La toma del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizada ayer por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) de Puebla tiene su antecedente en la demanda interpuesta por Guillermo Jenkins de Landa contra sus padres y hermanos por el desvío de 720 millones de dólares de la Fundación Jenkins a sus cuentas personales.
Además, en el 2017 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó el campus de la UDLAP por un crédito fiscal por 650 millones de pesos que adeuda la Fundación Mary Street Jenkins.
Otro antecedente importante es que el pasado 4 de junio se giró una orden de aprehensión contra seis integrantes de la familia y tres de sus abogados porque donaron parte del patrimonio de la
Fundación valuado en 720 millones de dólares a otra fundación radicada en Aguascalientes, lo que representa un desfalcó.
En medio de estas denuncias penales y el saqueo al patrimonio de la Fundación Jenkins, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla recibió el aval de un juez para hacer efectiva la toma de la UDLAP y la facultad de crear otro patronato.
Por eso, ayer el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, habló de un patronato externo, pero en realidad se trata de una orden legal de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla.
El tema es complejo, pero está basado en el desfalco a la Fundación Jenkins.
Aquí el recuento hecho por la revista Proceso sobre esta situación: “Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, quien interpuso la primera denuncia contra sus padres y hermanos, dijo que, según informes de la JCIAP, la intervención del campus de la UDLAP se deriva de diligencias que se llevan a cabo como parte de la causa penal por el delito de administración fraudulenta.
“Parece ser que como parte de este proceso se ordenó el aseguramiento del inmueble de la Fundación Mary Street Jenkins, que es justamente el inmueble donde opera la Fundación de la UDLAP”, comentó.
También surgieron versiones de que se estarían tomando algunas medidas administrativas para auditar a la institución educativa privada, sin que hasta ahora se confirme eso, pues la UDLAP no ha emitido ninguna información al respecto.
La JCIAP del gobierno de Puebla interpuso una denuncia por el delito de fraude en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, luego de que integrantes de la familia, quienes fungen como patronos, fueron acusados de haber saqueado los bienes que pertenecían al ente filantrópico.
El pasado 4 de junio, un juez de control de Puebla emitió una orden de aprehensión en contra de seis integrantes de la familia y tres de sus abogados, a los que acusan de haber donado la mayor parte del patrimonio de la Fundación, valuado en 720 millones de dólares, a otro ente caritativo de Aguascalientes.
Esa fundación, denominada Bienestar de Filantropía, cambió su domicilio a Barbados y luego a Panamá, donde los Jenkins se autonombraron como beneficiarios únicos del patrimonio que antes era para obras filantrópicas.
Los integrantes de la familia, contra quienes ahora hay dos órdenes de aprehensión, han emitido varios comunicados en los que aseguran que en 2018 ya fueron investigados y exonerados por las acusaciones que se les hacen por supuesto saqueo de la fundación.
Cabe recordar que desde 2017 el mismo campus de la UDLAP está embargado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), debido a un crédito fiscal por 650 millones de pesos que adeuda la Fundación Mary Street Jenkins.
Esto debido a los impuestos que se generaron tras la “donación” que hizo la FMSJ en 2014 a la Fundación Bienestar de Filantropía por 720 millones de dólares”.
Hasta aquí la larga pero necesaria cita.
Así va la historia de la disputa de los millonarios fondos de la Fundación Jenkins.
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