Las encuestas de diversos sectores tanto del gobierno como de Organizaciones No Gubernamentales coinciden frecuentemente cuando de discriminación a los grupos indígenas se trata. Ellos son precisamente los más rechazados y, en el actual sexenio, han visto cómo se reducen aún más sus posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Tienen que lidiar con un mundo que no les entiende ni quiere entenderlos. Por ejemplo, miles han ido a la cárcel porque no cuentan con un abogado defensor que hable su idioma, otros tienen que soportar la enfermedad porque los médicos no los quieren atender y muchos más son explotados laboralmente y desplazados de sus tierras debido al despojo de caciques locales.
Según la Confederación Nacional Campesina (CNC), 60 grupos étnicos en el país viven en la marginación, el olvido y el rechazo social constante. Además, son víctimas del despojo de sus bosques, minas y hasta zonas sagradas; en el terreno cultural, la migración ha puesto en riesgo su lengua y sus tradiciones, indican expertos.
De acuerdo con la CNC, alrededor de 8 mil indígenas se encuentran presos injustificadamente, sin abogados defensores que conozcan su idioma, acusados la mayoría de daños contra la salud; en la mayoría de las veces, por defender sus recursos y sus derechos.
La Encuesta Nacional de Discriminación 2010 presenta un panorama que evidencia la discriminación que los indígenas sufren en cada uno de los elementos que los identifican como tales, y sus consecuencias en términos de posibilidad de recibir oportunidades de empleo y acceso a la educación o a los servicios básicos de salud.
Cuatro de cada 10 indígenas consideran que no tienen las mismas oportunidades para emplearse que otros grupos sociales, uno de cada tres opina que la discriminación a los indígenas impacta en su capacidad para recibir apoyos gubernamentales; uno de cada cuatro niega que exista igualdad para su grupo en planteles educativos y de salud, y uno de cada 10 incluso considera que la sociedad discrimina a los indígenas por utilizar su propia lengua.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado la discriminación por parte de servidores públicos, sobre todo en el sector salud y educativo.
Por ejemplo, en el sector salud, debido a que en muchas comunidades no existen hospitales, por lo que las personas deben desplazarse grandes distancias y después de invertir horas de camino, con frecuencia no son atendidas de la manera en que lo requieren, ya que algunos de los servidores públicos a veces no les tienen la suficiente paciencia para entenderlos, ni para atenderlos.
Pero eso no es todo, la lucha también está en el sector laboral. Según la CNDH, debe ser prioridad del Estado garantizar el derecho al empleo digno y bien remunerado de las personas indígenas; no obstante, no siempre es así. Este grupo se encuentra en desventaja por factores como el limitado nivel de estudios y la discriminación de la que aún siguen siendo víctimas.
El organismo autónomo que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, recalcó que a menudo realizan actividades con sueldos bajos, jornadas largas y sin prestaciones sociales.
Por otra parte, cifras oficiales revelan que en México viven 15.7 millones de indígenas y el 52.4 por ciento se dedican a las labores agropecuarias.
Se estima que 58.6 por ciento de indígenas en el país se encuentra en edad laboral. Estimaciones de organismos internacionales indican que alrededor de 370 millones de indígenas, en más de 70 países, enfrentan discriminación laboral; este grupo representa cinco por ciento de la población mundial y 15 por ciento de las personas más pobres del planeta.
La CNDH indica que en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas, satisfactorias y a recibir un salario; sin embargo, estos preceptos no siempre se cumplen en las comunidades indígenas, en las que predomina la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades de empleo.
En tanto, el gobierno federal admite que las leyes no han sido suficientes para erradicar la discriminación en el país, por lo que ha generado programas en beneficio de las minorías. Sin embargo, los programas que ha realizado solamente promueven su cultura y no se enfocan a eliminar la desigualdad.
