Cientos de pobladores tomaron el ejido de Quechulac en el municipio de Guadalupe Victoria, deteniendo los trabajos de la empresa Granjas Carroll de México para la expansión de al menos 10 naves más.
A la fecha suman 600 hectáreas las que ya fueron adquiridas por la empresa también subsidiaria de la trasnacional Smithfield Co en México, que se encuentran cercadas y con resguardo de la Policía Municipal.
El pasado sábado, pobladores de las comunidades de Xaltepec, Zalayeta, Totalco, Orilla del Monte, La Muralla, San Luis Atexcac, San Pedro El Águila, Maravillas, González Ortega, Progreso, Itzoteno, Techachalco, Alchichica, Chichicuautla y Guadalupe Buenavista, enfrentaron a los empleados de la empresa en el ejido del municipio de Guadalupe Victoria, donde hay al menos 45 naves con 15 mil puercos cada una, ahora, en franca expansión.
La suspensión de dicha obra transcurrió sin brotes de violencia mayores, salvo un intento de un trabajador que prácticamente amenazó con un trascabo a la multitud, sin que hubiera lesionados. Los operadores de la maquinaria abandonaron el predio y los representantes de la empresa se abstuvieron de acudir al lugar.
Representantes de las juntas auxiliares de Quecholac explicaron que la semana pasada una comisión acudió a entablar pláticas con encargados de la obra de la empresa Carroll en el ejido en donde comenzaron los trabajos y les pidieron se retiraran; sin embargo, los empleados ignoraron la petición y continuaron las labores. “Quisimos advertirles que el pueblo no va a permitir más granjas que nos contaminan el agua y los cultivos, pero cuando nos dimos la vuelta siguieron operando las máquinas”.
Comuneros aseguran que el gobernador Rafael Moreno Valle está presionando a las autoridades de sus municipios para que permitan el cambio de uso de suelo y que además agentes policiacos son utilizados para resguardar los terrenos ahora de la empresa.
“Nos han amenazado, asegurando que usarán la fuerza pública para quienes se opongan la expansión de las granjas, aun en contra de la voluntad de la totalidad de los pobladores, pero aún así no podemos quedarnos sin protestar; nos están envenenando”, señaló un poblador.
“Hemos sido agraviados de muchas formas por esta empresa, nuestros derechos a un ambiente sano y a la salud han sido afectados, nuestros recursos naturales se están contaminando y quienes nos hemos opuesto a los intereses de expansión de la empresa hemos sido acosados de muchas formas con el contubernio de funcionarios”, aseguró un declarante que prefirió la gracia del anonimato, dada la persecución que se ha desatado en el lugar.
Mencionó los casos de José Luis Martínez Crisóstomo, Margarita Hernández Burgos, Bertha Crisóstomo Lara, María Verónica Hernández Argüello y Guadalupe Serrano Gaspar, quienes fueron procesados ante tribunales federales por delitos fabricados, después de emprender una lucha contra la empresa.
Este diario también reunió testimonios de pobladores que han sido detenidos, interrogados y obligados a dejar datos personales a agentes de la Policía Municipal cuando circulando por caminos comunales se acercan a las hectáreas que la empresa adquirió para su expansión.
Crece oposición ante la expansión de Granjas Carroll
Más tarde, en asamblea, habitantes de las comunidades afectadas convinieron entablar acciones para exigir a las autoridades estatales, además a las autoridades municipales involucradas, específicamente al presidente municipal de Guadalupe Victoria, José Cortes Gómez, a que respeten y hagan efectiva el acta de acuerdos de fecha 11 de enero de 2011, que siguen sin cumplirse de parte la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, a la Secretaría de Desarrollo Rural, a la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud para la realización de trabajos de campo y laboratorio que resulten necesarios para verificar el grado de contaminación que existe en el lugar.
Tito Tablada Cortes, director de relaciones públicas de la empresa Granjas Carroll de México, se comprometió una vez más a brindar las facilidades a los funcionarios de gobierno del estado y del gobierno federal para que se realicen los diagnósticos pertinentes, según el acta de acuerdos que consta en esta redacción.
La empresa de Granjas Carroll ha expuesto la invalidez del compromiso firmada por Tablada en el año 2007, comprometiéndose públicamente a no expandirse más allá del Valle de Perote, aunque se encuentra firmada por la empresa y por los alcaldes en turno de los municipios de Tepeyahualco de Hidalgo, Perote y Guadalupe Victoria; además, representantes del gobierno estatal de Puebla: el secretario de Desarrollo Rural, el subdirector General de Gobierno y delegados de la Secretaría de Gobernación; también representantes del gobierno de Veracruz: el diputado local por el distrito de Perote y del distrito de Xalapa, y representantes de las comunidades afectadas tanto del estado de Veracruz como del estado de Puebla.
Sin embargo, desde entonces se han registrado construcciones de 18 naves en las comunidades de Xaltepec; en Tepetitlán fueron instalados seis complejos, en Buenavista cuatro más, en Cuyuaco a un kilómetro y medio de distancia de la zona ceremonial de Cantona fueron adquiridas 100 hectáreas más por la empresa a fin de la construcción de 20 granjas, y en la comunidad de La Gloria más de 400 hectáreas están siendo cercadas para el mismo fin, acusaron activistas.
Quizá la situación más crítica se viva en la comunidad de Miravalles, con la instalación de 13 naves; pobladores aseguran que los animales están muriendo víctimas de epidemias que no han sido identificadas.
“Nuestros animales están muriendo y no sabemos por qué. Hemos tenido casos de hepatitis, salmonelosis y cólera, personas de todas las edades tienen problemas de la vista y respiratorias; tenemos un difunto cada 15 días” refirieron pobladores.
Según la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión, año IX, No. 1969, del viernes 17 de marzo de 2006, y el dictamen presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en la Gaceta del Senado del jueves 9 de diciembre de 2010, el Senado de la República acordó una investigación sobre los impactos ambientales y a la salud que la empresa Granjas Carroll de México ha ocasionado en el Valle de Perote y solicitó un informe a la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) donde se describe:
“… Posterior a las visitas a las granjas se pudo constar lo siguiente: Las áreas de eliminación de desechos y de la cerdaza, no están lo suficientemente alejadas de las fuentes de agua/ Extracción indiscriminada de agua de pozo para lavar los residuos de las granjas/ Ausencia aparente de geomembranas en las lagunas de tratamiento anaerobio/ Ausencia de filtros y fosas de tratamiento biológico/ Incremento de amoniaco y otras sustancias en el aire de la localidad debido a las mal llevadas lagunas de oxidación/ Suelos totalmente erosionados.
Encontraron: “… Olores fétidos, o que pone en entredicho la calidad del aire/ Consumo del agua de las granjas mayor que el de todas las poblaciones de la región/ Emisión de altas concentraciones de metano (CH4) que dañan la capa de ozono y que ocasionan escasez de lluvia/ Los niveles del acuífero han descendido enormemente en los últimos años, mientras que la empresa se sigue expandiendo en la región instalando más granjas, por información proporcionada por la sociedad civil con logotipos de la CNA.
