Una serie de documentos de la Cámara de Diputados revela que en el estado de Puebla están autorizadas 90 concesiones mineras así como ocho hidroeléctricas, que abarcarán a 31 municipios de la Sierra Norte.
Esta información se difundió a partir de las gestiones que están realizando pobladores de esta región, particularmente del municipio de Olintla, que tras haber rechazado a Grupo México, que determinó cancelar su hidroeléctrica en el río Zempoala, ahora buscan la cancelación de todas esas concesiones.
La Cámara de Diputados también emitió oficios el 4 de octubre pasado, donde se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a garantizar la integridad física y sicológica de los opositores a estos proyectos, tanto de Olintla como del resto de la región.
El exhorto también es para los presidentes municipales, a quienes la Legislatura les recuerda que las comunidades indígenas tienen derecho a la libre decisión de manifestarse en contra de estos proyectos.
De igual forma le exige al Estado mexicano obligatoria la consulta a los pueblos indígenas antes de otorgar permisos a las empresas para explotar recursos naturales en esta región.
Para la organización Causa Indígena, de Zapotitlán de Méndez, uno de los municipios perjudicados, las concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos demuestran “la amenaza real que se cierne sobre nuestras comunidades”.
Causa Indígena exigió la cancelación total de las 90 concesiones mineras y ocho hidroeléctricas, ya que se trata de “atacar en forma global el problema y no de forma particular. La Sierra Norte es una región indígena y esa es la base de nuestra lucha”.
La agrupación subrayó que mantiene comunicación constante y directa con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, acción que ha permitido detener el proceso de evaluación de algunos manifiestos de impacto ambiental, como también revisar los criterios que llevaron a la violación del derecho indígena a la consulta de proyectos industriales.
“Seguimos de cerca las gestiones que realizan algunas empresas, y podemos afirmar que sus posibilidades se reducen; en tanto, hemos planteado su ilegalidad al violar nuestros derechos como pueblos indígenas, sobre todo por las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a otros casos similares en regiones indígenas”, expuso en un comunicado.
Para Causa Indígena la base de su movimiento social es la certeza de que el gobierno federal violó tratados internacionales y la propia Constitución al entregar esas concesiones mineras y autorizar proyectos hidroeléctricos. “La defensa del territorio y la autonomía indígena son banderas y proyectos colectivos. En la Sierra Norte a eso estamos comprometidos”, remataron.
