“¿La ciencia es ciencia, la haga quien la haga?”. Con este cuestionamiento arranca el libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, escrito por Martha Elena García y Guillermo Bermúdez y presentado en la IBERO Puebla. El texto indaga sobre cómo la industria de alimentos y bebidas ha recurrido a voces académicas autorizadas para camuflar sus productos ultraprocesados como alimentos saludables.
Desde una perspectiva liberal, el móvil del vínculo se centra en intereses económicos. Mientras que las empresas necesitan emprender negocios rentables con sus comestibles, los investigadores están en busca de financiamiento privado ante las raquíticas condiciones de la ciencia y la tecnología en México.
Explicó Elena García: “Contratan consultores, asesores y testigos expertos para que estén en foros o en los medios. Otorgan premios, becas, patrocinan publicaciones, apoyan proyectos…”. Los argumentos “científicos” también son utilizados para retrasar políticas públicas regulatorias.
La investigación se vuelve problemática cuando se siembran sesgos que, de acuerdo con el libro, pueden llegar a instalarse en los planes de estudio de las licenciaturas en nutrición y afines. “En los debates sobre salud pública, los nutriólogos deben ser una voz crítica, libre de intereses, no un brazo de la industria”, agregó Guillermo Bermúdez.
Para lograrlo, los autores recomiendan imponer declaraciones de transparencia en el quehacer académico y educativo. Al mismo tiempo, exhortan a acelerar el proceso de reestructuración del sistema alimentario para garantizar la eliminación de los conflictos de interés.
Se refirieron a la Fundación Coca-Cola, multinacional que consiguió el aval de figuras como el premio nobel de química, Mario Molina. Sus campañas para promover el cuidado del medioambiente, explicó el equipo de autores, caen en la práctica conocida como ‘lavado verde’ (greenwashing), pues la producción de la refresquera tiene altos impactos en extracción de agua y generación de residuos plásticos.
Situación similar ocurre con Nestlé y su embotelladora de agua potable, Bonafont. La explotación de los acuíferos de Puebla ha derivado en disputas por la defensa de los recursos naturales. “Es una farsa esto de la responsabilidad social que practican las corporaciones”, zanjó Martha García.
La ciencia también sirve como caballo de Troya de la política. Miguel Calderón, académico de la IBERO Puebla, aplaudió que la lectura de Alimentarnos con dudas conduce a cuestionamientos complejos relacionados con las enfermedades crónicas provocadas por los discursos de la industria contrarios a la salud pública.
Cuando las empresas se apoderan de la autonomía de investigadores e instituciones, los hallazgos se orientan progresivamente hacia los intereses del capital. “Aparte de la idea de que no hay alimentos malos, que claro que los hay, la otra parte de la ecuación es que la responsabilidad de llevar una vida saludable es de todos y cada uno de nosotros. [Las empresas dicen que] no es un problema social, sino individual”.
Miguel Calderón indicó que las crisis de salud se expresan en la vida cotidiana desde la distribución territorial de las tiendas de conveniencia y los productos que estas ofrecen. A su decir, los alimentos procesados y altamente calóricos son mucho más accesibles que los productos naturales como frutas y verduras.
“La industria alimentaria no es una aliada de la buena alimentación. La autorregulación es un fantasma porque el capital tiene como objetivo la utilidad”: Miguel Calderón.
El investigador enfatizó la importancia de construir culturas alimentarias que recuperen las tradiciones mexicanas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. “Los costos en la salud del consumo de alimentos chatarra se acabarán socializando. No hay una salida individualizada: tiene que ser social. Tenemos que cambiar la cadena de distribución, comercialización y consumo”.
Los conflictos de interés son lastres que forman parte de las dinámicas profesionales en México. Según lo expuso Yatziri Zepeda Medina, consultora de economía ecológica, las investigaciones financiadas por la industria de alimentos tienen entre cuatro y ocho veces más probabilidades de señalar que las bebidas azucaradas no son perjudiciales para la salud.
En tiempo reciente, Nestlé ha financiado a 22,000 profesionales de la salud en México para obtener información sobre la lactancia materna. Al respecto, la experta aseguró: “No es ilegal, pero hay una profunda falta de ética y no lo podemos permitir”. Llamó a las instituciones a desarrollar códigos de ética en los que existan compromisos por diversificar las fuentes de financiamiento.
