Como ocurre puntualmente en Michoacán y Guerrero, o de forma habitual en estados del norte del país, los casos de ejecuciones públicas y desapariciones comienzan a ser comunes en el Estado de México, como los dos cuerpos encontrados ayer colgados en un puente de Atizapán de Zaragoza y el reporte de cinco personas raptadas presuntamente por un grupo del crimen organizado en Zacualpan.
Reportes policiacos informaron ayer que dos personas fueron encontradas por la mañana colgadas de un puente en la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Atizapán. Las víctimas eran hombres de entre 25 y 30 años de edad.
Sobre la autopista se localizaron casquillos percutidos, por lo que se presume que fueron baleados en la zona y posteriormente colgados en el puente. Más tarde se dio a conocer que cuatro universitarios de Guerrero y un chofer permanecen desaparecidos desde el 24 de marzo, cuando según familiares realizaban una práctica de campo en el Estado de México.
Los cuatro jóvenes estudian la licenciatura en Geología en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Los estudiantes y un adulto, éste señalado como chofer de la excursión, rentaban una casa en la comunidad de Piedra Parada del municipio de Zacualpan, del Estado de México por motivos escolares.
Hasta el momento, una de las líneas de investigación más fuertes es que pudieron ser “levantados” por miembros del crimen organizado. Balfret Domínguez Chávez de 24 años, Octavio Ortiz Enríquez de 23, Alan Joseph Arzeta Cárdenas de 23 y Miguel Ángel López Villada de 22 habrían sido sacados a la fuerza del inmueble donde se encontraban.
Familiares de los universitarios relataron al periódico El Sur que los jóvenes salieron de la comunidad de Taxco el Viejo, municipio de Taxco de Alarcón, con rumbo a la comunidad de Piedra Parada del municipio de Zacualpan en el Estado de México. Su intención era realizar un muestreo de tierra en unas minas, como parte de la prácticas contempladas en su tesis.
El domingo de la semana pasada fue el último día que los familiares tuvieron comunicación con los estudiantes, por medio de un mensaje. Los ahora desaparecidos se habían trasladado a tierra mexiquense a bordo de una camioneta blanca Dodge tipo pick up y hospedado en una casa que rentaban por unos días en esa misma comunidad. Este era el cuarto viaje que realizaban los universitarios sin que antes hubiera ocurrido incidente alguno.
FOCOS ROJOS EN EDOMEX
El pasado fin de semana, considerado como uno de los más violentos del sexenio de Enrique Peña Nieto con al menos 57 muertos en 14 entidades, contó con reportes de muerte en el Estado de México al registrarse el fallecimiento de un hombre a balazos y quemado dentro de un automóvil en el municipio de Ecatepec, según datos de la Fiscalía local.
Días antes, el “problema serio de delincuencia que arroja homicidios y también secuestros”, reconocido por el Procurador mexiquense Miguel Ángel Contreras Nieto, se había traducido en 10 muertos tras un enfrentamiento entre soldados y supuestos integrantes de la Familia Michoacana en el municipio de Temascaltepec.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo entonces a los medios que las personas muertas eran integrantes de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios. También reportó a un soldado herido durante los enfrentamientos del 19 de marzo.
El Procurador Contreras Nieto había reconocido horas antes que los municipios de Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Atalautla, Chimalhuacán, Tecámac e Ixtapaluca son las demarcaciones con mayores problemas de delincuencia en la entidad. Dos días después, el Secretario General de Gobierno, Efrén Rojas Dávila, negó que el Estado de México haya sido rebasado por los ataques de células criminales, al sostener que el gobierno local es ocupado e interesado en atender esos problemas, y que el estado se encuentra en calma.
“Yo creo que está tranquilo, trabajando intensamente con el ánimo de poder ofrecerle a al sociedad las condiciones de paz y tranquilidad que merecen”, aseveró. A pregunta expresa sobre si el gobierno se ve superado por el crimen organizado, respondió que “no, por supuesto que no, lo que hay es ocupación; hay un gran interés, hay un gran compromiso del Gobernador y de todos nosotros por atender los temas”.
El pasado 11 de marzo, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas había encabezado la firma del convenio de “Adhesión e Instalación de la Comisión Interinstitucional Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, con el que se asignaron 124 millones de pesos a los municipios de Toluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec para emprender medidas que lleven a recuperar la seguridad de las localidades.
El proyecto incluye la aplicación de los recursos en esquemas de atención para adicciones, atención del delito, solución pacífica de conflictos, mediación y negociación del conflicto, además de convivencia ciudadana en los tres municipios más poblados del estado.
SinEmbargo documentó el 27 de enero pasado que durante el primer mes de 2013 se registraron 75 muertes vinculadas con el crimen organizado en la entidad, más del 10% de lo contabilizado durante 2012, cuando la cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado fue de 523 en el año.
Con ese ritmo de violencia se rebasaría la cifra récord de 2012, cuando tan solo en el mes de agosto se reportaron 89 ejecuciones. Aunque el mandatario prefiere no opinar sobre las ejecuciones, el 25 de enero aseguró que la delincuencia no se apoderará de la entidad: “No vamos a permitir que la delincuencia intente apoderarse de este gran estado, que juntos hemos cuidado, hemos protegido y vamos a seguir trabajando seriamente. No estoy solo en esta materia, cuento con el apoyo de las autoridades federales, las autoridades municipales también les hemos invitado a que asuman la responsabilidad que les corresponde”.
Este año, el Estado de México será la entidad que recibirá mayor cantidad de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Así, Eruviel Ávila dispondrá de 612 millones 558 mil pesos, de procedencia federal, para combatir al crimen organizado. En 2012, la entidad recibió 588 millones 161 mil pesos por parte de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
