La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señaló que tuvo una participación activa en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que fue presentado por la Comisión Nacional, además de que realizó al mismo tiempo el diagnóstico de los centros de reclusión estatales, por lo tanto, no pudieron encontrar las anomalías en los penales de San Miguel y Tehuacán.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, que elaboró la CNDH, el estado de Puebla tendría una calificación deficiente en el rubro de gobernabilidad en los centros penitenciarios, donde San Miguel y Tehuacán están reprobados, mientras que el de Tepexi logró una de 8.5.
El estudio reveló que en ambos Ceresos hay falta de personal, existencia de áreas con privilegios, internos que hacen cobros y ejercen violencia o control sobre el resto de la población, así como la falta de sanciones disciplinarias por parte de las autoridades.
La CEDH apuntó en ese sentido que algunas de las cuestiones que encontraron en diagnóstico estatal fueron, donde se revisaron 19 centros de reinserción social distritales, regionales, y al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa): Espacios insuficientes, falta de mantenimiento, hacinamiento en dormitorios y áreas comunes, así como alimentos escasos.
Esto mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evaluó los centros estatales de Puebla y Tepexi de Rodríguez, así como el Regional de Tehuacán, con apoyo del personal de la CDH Puebla, ya que éstos se incluyen en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), presentado por el organismo nacional.
En el comunicado que envió la CEDH, se dijo: “Las condiciones en que se mantiene a la población penitenciaria en la mayoría de los Centros de Reinserción Social afecta el trato digno, toda vez que hay insuficiencia de espacios en las celdas, a lo que se suma la falta de prevención de riesgos, el hacinamiento en los dormitorios y en las áreas comunes, lo cual representa un peligro latente”.
También habrían se encontrado deficiencias en el abastecimiento de medicamentos y material de curación, en la atención a internos castigados por parte del personal de las áreas técnicas, la nula atención psicológica y la alimentación es insuficiente, así como se detectó la carencia en la difusión de la normatividad, el escaso personal de seguridad y custodia, la falta de separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes, el escueto material didáctico y las limitadas actividades laborales, educativas y deportivas.
