Por presunto desfalco millonario a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez Bautista, quien hasta el pasado 16 de julio se ostentaba como rector de esa casa de estudios.
De acuerdo con un documento trascendido en medios de comunicación, la orden aludida fue expedida el 12 de agosto por un juez de Control de la entidad poblana, sin embargo, no se precisa el nombre de dicho juez.
Lo que sí se indica claramente es que también habría órdenes de aprehensión contra los colaboradores más cercanos de Derbez Bautista, que son Mónica Ruiz Huerta, quien se desempeñaba como vicerrectora administrativa; Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, director de Asuntos Jurídicos, además de Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, abogados de la familia Jenkins Landa.
Ello en virtud de la creación de una sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School, establecida en 2016, mediante la que supuestamente se desvió alrededor de 100 millones de pesos.
Cabe recordar que, en su momento, el nuevo patronato de la UDLAP, encabezado por Horacio Magaña Martínez, aseguró que ya había órdenes de aprehensión contra Derbez Bautista debido a operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismas que fueron denunciadas ante las autoridades federales y locales.
Las otras órdenes de aprehensión
La primera semana de julio del año en curso fueran dadas a conocer tres denuncias contra Derbez Bautista por delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Así lo refirió el apoderado legal del nuevo patronato, Rodrigo Gurza, quien afirmó que las dos primeras conductas ilícitas ya habían sido admitidas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).
En cuanto a la administración fraudulenta, Gurza precisó que se denunció en la Fiscalía General de la República (FGR).
Señalado por el gobernador
El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó en los últimos días de julio que Luis Ernesto Derbez Bautista y los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins eran los únicos responsables de que no se pagara la nómina a los trabajadores de la Universidad de las Américas Puebla.
Aseguró que el pago estaba en manos del actual patronato, por lo que esa negativa era lo que estaba generando “una crisis al interior de la Universidad”.
Barbosa Huerta señaló que Derbez Bautista fue confabulador de mucho de lo que ocurrió en la Fundación Mary Street Jenkins e incluso ha sido beneficiario.
La toma de las instalaciones
Fue el 29 de julio cuando estalló el conflicto familiar en el que están involucrados los recursos millonarios, la estabilidad y el destino de la Universidad de las Américas Puebla, con la toma de las instalaciones del plantel a cargo de policías estatales y un nuevo patronato.
La familia Jenkins, heredera del benefactor de la Fundación Mary Street Jenkins, William Oscar Jenkins, se disputa la posesión de la institución, sus negocios y una fortuna que asciende a por lo menos a 750 millones de dólares.
El pleito directo es entre los hermanos Guillermo y Roberto Jenkins de Landa, quienes echando mano de sus influencias, ya convirtieron en un conflicto político la pelea por la UDLAP.
Ello derivó en la existencia de dos rectores, Luis Ernesto Derbez Bautista y el político Armando Ríos Piter, a quien públicamente se le conoce, también, como “El Jaguar”.
La historia detrás del conflicto
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario extranjero William Oscar Jenkins constituyó en la ciudad de Puebla una fundación con el nombre de su fallecida esposa, Mary Street Jenkins, y se estableció que su capital serviría para realizar actos de beneficencia o caridad.
A su muerte, el fundador dispuso como única y universal heredera a dicha fundación, estableciendo claramente que no dejaba a sus hijos herencia alguna. Sin embargo, sus descendientes, la familia Jenkins de Landa junto con otras personas, despojaron a la Fundación Mary Street Jenkins de un patrimonio que asciende a más de 14 mil millones de pesos.
El desfalco multimillonario se llevó a cabo mediante una donación simulada en favor de la Fundación Bienestar de Filantropía, institución que también es controlada por el grupo Jenkins de Landa.
Las operaciones de lavado de dinero que ocurrieron en los estados de Puebla y Aguascalientes fueron rastreadas por los ‘Paradise Papers’ y publicadas por Diario Cambio en noviembre de 2017. Las revelaciones dan cuenta que desde 1998, los Jenkins comenzaron a desviar recursos a paraísos fiscales como Suiza, Panamá y Bahamas.
Es así que el problema legal que la familia enfrenta obedece a una acusación que Guillermo Jenkins de Landa —el hijo primogénito— realizó desde 2013, acerca de que sus parientes desfalcaron a la fundación al mudar a dicha paraísos fiscales por lo menos 720 millones de dólares de su patrimonio —unos 14 mil millones de pesos—, a través de la Fundación para el Desarrollo.
Las órdenes de aprehensión
El pasado 4 de junio, un juez de Control del estado de Puebla libró una orden de aprehensión en contra de miembros de la familia Jenkins y sus abogados, por su probable responsabilidad de un fraude por más de 14 mil millones de pesos en contra de la Fundación Mary Street Jenkins en detrimento de la sociedad poblana.
Resultado de ello, las autoridades judiciales buscan a Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y a sus abogados, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, quienes se encuentran prófugos.
Asimismo, el pasado 16 de marzo, un juez de Control con sede en Almoloya de Juárez, libró una orden de aprehensión en contra de los Jenkins de Landa y sus abogados, por el delito de lavado de dinero, por lo que ésta es la segunda orden de captura librada en su contra por el desfalco de los activos de la fundación.
Embargo de cuentas bancarias y otros bienes
Además de las ordenes de aprehensión, la familia Jenkins también enfrenta un procedimiento por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual requirió, el año pasado, el pago de un crédito fiscal por 692.2 millones de pesos, derivado del incumplimiento en el pago de impuestos.
Como consecuencia de ese acto, a mediados de mayo, el juez sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas bancarias y otros bienes de la familia, entre los que se encuentra el terreno que aloja a la UDLAP.
Es por ello que, de ser detenidos los involucrados, serían ingresados al penal de Almoloya, donde estuvo recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Silencio de la Fundación Mary Street Jenkins
Hasta el corte de esta publicación, no existía una postura por parte de la Oficina de Rectoría afín a la Fundación Mary Street Jenkins, ni tampoco del excanciller mexicano, quien dejó de emitir mensajes en su cuenta de Twitter a mediados de julio.
