No cabe duda que el servicio público es bien cómodo, principalmente para quienes trabajan en él, devengando altos salarios y cobrando prestaciones como ninguna otra clase de directivos o empleados en el país.
Reynaldo Lazcano Fernández es uno de esos privilegiados que no quisiera dejar de participar en la esfera llamada servicio público.
El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral pretende extender los beneficios de ese empleo hasta su jubilación, sí, hasta cumplir los 75 años de edad, y lo reconoce cuando faltan dos meses de distancia para llevar a cabo la renovación en el organismo.
Sin rubores ni falsas modestias.
Lazcano confesó que analiza la posibilidad de solicitar su “inamovilidad” para permanecer en el Tribunal hasta llegar a la edad de 75 años, bajo el argumento de que existe jurisprudencia al respecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Agregó que todavía no define si buscará una ratificación o si solicita la “inamovilidad”, pero dejó en claro que no le será fácil soltarse de la ubre conocida como presupuesto público.
El caso del presidente del Tribunal no es el único.
Si pudieran, casi todos los funcionarios de primer nivel que laboran en instituciones y organismo públicos se quedarían en el cargo para siempre.
Por eso se les llama “privilegiados”, porque están en un rango diferente, muy diferente, al del resto de la clase trabajadora, esa clase que ahora se las verá más duras con la nueva reforma laboral.
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Muy relajado, sin el temor alguno de enfrentar a la justicia y eso sí, muy atento a las canciones del dinosaurio Barney y la ratita Angelina Ballerina, fue visto el ex titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, quien disfrutó de un espectáculo infantil en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.
El contador, acusado por el (supuestamente destituido) presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza, de cobrarle como asesor externo y al mismo tiempo utilizar su cargo como auditor para afectarlo, ni se inmutó cuando se vio descubierto por un reportero de este medio, al final de la función.
“Ya no estoy dentro de la política”, soltó Hernández Quintana antes de escabullirse por los pasillos del inmueble de la BUAP muy al estilo de Loeza cuando acudió a un evento de salud en Casa Puebla y luego se esfumó para no hablar con la prensa de su estatus tras la notificación del congreso estatal que supone su destitución.
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Por cierto que quien andaba preocupado en ese mismo espectáculo infantil, como un abuelo responsable, fue el ex gobernador Melquiades Morales Flores, pues aparentemente no encontró uno de los boletos para el evento y tuvo que echarse una carrera a su automóvil. ¿No sabrá el ex mandatario que puede solicitar guaruras a la Secretaría General de Gobierno que bien podrían asistirlo en esos contratiempos?
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Por si quedaba alguna duda acerca de dónde se encuentran las lealtades, y los intereses, de la diputada federal panista Blanca Jiménez Castillo, basta leer sus más recientes declaraciones con relación a la denominada “Ley Mondragón” y el recurso de inconstitucionalidad que promoverá el PAN en su contra.
Aun cuando la dirigencia nacional ha anunciado el recurso jurídico en contra de esta reforma electoral que sea realizó, en sólo cuatro horas, la mañana del lunes 3 de septiembre, la legisladora poblana afirma que la legislación fue “lo suficientemente discutida” en su momento, por lo que no es necesaria la impugnación.
“Desde mi punto de vista no se tendría que discutir porque ya estuvo trabajada, acordada y firmada. Si algunos diputados desean considerarlo no pasa nada. Se trata que las leyes tengan certeza, que sean reconocidas y que no haya cortinas de humo”, expuso quien abiertamente ha reconocido su interés por suceder a Juan Carlos Mondragón en la presidencia estatal del blanquiazul.
Está claro en cuál de los bandos se encuentra la diputada.
¿O no?
