En la sesión de la Comisión Inspectora los diputados aprobaron iniciar el proceso administrativo de determinación de responsabilidades contra ocho sujetos, entre ellos, el ex director del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Eduardo Macip Zúñiga, por 10,814 millones, 392 mil 469 pesos, en sólo un mes de ejercicio, del 1 de enero al 31 de enero de 2011.
El presidente de la Comisión Inspectora, el panista, Jesús Zaldívar Benavides, argumentó que el monto tan alto por el que se le inició el proceso al ex colaborador de Mario Marín Torres fue porque nunca solventó sus pliegos de observaciones y de cargos y la ley, misma que establece que cuando los sujetos de revisión ignoran las observaciones de la Auditoría Superior del Estado se estudiará el total del presupuesto y en un esquema de garantías el patrimonio, en este caso, del SOAPAP.
“Es un esquema precautorio que establece la ley para salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos (…) Esta sanción está apegada a la ley, a la norma, el sujeto obligado tiene derecho a utilizar los beneficios que le otorga la ley, como herramientas de defensa para solventar este proceso, no se está haciendo nada fuera de la ley”, explicó.
Rechazó que el proceso contra Macip Zúñiga se apruebe en este momento que se habla de la privatización del SOAPAP, ya que la Comisión Inspectora está cumpliendo con un calendario y no por cuestiones políticas aprueba sanciones.
Los otros siete sancionados corresponden a actuales presidentes municipales de Ahuehuetitla, Atoyatempan, Atzala, Coatzingo, Cohetzala, Huatlatlauca y Huejotzingo, que en total no pudieron solventar observaciones por 62 millones, 755 mil 466 pesos, correspondientes al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011.
Cabe mencionar que al edil que en su primer año de gestión se le observaron más recursos fue de Huejotzingo, Felipe Juan Andrés Gorzo Ortega, con 56 millones, 162 mil 712 pesos.
Zaldívar Benavides, informó que también se aprobaron 34 cuentas públicas correspondientes a 24 ayuntamientos del primer año de gestión de 2011, además de nueve entidades paraestatales y un sistema operador de agua potable.
Entre estas cuentas públicas se encuentra la del ex director del Colegio de Bachilleres, Omar Álvarez Arronte, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, y el presidente de la Comisión Inspectora rechazó que sean cuestiones políticas las que permitieron avalarla.
