Para el rector de la Universidad Madero (Umad), César Job Romero Reyes, a pesar de que hay una Ley de Transparencia mejor posicionada a nivel nacional, aún se necesita mayor participación social, ya que el gasto gubernamental en obras aún sigue siendo un tema rezagado y, como ejemplo, citó las detenciones y órdenes de aprehensión sobre funcionarios de la pasada administración, aspecto que aún no ha aclarado el tamaño del desfalco al erario.
El académico subrayó que la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que impulsó el gobierno y el Congreso, producto de la presión ciudadana del movimiento Actívate X Puebla, sin lugar a dudas es un avance importante. Sin embargo, señaló la necesidad de crear los mecanismos legislativos, jurídicos y administrativos para que, en el presente y el futuro, se tengan los candados para evitar que los funcionarios públicos, relacionados con la construcción y gestión de obras, puedan desviar recursos.
“Estamos viendo cómo a un funcionario lo encarcelan por enriquecimiento inexplicable, pero no se está tomando ninguna medida ahora para que esa situación no se vuelva a dar; esa parte, sigue pendiente”.
Además, indicó que tenemos una cultura cimentada en prácticas virreinales que serán difíciles de erradicar; sin embargo, hay avances. Por una parte, con la nueva Ley de Transparencia y, por otra, con el precedente que ha sentado el encarcelamiento del ex secretario de Salud y la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Obras.
“Nada está escrito, es un trabajo cotidiano del día a día; esto es un inicio, pero con el que haya leyes las cosas no van a ser más transparentes, sino hasta que nosotros exijamos que más transparencia, una mayor vigilancia de los medios y los comunicadores, con la participación ciudadana”.
