Tras diversos señalamientos relacionados con la implementación del sistema de juicios orales en el Estado de Puebla, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional señala que la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado atiende al cumplimiento de la reforma constitucional del 18 junio de 2008, que indica que todos los sistemas de justicia penal deberán transformarse hacia un sistema acusatorio que conlleva un proceso de implementación, que concluirá en el año 2016, como lo dispone la Ley.
Los integrantes de la fracción del PAN en el Congreso del Estado puntualizaron que, en Puebla, los avances se han logrado con apego a los instrumentos normativos definidos desde el inicio de la actual administración. Este nuevo sistema de justicia penal arrancó en la región judicial oriente, que tiene como sede a la ciudad de Teziutlán.
Sin embargo, los cambios nacionales que actualmente se encuentran en discusión afectan el sistema de justicia penal en el Estado. Las reformas al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que facultan la expedición de una legislación única en materia procedimental penal, así como los mecanismos alternos de solución de conflictos y ejecución de penas, requieren la aprobación de la mayoría de las legislatura locales.
Sin embargo, existe una inminente duplicidad de ordenamientos ante la reforma constitucional, por lo que se propone diferir el inicio del sistema tanto en la zona Norte, con sede en el distrito judicial de Huauchinango, como en la Sur, con sede en Izúcar de Matamoros para el 21 de mayo de 2014.
Para instaurar por regiones judiciales el sistema acusatorio es necesario cumplir con etapas y fines dirigidos hacia los grandes objetivos de la reforma; por lo que la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, propuesta por el Gobierno Estatal, trata de que los cronogramas se cumplan sin atrasos ni adelantos, es decir, en armonía y equilibrio.
