Garganta Profunda
Por Arturo Luna Silva
La revisión a los procesos académicos, administrativos y jurídicos de las 486 casas de estudios superiores, públicas y privadas, que hay en el estado de Puebla se ha planteado como prioritaria para el gobierno de la entidad. Más allá de una revancha, porque muchas se sumaron a la campaña en contra de Miguel Barbosa en 2018, la medida es urgente y necesaria, pero desde hace décadas. Puebla el estado con más universidades de todo el país y desde hace varios sexenios es voz popular que ahí hay un alto nivel de corrupción y colusión de directivos con las autoridades educativas. De entrada, la administración barbosista ha suspendido la firma de títulos, que por ley corresponde al gobernador, hasta que se realice una limpia. Y efectivamente, en ese tema es donde más grave, más onerosa y más señaladas están las anomalías.
Este miércoles, el mandatario fue contundente al respecto.
Sobre estas irregularidades en las casas de estudio, dijo que muchas universidades “callaron ante la corrupción del gobierno”.
Eso debe entenderse dirigido a la forma en que se hacen las cosas jurídica, administrativa y hasta académicamente.
También, respecto del papel que jugaron en 2018, en la campaña, aseguró que “instituciones como esta no hablaban cuando tenían que hablar, todo se había podrido”.
“Y esta se salva -se refirió a la Iberoamerica, en donde hizo las declaraciones-, pero otras universidades del Consorcio (Universitario) no se salvan. Lo digo así, clarito, clarito, ni universidades públicas”.
Y efectivamente en Puebla, la entidad con más instituciones de nivel superior, las cosas han estado desde hace mucho en la oscuridad.
Hay casos en muchos sentidos, pero la relación con los estudiantes y las titulaciones es uno que ya se ha atendido de inmediato.
El gobierno del estado anunció que no habrá ningún título más expedido, que el gobernador no los firmará, hasta que las instituciones se pongan en regla.
Sobre esto que se ha dado, veamos un caso específico, al que Garganta Profunda tuvo acceso y que, nos dicen, se repite constantemente.
En una universidad privada, digamos de mediano prestigio, a un egresado de maestría se le cobraron 22 mil pesos por su título.
Eso ocurrió en junio de 2018.
El sujeto ha dado de vueltas y vueltas para que se lo entreguen, pero no hay respuesta.
La excusa es de antología: “problemas en la plataforma de la SEP estatal”.
Sin palabras.
Más de un año de esos “problemas”.
Las hipótesis de este egresado, que ya es un profesional en ejercicio, ya que se trata de una maestría, son varias:
Que la institución jinetea el dinero que ya pagó en una sola exhibición.
Que ya se lo gastaron y no se realizó ningún pago a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado.
Que esperan que otro estudiante pague, para reponer el dinero que entregó y así seguir en una suerte de pirámide.
Por ahí y por lo visto, comenzará la limpieza respecto de las universidades.
El gobernador Miguel Barbosa se ha propuesto realizar la fiscalización de todo lo que se ha encontrado mal.
Pero advierte que no se trata de revanchas ni de cacería de brujas.
Que cada quien lo vea como quiera y pueda.
Pero la limpieza de casa va en serio.
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