De manera discrecional el gobierno del estado emprendió una estrategia para revocarles la patente a unos 10 notarios públicos, quienes se convirtieron en fedatarios hace tres o más sexenios.
Lo cuestionable de dicha situación, es que se están usando métodos arbitrarios y en algunos casos, que violan principios básicos de legalidad, como es el hecho de que les inicie investigaciones a los afectados por supuestamente cometer delitos y las indagatorias están a cargo de instancias ajenas al Ministerio Público.
El fondo de lo que está pasando con los fedatarios es que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas prometió que en su sexenio no se otorgarían nuevas patentes de notarías. Y al parecer pretende cumplir con ese ofrecimiento. Pero entonces por lo que está optando es revocar las patentes a unos 10 fedatarios, para que las vacantes sean otorgadas a personajes que sean incondicionales del jefe del Poder Ejecutivo.
Es decir, al final de cuentas se busca actuar con la misma discrecionalidad con que se otorgaban notarías en los gobiernos del PRI. No va a ser el mismo procedimiento, pero los afectos serán los mismos.
Se sabe que la pretensión es defenestrar a un promedio de tres notarios públicos por año, a partir de 2012.
Y los agraviados no serán necesariamente los que enfrentan más cuestionamientos en su desempeño ético, sino contra aquellos que sean señalados desde el Poder Ejecutivo.
Además, hay un criterio político, ya que se busca perjudicar a los fedatarios que obtuvieron esa posición con los gobiernos de Manuel Bartlett Díaz para atrás, pero no los que son cercanos a Melquiades Morales Flores, puesto que el ex mandatario es parte del actual grupo en el poder.
Algunos de los notarios que ya están siendo procesados o que tienen la vista puesta encima para ser perseguidos, son: Enrique Moreno Valle, Juan Salazar Martínez, Alberto Estaban Morales y Amado Camarillo.
Trascendió que la primera estrategia que se buscó usar fue ofrecerles que les pagarían para que renunciaran “voluntariamente” a las patentes, y de esa manera, pareciera que las notarías públicas quedaban vacantes sin la intervención del gobierno.
Al final nadie aceptó y por se ha empezado a emplear otros dos métodos.
Ahora se está recurriendo a lo que marca la Ley del Notariado del Estado de Puebla, la cual se promulgó en 2009 y conocedores en la materia sostienen que es inconstitucional.
Dicha legislación establece que para proceder contra un notario es por medio de una queja administrativa o por medio de una investigación, puesto que en el artículo 161 de esa norma se establece que: “…para proceder contra los Notarios del estado por los delitos que se les imputen en el ejercicio de sus funciones de practicará una investigación”.
Ante esa situación, lo correcto es que debería ser el Ministerio Público el que inicie una investigación contra los fedatarios, en respeto a lo que se marca en los artículos 21 y 102 de la Constitución General de la República, ya que es el único órgano competente para formular e impulsar una acusación o una imputación delictiva. Pero no sucede así.
La forma en que se procede es crear una comisión formada por dos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cargo de Fernando Manzanilla Prieto, y por dos representantes del Colegio de Notarios Públicos, que está encabezado por Mario Salazar Martínez, quien se ha convertido en una especie de “judas” al ser el conducto para atacar a varios de sus colegas de gremio, en lugar de defenderlos.
Se sabe que quien está al frente de toda la estrategia contra los notarios es el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la SGG, Enrique Quiróz Acosta, quien a su vez ha sido el autor de un proyecto de reforma a la Ley del Notariado, con la cual se buscará aumentar el cerco contra los fedatarios incómodos para el actual gobierno.
Otro personaje que está participando en la estrategia en contra de los notarios es Mauricio García, quien es el titular de la Dirección de Notarías, y es hijo de Fernando García Rosas, quien fuera fedatario y presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El problema de esa comisión es que no tiene personalidad jurídica para emprender acciones legales contra un notario y al investigarlos se están abrogando funciones que le corresponden al Ministerio Público.
Incluso se sabe que el Colegio de Notarios Públicos, que es una persona moral privada, ha intentado pedir información a diversas instancias del gobierno federal para que brinden datos incriminatorios contra algunos fedatarios de Puebla, y la respuesta clara y lógica que ha recibido, es que no tiene facultades para hacer esa petición.
Una de esas respuestas las ha dado el Ministerio Público federal, luego de que han intentado que esta instancia intervenga, pese a que no está dentro de su radio de acción la posibilidad de iniciar investigaciones contra notarios públicos como parte de su desempeño.
La escalada contra los notarios incómodos apenas está empezando.
Se sabe que uno de ellos ya ha ganado varios amparos contra el procedimiento que hay en su contra.
Queda claro que podrán sobrevivir a la estrategia aquellos que sepan de leyes y litiguen con osadía su defensa.
Y acabarán cayendo los más débiles e impopulares.
Nadie se opone que haya una limpia contra malos notarios. Pero eso no está ocurriendo. Ya que aquellos que son “consentidos” del gobierno, cuando hay una queja administrativa en su contra los mandan a llamar para alertarlos e impedir que broten investigaciones sobre su desempeño.
Todo este asunto tiene un claro tufo de ilegalidad y opacidad por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
