas severas a quienes lo hagan.
Las penas aumentan hasta en 50 por ciento, cuando el asentamiento irregular se encuentre dentro de un área natural protegida: de 6 a 15 años de prisión.
El paquete de iniciativas que fue enviado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta modifica las leyes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal estatal.
El impacto social de combatir estos asentamientos que son producto de invasiones es positivamente grande.
Porque esos asentamientos generan conflictos comunitarios descomunales.
Permanentes.
Y que muchas ocasiones terminan por ser una problemática tan grave que nunca encuentra solución.
Una enfermedad social sin cura.
Arraigada y profunda.
Con los asentamientos humanos irregulares llega el déficit de servicios.
Una calidad de vida deplorable.
No hay transporte.
Crece la inseguridad.
Hay carencia de servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad, vialidades primarias y secundarias, escuelas, clínicas y hospitales.
Más lo que usted quiera y mande.
Luego, por ello es que las organizaciones vuelven a lucrar con las protestas por servicios.
Crean el problema.
Luego se benefician también políticamente.
Hay ejemplos emblemáticos de esos casos en Puebla capital:
El Fraccionamiento El Refugio, donde el gobierno de Rafael Moreno Valle se negó a ejecutar seis órdenes judiciales contra los invasores.
San Pablo Xochimehuacán, en donde tras la explosión provocada por huachigaseros se detectaron 116 predios irregulares.
Y San Andrés Azumiatla, con una 300 hectáreas -sí 300- de tierra invadida.
Esos asentamientos han generado en la capital poblana un crecimiento urbano desordenado.
Graves carencias de servicios públicos.
Eso sin contar con las afectaciones a los particulares, para lo que requeriríamos otra entrega completa.
¿Qué sigue tras las reformas?
Que las autoridades municipales y los jueces no se dejen presionar.
Que la opinión pública no se deje engañar.
Saber identificar a los supuestos “líderes sociales”, que no son más que capos invasores, que suelen utilizar a la gente como “carne de cañón”.
Es decir, lo que se requiere, en esencia, es una cosa:
Que se cumpla la nueva ley.
Así de fácil, así de simple.
