6.50 de cada 10 pesos que el Gobierno del Distrito Federal entrega a la asociación civil ‘Casa de los Derechos de los Periodistas’ se gastan en sueldos y honorarios. En contraste, a la protección, capacitación y defensa de informadores en riesgo, que es su objetivo principal, sólo destina un peso.
Desde su creación en 2010 como respuesta del gremio y el Gobierno a los crecientes riesgos que enfrentan los informadores, la Casa ha recibido fondos públicos por 10 millones de pesos, según consta en dos convenios firmados ese mismo año, uno en septiembre y el otro en octubre.
De esos 10 millones, siete fueron destinados a la compra de un inmueble que se convertiría en un refugio para periodistas amenazados, y que dos años después, no está listo. Los 3 millones restantes, quedaron a disposición de la asociación civil para cumplir con sus objetivos.
Los convenios firmados obligan a la Casa de los Periodistas a reportar de manera bimestral su trabajo y gastos ante la Secretaría de Gobierno del DF. El sexto informe bimestral de 2011 (http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4158/1/informenoviembrediciembre2011.PDF) contiene el balance de los primeros 12 meses de operación, y éste revela que de los 3 millones disponibles, ejercieron en 2011 58% de los recursos; es decir, 1 millón 733 mil 526 pesos.
El rubro en que la Casa reporta el mayor gasto es el de ‘asesorías’, al que se destinaron 65% de los fondos. Ello significa que seis pesos con 50 centavos de cada 10 asignados, se fueron al bolsillo de algún integrante o prestador de servicios contratado por la asociación. Dentro de esa etiqueta se encuentran los honorarios de la dirección, del servicio de diseño, las asesorías administrativas, así como los servicios contables y los honorarios del programa jurídico.
En contraste, la Casa eroga sólo 4.7% -47 centavos de cada 10 pesos- en las actividades relacionadas a su objetivo principal, entre ellas, sesiones de trabajo, gastos legales y de viaje.
Todas las cifras de esta investigación surgen tras convertir el informe a una hoja de cálculo que se encuentra disponible al final de este texto. Cabe señalar, que, aunque la Casa debe cumplir con criterios de transparencia por recibir fondos públicos, en su página web (http://periodistas.org.mx) han omitido publicar documento alguno.
Este portal buscó a la Presidenta del Consejo Directivo de la Casa, Judith Calderón, para conocer su análisis del gasto, sin embargo, para aceptar la entrevista, la también Secretaria General del Sindicato de La Jornada pidió el envío de “un guión” al correo electrónico institucional. Se le hizo llegar un mensaje con las líneas generales de la entrevista, pero ningún responsable respondió.
¿Cómo se gasta el dinero?
Los 6.50 pesos que en proporción, gastó la Casa en asesorías, se distribuyen de esta forma: 1.70 para quien fuera el Director Ejecutivo de la Casa en 2011, el periodista Rogelio Hernández. 1.80, para los honorarios de diseño, 2.1 para las asesorías administrativas, 0.20 centavos a servicios contables, y 0.50 centavos a los honorarios del programa jurídico.
De los 47 centavos gastados en cumplir su objetivo, la mayor parte (17 centavos) se va a gastos legales y gestorías. El resto son cantidades marginales destinadas a telefonía e internet, combustibles, estacionamiento, mensajería y otros.
Los 3 pesos que restan en la proporción de 10 se han gastado en la renta del local donde despacha la Casa, en la compra y mantenimiento del equipo de cómputo, papelería, materiales de aseo, y otros.
¿Qué tan efectiva es la labor de la Casa?
A principios de este mes, las acciones de protección a periodistas emprendidas y financiadas por el Gobierno del Distrito Federal fueron objeto de críticas por su “carácter cosmético”.
Mientras el Subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, aseguró que la capital es un refugio para comunicadores amenazados, la organización Artículo 19, que vela por la libertad de expresión, acusó que proyectos locales como el Mecanismo para la Protección a Periodistas ha mostrado su inoperancia e incapacidad. Incluso, el pasado 8 de noviembre, emplazó al gobierno en un comunicado a transparentar la administración y criterios básicos de protección a informadores.
Bajo ese contexto, Animal Político analizó los siete informes de la Casa de los Derechos de los Periodistas que ya son públicos (seis de 2011 y uno de 2012) y en ellos encontró que las labores de la asociación se han circunscrito al acompañamiento jurídico y asesorar en materia legal a 43 periodistas del país. Ninguno de los casos atendidos ha implicado acciones de protección como retirar al periodista del estado donde su integridad está en riesgo o, incluso, llevarlo fuera del país. Tampoco han consignado casos en los que hayan otorgado algún refugio o alimentación.
Al mencionar al Subsecretario de Gobierno la disparidad en lo que se gasta en sueldos y en actividades ligadas a la protección, García Ochoa aseguró haber percibido esa situación en los reportes de la Casa por lo que, en un nuevo convenio firmado con la asociación se agregó una cláusula con la que el Gobierno se reserva el derecho a cancelar el convenio en caso de incumplimiento.
La Casa niega el Convenio 2012
En el primer reporte bimestral de este año (http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4158/1/informeprograma2011.PDF), presentado en febrero por Judith Calderón, la Casa identifica entre sus mayores debilidades la falta de recursos. Tras haber ejercido más de la mitad, la asociación asegura que sólo cuenta con fondos para operar seis meses más y presupuesta 2.5 millones adicionales para cumplir con el Plan de Trabajo 2012.
El Subsecretario de Gobierno aseguró en entrevista que el convenio más reciente con la Casa, firmado el pasado 31 de octubre, estipula la entrega de 3 millones de pesos. Es decir, una cantidad igual a la del convenio de 2010, que además, es 500 mil pesos mayor a la solicitada en el informe.
En un primer y único contacto telefónico hace dos semanas, Calderón negó la firma de convenio alguno, y aunque reconoció que en octubre hubo una reunión con García Ochoa, aseguró que “no hay nada oficial” que garantice la entrada de fondos.
Animal Político obtuvo una copia del convenio y en él aparece la firma de Judith Calderón en representación de la Casa. Por el Gobierno aparecen las rúbricas de Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno, del propio García Ochoa y de la Directora General de Administración, María Eugenia Guarneros Bañuelos, en calidad de testigo.
La casa conocía de antemano que la transferencia de los 3 millones no sería inmediata no sólo porque en la cláusula segunda del convenio se tachó la palabra “transfiere” y se cambió por “transferirá”, sino también porque los 3 millones estipulados en el convenio de octubre de 2010, no fueron recibidos sino hasta inicios del año siguiente.
Tal como declaró García Ochoa, el documento firmado en octubre tiene una diferencia fundamental frente al de 2010, pues en la cláusula cuarta, la Secretaría de Gobierno estipula que en caso de incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones, “procederá a la cancelación y terminación anticipada del presente convenio” y la asociación “deberá devolver los recursos económicos que al momento de la terminación no haya ejercido”.
