El priista Manuel Bartlett, actual coordinador parlamentario del PT en el Senado, se exoneró de la acusación que lo ha perseguido durante más de dos décadas al decir que la pasada elección presidencial “fue de las más sucias de la historia”.
Responsabilizado por la oposición de izquierda y derecha de operar la caída del sistema de 1988, cuando en su carácter de secretario de Gobernación, responsable de organizar los comicios, se suspendió la información de la elección presidencial durante la noche del 6 de julio, que ponía arriba al candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, y reanudarla cuando el PRI ya estaba al frente, Bartlett declaró ayer que el PT ha rechazado los resultados oficiales por las irregularidades registradas durante el proceso.
Bartlett indicó que los magistrados del Poder Judicial incumplieron con su mandato constitucional de revisar exhaustivamente las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista durante el juicio de impugnación.
Con su postura, el senador, ex gobernador de Puebla, ex senador por el PRI, coordinador de la campaña presidencial del candidato priista a la Presidencia en 1982, borró de un plumazo los antecedentes que lo ubican como brazo ejecutor de los fraudes en la década de los 80 con los que el PRI detuvo el avance del PAN, principalmente en el norte del país.
Chihuahua, estado que eligió gobernador en 1986, fue el escenario donde la mano dura de Bartlett se hizo más notoria: la contienda entre Fernando Baeza y Francisco Barrio se inclinó hacia el primero, pero las acusaciones de que el padrón se infló, se permitió votar sin credencial, se cerró el espacio a la oposición en los medios y se alteró la votación en las urnas, provocaron que organizaciones empresariales y la Iglesia católica denunciaran fraude.
La Iglesia llegó al grado de amagar con la suspensión de las misas porque, de acuerdo con el arzobispo de Chihuahua, Adalberto Almeida, la alteración del voto era un “pecado social” que la Iglesia no podía pasar por alto.
Bartlett, que dirigió el operativo electoral, pidió al nuncio apostólico, Girolamo Prigione, que interviniera para evitar la suspensión y pese a la resistencia del religioso, al final logró que este se impusiera y notificara a los obispos que El Vaticano había ordenado que no se interrumpieran los oficios religiosos, según lo señala el libro Iglesia y sociedad civil.
En su ensayo Regreso a Chihuahua, el entonces investigador de la UNAM Juan Molinar contó que la ley del estado no obligaba a usar tinta indeleble y permitía votar a quienes no tuvieran credencial de elector.
El politólogo citaba un ejemplo de la forma en que el fraude operó: el PAN impugnó 23 casillas de la capital estatal que abrieron antes de tiempo; en ellas Acción Nacional recibió 11 mil 829 votos por 19 mil 511 del PRI, lo significativo es que en esas mismas, un año antes, el PRI había obtenido ocho mil 47 votos, lo que significaba un incremento de 140% de su votación.
Además de la Iglesia, la prensa internacional se hizo eco de las denuncias de fraude. En ese contexto, intelectuales como Octavio Paz, Carlos Monsiváis y Héctor Aguilar Camín, entre otros, pidieron en una reunión al entonces secretario de Gobernación la anulación de los comicios, según cuenta Enrique Krauze en La presidencia imperial. La respuesta de Bartlett fue que era necesario detener al PAN a como diera lugar porque su cercanía ideológica con Estados Unidos hacía peligroso que ese partido tomara el poder.
Así nació la teoría del “fraude patriótico”; dos años más tarde se operó un fraude a secas. En ambos se distingue la figura de Bartlett, quien ahora dice que las elecciones sucias las hacen otros.
