Los resultados del estudio, levantado entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2026, indican que 81.3% de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura en la ciudad de Puebla.

Foto: Inegi

Aunque el indicador se mantiene por encima del promedio nacional, que fue de 59.8%, representa una reducción respecto a junio de 2025, cuando la percepción alcanzó 84.0%, así como una ligera disminución frente a marzo de 2026, cuando se ubicó en 81.5 por ciento.

Con este porcentaje, Puebla se colocó en el octavo lugar nacional entre las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, por debajo de Irapuato (91.2%), Culiacán (90.8%), Reynosa (86.6%), Villahermosa (84.2%), Uruapan (83.1%), Ciudad Obregón (82.4%) y Chilpancingo (81.4%).

Asimismo, el Inegi reportó un incremento en el porcentaje de personas de 18 años y más que experimentó conflictos o enfrentamientos, al pasar de 39.5% en marzo de este año a 51.0% en junio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:

🚺 65.6%
🚹 52.6%

Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr

— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Ayuntamiento refuerza estrategia de seguridad

Frente a este panorama, el Ayuntamiento de Puebla sostiene una estrategia enfocada en fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mediante inversiones en tecnología, equipamiento y mejores condiciones laborales para los elementos policiales.

Entre las acciones impulsadas por la administración del presidente municipal Pepe Chedraui Budib destaca la implementación de la plataforma Puebla 360, diseñada para fortalecer la videovigilancia, el análisis de información y la coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para una atención más eficiente de los incidentes.

A ello se suma el fortalecimiento de la coordinación con instancias estatales y federales en materia de seguridad, así como el anuncio de un segundo incremento salarial para los policías municipales.

Al respecto, Pepe Chedraui informó el mes pasado que entre agosto y septiembre de este año se aplicará un nuevo aumento salarial a los elementos de la SSC, como parte de la estrategia para dignificar la labor policial y fortalecer a la corporación.

“Queremos que nuestra policía esté bien pagada, esté tranquila, esté en paz, y por supuesto que nos continúe apoyando como hasta ahora”, expresó el alcalde.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca fortalecer las capacidades institucionales de la SSC y mejorar las condiciones de desempeño de sus elementos, en un contexto donde la percepción de inseguridad en la capital poblana continúa siendo uno de los principales retos señalados por la ciudadanía.

El cargo Percepción de inseguridad disminuye en Puebla, aunque la ciudad sigue entre las 10 con mayor preocupación del país: Inegi apareció primero en Reto Diario.

Como apuntó recientemente –con todo y algunas imprecisiones– el periodista especializado Héctor de Mauleón, la guerra entre La Familia Michoacana y la banda local de Los Toscano es la razón principal de la violencia, la mayoría de las ejecuciones, el abandono de cadáveres en automóviles incendiados y las balaceras que continuamente suceden en Puebla capital y su zona conurbada.

Dicha guerra se centra en el control del narcomenudeo y el cobro de piso, y tiene como epicentro los mercados, especialmente el Morelos y el 10 de Mayo, por la alta rentabilidad financiera que representan estas zonas comerciales.

Según reportes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las células locales encabezadas por Los Toscano buscan frenar la expansión del cartel nacional de La Familia Michoacana. Los Toscano son una organización criminal originada y operada principalmente en la ciudad de Puebla. El grupo surgió mediante el control del narcomenudeo al interior del penal de San Miguel y posteriormente expandió sus actividades a las calles, consolidando su poder en mercados, tianguis y colonias del centro y sur de la capital poblana. Ha sido el único capaz de disputar el jugoso negocio a La Familia Michoacana. Por eso, últimamente la violencia se ha recrudecido.

Lo más preocupante es que algunos líderes de estos grupos criminales sienten que desde los mandos policiacos se ha inclinado la balanza hacia uno de los lados. Hay más detenidos de La Familia Michoacana que de Los Toscano. Ello explica los narcomensajes con amenazas –que todo mundo ha registrado, pese a los desmentidos–. Es una disputa territorial que crecerá en tanto no haya un vencedor, o las autoridades erradiquen a ambos grupos sin favorecer los múltiples y oscuros intereses –principalmente económicos– que subyacen en el fondo de este proceloso mar infestado de tiburones. Esta guerra es la que importa. Eso, si se entiende que lo importante siempre está –debe estar– por encima de lo urgente.

El cargo La guerra apareció primero en Reto Diario.

Los 3 principales problemas de las familias: 1) Inseguridad (21.6%), 2) Alto costo de la vida (12.2%) y 3) Delincuencia (10.3%).

Las 3 crisis más preocupantes: 1) La de seguridad (56.8%), 2) La económica (24.6%) y 3) Otra crisis (18.6%).

¿Qué ha sucedido en el último mes con el precio de los productos que compra? Han subido mucho: 58.1%, Han subido poco: 38.6%, Han bajado: 3.3%.

¿Usted o algún conocido ha sido víctima de extorsión?: Sí: 61.3%, No: 38.7%.

Ideológicamente, ¿usted se considera…? De izquierda: 35.1%, De centro: 33.9%, De derecha: 15.9%, No sé: 15.1%.

¿Usted considera que cuestionar al Gobierno es traición a la patria? No, 88.0%; Sí, 7.0%; No sé, 5.0%.

¿Usted es beneficiario de algún apoyo social del Gobierno federal? Sí, 63.5%; No, 36.5%.

¿Usted considera que es necesaria la colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México? Sí, 63.6%; No, 32.8%; No sé, 2.2%; No me importa, 1.4%.

Los 3 legisladores mejor calificados: Laura Itzel Castillo (45.9%), Ricardo Anaya (45.3%) y Kenia López Rabadán (36.4%).

Los 3 legisladores peor calificados: Reginaldo Sandoval (16.3%), Manuel Velasco (16.6%) y Ricardo Monreal (17.5%).

¿Considera que en el gobierno de Claudia Sheinbaum hay o no hay corrupción? Sí, hay corrupción: 71.1%; No, no hay corrupción: 19.3%; No sé: 9.6%.

Los 3 funcionarios más corruptos: Mario Delgado, de Educación (78.0%), Martí Batres, del ISSSTE (69.3%) y Zoé Robledo, del IMSS (67.7%).

Los 3 funcionarios menos corruptos: Josefina Rodríguez, de Turismo (42.5%), Omar García Harfuch, de Seguridad (46.2%) y Tatiana Clouthier, de Mexicanos en el Exterior (46.4%).

¿Usted cree que actualmente la democracia corre riesgo? Sí, 62.0%; No, 36.3%; No sé, 1.7%…

Retrato (actualizado) del país, según el más reciente reporte de México Elige (2 mil 003 entrevistas a ciudadanos residentes en México, con acceso a dispositivos móviles y presencia en las plataformas de Meta Inc.).

El cargo México, hoy apareció primero en Reto Diario.

Esto sucede en la víspera de que Morena elija a sus coordinadores municipales, es decir, a sus precandidatos y precandidatas a las alcaldías. Este es el último año en el que la Constitución le permitirá a los ediles buscar la reelección.

A mi parecer, de entrada, estos tres quedarán impedidos.

Alfredo Velázquez Romero, presidente municipal de Tepeaca, se puso en la mira del país entero, luego de que la semana pasada explotara una pipa de gas LP clandestina. El accidente sucedió en un terreno en plena zona urbana en donde varias pipas cargaban gas de forma irregular.

Ya con los ojos puestos en Tepeaca, Ambas Manos dio a conocer que, según el Igavim es el municipio del país con más tomas clandestinas de gas LP.

Las entrevistas que se hicieron a ciudadanos de Tepeaca tuvieron un mismo patrón, casi todos sabían sobre las pipas clandestinas, pero nadie hacía nada. Con este antecedente resulta más que obvio que el presidente municipal tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y nunca dio aviso a las autoridades. Y es que el robo de gas LP es un delito federal.

Ya saben, omisión es complicidad.

Para mí claro que por huchigasero, el alcalde de Tepeaca queda fuera de la reelección.

En segundo lugar, está el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera. A él lo investiga nada más y nada menos que la dirigencia nacional de su partido, Morena, por el despilfarro en la organización de la fiesta de 15 años de su hija.

No solo eso, Ambas Manos develó un posible desvío de recursos por más de 24 millones de pesos en 15 obras con sobrecosto y hechas para beneficiar las propiedades del alcalde y de su mamá.

A Juan Rivera no hay ni cómo defenderlo, la soberbia se le nota en cada entrevista. Prácticamente todos estamos equivocados, todos vimos mal, y él “es un gran presidente municipal”.

Cree, porque lo piensa de verdad, que es el hombre que vino a salvar a Chignahuapan.

Con la diligencia nacional de Morena tras él y una auditoría que lo tiene en la lona, es muy difícil que Juan Rivera logre repetir en el cargo.

Por último, y no menos importante, está la alcaldesa de Acatlán, Lupita Bárcenas. Ayer su propio Cabildo aprobó solicitarle al Congreso su destitución del cargo.

Bárcenas es otra presidenta que presume de lujos y ostentosidades.

Mientras todo esto pasa, su municipio ha incrementado en más de 16% la incidencia delictiva. Esto ya le valió un llamado de atención público del titular de Seguridad Pública, Francisco Sánchez. Todo en medio de rumores de su relación sentimental con el titular de Seguridad de su municipio.

Aunque habrá que esperar cuál es la decisión política del Congreso, dudo mucho que la presidenta se pueda reelegir.

No hay manera de que una presidenta municipal con tal descontento intente repetir.

A ver, todos los titulares de los ayuntamientos en los 217 municipios de Puebla tienen el derecho constitucional de levantar la mano por la reelección, pero los de Morena la tienen más difícil.

La nueva diligencia ha instaurado un comité que se encargará de revisar su probidad y decidir si siguen siendo buenos morenistas o el poder hizo que la maldad entrara en ellos.

¿Ustedes qué creen que pase con estos alcaldes?

El cargo Tres alcaldes en la mira de la no reelección apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con el propietario, dejó la unidad por algunos minutos para realizar unas compras; sin embargo, al regresar encontró la camioneta sostenida sobre blocks y completamente sin neumáticos.

El afectado señaló que el robo ocurrió en las inmediaciones del Periférico Ecológico, una zona con importante flujo vehicular y comercial. Además de las pérdidas económicas, el incidente le generó complicaciones para retirar el vehículo del lugar.

Tras percatarse de lo ocurrido, solicitó información a trabajadores de una gasolinera cercana, pero éstos aseguraron no haber observado movimientos sospechosos, ya que la camioneta se encontraba fuera de su campo de visión.

Vecinos de la zona indicaron que este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más frecuente sobre el bulevar Forjadores. Recordaron que meses atrás se registró un caso similar en otra tienda de conveniencia y recientemente también se reportó el robo de autopartes cerca de una pizzería de la misma vialidad.

El cargo En cuestión de minutos, desvalijan camioneta y le roban las cuatro llantas en Forjadores apareció primero en Reto Diario.

El caso más reciente ocurrió sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Avenida Osa Mayor, donde el conductor de un Volkswagen Jetta blanco denunció haber escuchado un fuerte golpe mientras circulaba y posteriormente descubrió un impacto de bala en su unidad. De acuerdo con los reportes, el automovilista resultó ileso.

Horas después se registró otro incidente sobre la misma vialidad, ahora a la altura del restaurante Ozzu, donde una camioneta habría sido alcanzada por un disparo. Testigos señalaron que presuntamente una camioneta tipo Suburban o Tahoe gris estuvo involucrada, aunque hasta el momento no existe una postura oficial sobre el origen de los ataques ni personas detenidas.

Con estos hechos, suman cuatro agresiones contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl registradas en meses recientes, todas bajo un patrón similar: disparos o impactos de bala contra vehículos en movimiento.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en abril, cuando un Mini Cooper rojo recibió un impacto de bala mientras circulaba en la zona de Cúmulo de Virgo. También se han documentado otros incidentes relacionados con disparos en inmediaciones de la Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, incluido el caso de un menor lesionado en enero.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si todos los hechos están vinculados. Sin embargo, el temor entre automovilistas aumenta ante la repetición de incidentes en una de las vialidades más transitadas de Puebla, mientras persisten las denuncias ciudadanas por mayor vigilancia y seguridad.

El cargo Reaparece el “Tirador de la Atlixcáyotl”; ya van cuatro agresiones contra vehículos apareció primero en Reto Diario.

Dos hombres con ropa oscura frenaron frente al negocio. El copiloto bajó, sacó un fusil AR-15 y disparó ráfagas consecutivas contra un hombre de aproximadamente 40 años conocido en el barrio como “Yon Yon”. Las balas lo derribaron en la entrada. Lo que siguió fue el caos: gritos, mesas volcadas, clientes arrojándose al suelo, otros corriendo a esconderse detrás de los camiones estacionados cerca. En unos segundos, el negocio quedó en silencio, con el hielo, los mariscos y la sangre mezclados sobre el pavimento.

Las patrullas municipales llegaron casi 30 minutos después de las primeras detonaciones. Los elementos acordonaron la escena con cinta amarilla. Cuando el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) asumió el control e inició la carpeta de investigación por homicidio doloso, la noche ya había caído sobre San Rafael Tlanalapan. Siete meses después, los archivos judiciales siguen abiertos. No hay detenidos.

Lo que ocurrió ese día no fue un hecho aislado. Fue, más bien, la representación exacta de una realidad cotidiana. Este relato es uno de los 57 homicidios registrados en San Martín Texmelucan durante 2025, una cifra que, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026, colocó al municipio entre los más violentos del país.

Un instrumento que mide lo que los gobiernos prefieren no ver

Para entender dónde está parado San Martín Texmelucan, hace falta conocer el instrumento que lo midió. El Índice de Paz México es elaborado cada año por el Institute for Economics & Peace, organismo internacional independiente con sede en Sídney que opera en más de 160 países. No es una encuesta de percepción ni un reporte del Gobierno mexicano: es una medición externa que agrupa indicadores como tasas de homicidio, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y niveles de miedo a la violencia. Su metodología es consistente año con año, lo que permite comparaciones reales a lo largo del tiempo y entre territorios. Cuando un municipio aparece en sus rankings, no hay margen para el argumento de que “la metodología es distinta” –el mismo rasero se aplica a todos.

La edición 2026, presentada el 20 de mayo, analiza los municipios mexicanos con más de 150 mil habitantes, un universo de aproximadamente 90 localidades que concentran la mayor parte de la actividad económica, la población urbana y, también, la violencia organizada del país. Dentro de ese grupo, San Martín Texmelucan se ubicó en el lugar 19 con las tasas de homicidio más altas de México: 57 asesinatos registrados en 2025, equivalentes a 41.3 muertes por cada 100 mil habitantes. La tasa nacional ese mismo año fue de 18.1. La de Puebla como estado, de 8.1. Texmelucan superó dos veces y media el promedio del país, y quintuplicó el de su propia entidad. El municipio que preside el morenista Juan Manuel Alonso Ramírez no solo está fuera de la media nacional, sino que la supera ampliamente.

Imagen: Índice de Paz México 2026 / Institute for Economics & Peace

El miedo como rutina

Detrás de los números hay una realidad en la vida cotidiana de los texmeluquenses: padres que llamaban insistentemente para revisar el paradero de sus hijos, comerciantes que bajaban las cortinas antes del anochecer, vecinos que empezaron a mirarse con desconfianza. El miedo. Pero este no llegó de golpe, se fue instalando delito por delito, mes tras mes, hasta volverse parte del paisaje.

Los datos son el termómetro más severo. En el primer semestre de 2025, las carpetas de investigación por homicidio doloso sumaron 31, un incremento del 19.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Cada carpeta puede contener una o más víctimas, según aclara la propia Fiscalía. Y los homicidios no llegaron solos: los robos de vehículos aumentaron 18.4%; las violaciones, 8.7%; la violencia familiar, 16.3%. El patrón es claro. En Texmelucan la inseguridad es la constante.

Presionado por el descontento ciudadano, el gobierno municipal presumió al cierre del año una reducción del 14.65% en la incidencia delictiva general. Sin embargo, los números tienen trampa. El descenso se concentró casi por completo en el robo a transportistas en las carreteras, un delito cuya contención dependió del despliegue de la Guardia Nacional y no de la policía local. Entre enero y marzo de 2025 el municipio había sido el más peligroso del estado para el sector logístico, con 75 asaltos reportados, casi todos con violencia. Cuando la presencia federal tranquilizó las autopistas, la estadística global del municipio bajó de golpe. En las calles, la violencia continuó su propia ruta ascendente. El Ayuntamiento presentó la cifra como logro propio. Era, en el mejor de los casos, un efecto secundario de la acción federal.

Un policía para dos mil ciudadanos

La violencia e inseguridad en San Martín Texmelucan no responden a una sola causa. En ella confluyen la disputa por territorios, la presión del crimen organizado, la circulación de armas, la fragilidad de la investigación ministerial y, también, un déficit persistente de capacidad policial. Entre esos factores, la insuficiencia de patrullaje y la debilidad institucional aparecen como una pieza central para explicar por qué los hechos violentos se repiten con tanta frecuencia y por qué la respuesta del estado llega tarde o de manera incompleta.

La explicación del vacío en las calles quedó registrada en los propios archivos del gobierno. En 2025, una solicitud de información pública tramitada ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento –folio SISAI 210438625000045– reveló que la Dirección de Seguridad Pública Municipal contaba en el papel con 145 elementos. La realidad operativa era mucho más frágil: de esa plantilla, solo 87 eran agentes activos. Al restar a los oficiales asignados a la custodia de edificios públicos o a tareas administrativas, el estado de fuerza real para patrullar el municipio se reducía a 42 policías en el turno diurno y 44 en el nocturno. En la práctica, había un policía en funciones por cada 2 mil 024 habitantes.

El Modelo Óptimo de la Función Policial, instrumento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, establece un mínimo de 1.8 policías preventivos por cada mil habitantes. Para Texmelucan, ese piso implicaría tener al menos 317 agentes en las calles. Ciudad de México opera con alrededor de 2.5 policías por cada mil habitantes; Puebla capital ronda el 1.4. Texmelucan, en 2025, operaba con menos del 30% de lo que el propio Gobierno federal considera indispensable. No como consecuencia de una crisis transitoria o un recorte repentino, sino como condición ordinaria de gobierno.

Lo más revelador es que los recursos existían. San Martín Texmelucan recibió en 2025 su parte proporcional del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México) y, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, está entre los 67 ayuntamientos poblanos que sí cumplieron con destinar al menos el 20% de ese fondo a seguridad pública, obligación establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cumplió la norma. Y aun así, llegó al final del año con una corporación que operaba a una tercera parte de su capacidad recomendada. La pregunta que el Ayuntamiento no ha respondido es en qué se gastó ese 20% si no fue en contratar policías.

El municipio más violento de Puebla no confía en su propia policía

Hay una decisión que resume mejor que cualquier estadística el estado real de la corporación: desde que Juan Manuel Alonso tomó posesión de la alcaldía en octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan ha sido dirigida por elementos de la Marina Armada de México, no por cuadros civiles ni por mandos formados en la propia corporación.

El primer titular fue el capitán de Corbeta Hugo Xavier López Monge, oficial de Infantería de Marina Paracaidista, quien acumuló casi seis meses en el cargo con resultados que el propio Ayuntamiento presentó como positivos, entre ellos la detención de “El Japonés”, presunto líder de una banda dedicada al robo de transporte. En abril de 2025, la Secretaría de Marina lo llamó a reintegrarse a un operativo nacional. Su salida generó incertidumbre pública sobre quién asumiría el mando. Después de un periodo interino con Abigail Báez Madrigal, en mayo de 2025 el Cabildo aprobó por unanimidad la designación de Kevin Rembrandt Bernal Pérez, teniente de Marina, como nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El ciclo se repitió: un marino reemplazó a otro marino.

Que el municipio con la tasa de homicidios más alta de Puebla deba recurrir de forma reiterada a mandos navales para dirigir su policía no es, por sí mismo, una anomalía negativa. En Puebla es una práctica extendida que perfiles con formación militar o naval encabecen áreas de seguridad, precisamente porque aportan capacidad técnica y operativa. El problema aparece en otro punto: su llegada suele implicar un periodo de adaptación al territorio, a los actores locales y a la coordinación política con el presidente municipal. En San Martín Texmelucan, además, lo llamativo no es solo la presencia de marinos al frente de la corporación, sino la recurrencia del relevo de mandos, que sugiere inestabilidad en la estrategia de seguridad.

Las promesas de 2026 y la repetición del método

Los datos de transparencia de 2026 muestran que algo se hizo, pero no suficiente. El oficio HASMT/UT/127/2026, respondido por la Unidad de Transparencia en abril de este año, reportó 272 elementos en la corporación. El número creció, pero una lectura cuidadosa desmorona el optimismo oficial: 80 de esos elementos son agentes de Tránsito y Vialidad, cuyas facultades legales no incluyen prevenir delitos ni enfrentar células delictivas. Los policías preventivos reales son 192. Aunque la proporción mejoró a un policía por cada 917 habitantes, la cifra sigue siendo poco más de la mitad del estándar federal. El déficit se redujo en el papel; en el territorio, las bajas continúan.

Es verdad que las estadísticas del primer trimestre de 2026 muestran una desaceleración: entre enero y marzo se abrieron 577 carpetas por delitos de alto impacto, un 12.1% menos que las 657 del mismo periodo del año anterior. De mantenerse la tendencia, el año cerraría con alrededor de 2 mil 300 carpetas, por debajo de las 2 mil 487 de 2025. La curva baja. Pero bajar no es lo mismo que estar bien.

El ciclo de la violencia que se repite

El pasado 10 de mayo de 2026, la violencia irrumpió de nuevo con el mismo descaro en San Lucas Atoyatenco, otra junta auxiliar del municipio.  Juan Carlos Vargas Montalvo, carnicero de 38 años, cerraba la cortina de su negocio para terminar la jornada cuando una motocicleta frenó frente al local. Hombres armados descendieron, lo arrastraron hacia la banqueta y le dispararon cinco veces en el torso. Los homicidas escaparon a toda velocidad. Ninguna patrulla se cruzó en su camino. Cuatro días después, el 15 de mayo, otro hombre murió en San Jerónimo Tianguismanalco tras caer en una trampa armada a través de una falsa venta de vehículo en redes sociales. En ninguno de los dos casos se reportaron detenidos.

El Índice de Paz México 2026 acaba de documentar lo que las solicitudes de información al propio Ayuntamiento ya evidenciaban desde adentro: la violencia en San Martín Texmelucan no es una anomalía de la naturaleza ni el efecto inevitable de su geografía. Es, al menos en parte, el resultado acumulado de una corporación policial a la que nunca se le dio lo que necesitaba, dirigida por cuadros prestados de otra institución, en un municipio donde los recursos para la seguridad existieron, pero no alcanzaron para llenar las calles.

Cambian los nombres de las víctimas, cambian las calles y los meses. La estructura del problema permanece intacta.

El cargo Texmelucan, el único municipio de Puebla entre los más violentos de México: la crisis policial detrás de los homicidios apareció primero en Reto Diario.

Durante una rueda de prensa, el dirigente albiazul explicó que la conversación con el mandatario estatal tuvo como propósito expresar la preocupación del partido blanquiazul ante el aumento de la inseguridad en diversas regiones de Puebla.

Riestra Piña señaló que existen municipios donde la ciudadanía enfrenta restricciones para transitar libremente, además de advertir sobre posibles nexos entre autoridades locales y grupos delictivos.

“Hay municipios donde no hay libre tránsito y donde vemos una muy probable vinculación de autoridades municipales con grupos de la ilegalidad”, afirmó.

El líder panista indicó que su partido ya había planteado esta preocupación en reuniones previas con autoridades estatales, particularmente con la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de alertar sobre riesgos para la estabilidad social y política de la entidad.

Asimismo, aseguró que el partido busca evitar escenarios similares a los registrados en otras entidades del país, como Sinaloa, donde la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno ha derivado en problemas de seguridad y gobernabilidad.

Riestra Piña también advirtió que esta situación podría afectar el desarrollo de las elecciones de 2027 si no se toman medidas preventivas a tiempo.

“Estamos muy a tiempo de blindar el proceso electoral 2027”, expresó.

Por último, sostuvo que la reunión con el gobernador fue breve y exclusivamente enfocada en temas de seguridad, por lo que consideró que el encuentro representó un ejercicio de responsabilidad política.

El cargo Reunión con el gobernador Armenta fue para tratar el tema de inseguridad: Mario Riestra apareció primero en Reto Diario.

La legisladora explicó que, aunque recientemente se anunció la instalación de cámaras de videovigilancia en este corredor, la medida no es suficiente por sí sola, en este sentido, propuso complementar la estrategia con operativos presenciales permanentes y vigilancia continua en la zona.

Foto: Especial

Pozos Vergara indicó que la inseguridad en este tramo no solo pone en riesgo a las familias, sino que también afecta la economía, ya que impacta en el transporte de mercancías y eleva los costos de productos y servicios.

Por ello, el exhorto está dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que refuerce la presencia operativa en la zona y, de ser necesario, solicite el apoyo de la Guardia Nacional.

“Las cámaras ayudan, pero se necesita presencia real de las autoridades para prevenir y reaccionar a tiempo. No podemos esperar cuando la seguridad de las y los poblanos está en juego”, concluyó.

El cargo Delfina Pozos propone reforzar la seguridad en la carretera Amozoc–Esperanza apareció primero en Reto Diario.

Más delitos y peor desempeño que la zona metropolitana

San Andrés Cholula cerró 2025 con 3 mil 614 delitos, lo que representó un incremento del 9% respecto a 2024.
Se trata del único municipio de la zona metropolitana de Puebla que registró aumento en la incidencia delictiva, mientras el resto reportó reducciones.

2026: los delitos no desaparecen, cambian

En lo que va de 2026, la tendencia no se revierte, solo se transforma.

Durante el primer bimestre del año, el fraude aumentó 51%, al pasar de 25 a 41 casos, con 53 carpetas de investigación abiertas, principalmente en zonas de desarrollo inmobiliario.

En marzo, se registraron alrededor de 300 carpetas de investigación, con delitos como:

• robo a casa habitación
• robo de vehículos
• robo a transeúnte
• violencia familiar
• delitos sexuales

Incluso se documentó un caso de feminicidio en zona residencial, reflejando la gravedad de la violencia de género en el municipio.

Seguridad cuestionada desde dentro

A pesar de las más de tres mil atenciones de auxilio reportadas por el gobierno municipal, la corporación enfrenta problemas internos.

Al menos 10 elementos de la policía municipal están bajo investigación por presuntos actos de corrupción y malos tratos, lo que debilita la confianza en la institución y en la calidad del servicio.

Más publicidad que seguridad

El manejo del presupuesto también ha sido cuestionado.

Mientras la incidencia delictiva crecía, el Ayuntamiento destinó:

• 1.3 millones de pesos a publicidad institucional
• frente a 1.07 millones para infraestructura de seguridad

Esto implica que se invirtió más en promoción que en fortalecer la seguridad, en un contexto donde la violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Crisis de agua: el problema que persiste

Más allá de la seguridad, uno de los mayores rezagos del municipio es el acceso al agua potable.

El propio gobierno municipal ha reconocido que no existe infraestructura suficiente para abastecer a todas las comunidades, lo que se traduce en:

• suministro irregular
• colonias sin servicio constante
• dependencia de pipas

Se trata de un problema estructural que continúa sin resolverse.

El “gobierno de continuidad”

En el ámbito político, uno de los señalamientos más constantes es la falta de autonomía en la administración municipal.

Gran parte del gabinete y mandos medios provienen de la gestión del exalcalde Edmundo Tlatehui, lo que ha dado pie a acusaciones de un “gobierno de continuidad” o incluso un “maximato local”.

Esta permanencia de cuadros ha sido señalada como un obstáculo para implementar cambios reales, especialmente en seguridad.

El cargo Inseguridad, crisis de agua y dudas sobre autonomía: el otro informe de Cuautle en San Andrés Cholula apareció primero en Reto Diario.

Una característica central de Chignahuapan es que es un municipio con un fuerte rezago social. Las cifras oficiales indican que el 57.9% de la población vive en pobreza moderada y el 12.5% en pobreza extrema. Una situación que contrasta con la actitud del edil, que llegó al poder para exhibir su abundante riqueza personal y de su familia.

No solo intriga y ofende a la opinión pública que el alcalde haga alarde de ser un hombre rico, sino también abundan los indicios de que no aplica un manejo correcto del presupuesto municipal.

La regidora Mónica Cano Guzmán lleva meses enfrentando una campaña de hostigamiento desde el Ayuntamiento como resultado de que ha exigido que se aclaren los estados financieros del gobierno local, pues no hay manera de conocer puntualmente cómo se ejerce el presupuesto municipal. A la par, hay la sospecha de que dos hermanos del alcalde, Isaí y Eduardo Rivera Trejo, son quienes controlarían la mayor parte de los contratos de obras y servicios públicos, con una visión de hacer negocios.

A Juan Rivera le costó mucho trabajo llegar al puesto de edil, ya que fue candidato en los procesos electorales de 2021 y 2024, en los que acabó derrotado.

Su arribo a la alcaldía se dio por una circunstancia especial: las votaciones de hace un par de años acabaron anuladas, mismas que habían sido ganadas por el controvertido empresario Juan Lira, alias “El Moco”, quien ha estado bajo investigaciones por presuntamente encabezar una red de robo de combustible en la Sierra Norte.

Hubo toda una operación política de la 4T para que Juan Lira no ganara la alcaldía en 2024 y no se pudiera presentar en la elección extraordinaria de un año más tarde, en la cual Rivera Trejo contendió por tercera vez y ganó al no haber tenido enfrente a candidatos fuertes.

Ahora, se dice que, de manera incongruente, el gobierno de Rivera Trejo estaría brindando protección a los intereses económicos de Juan Lira, su antiguo rival político.

Hace unos días, el portal Chignahuapan Digital abordó esa supuesta relación entre ambos personajes, lo cual derivó que el alcalde, con insultos, mandara mensajes electrónicos a ese medio de comunicación para exigirle que aceptara dinero y cambiara su línea editorial, para que de esa manera sus notas informativas fueran “positivas” y favorables al ayuntamiento.

El medio de comunicación acusó al alcalde de intentos de censura y exhibió los textos en los cuales el edil hace alarde de que con dinero él arregla la relación con la prensa.

Autos de alta gama y un fajo de billetes en los escándalos del edil

Exactamente hace un año y un mes, en la zona de Angelópolis hubo un fuerte accidente en el que se vio involucrado un vehículo modelo Cybertruck, de la marca Tesla, cuyo valor oscila entre 2.2 y los 2.6 millones de pesos. Es el auto de la máxima excentricidad en México.

El periodista Odilón Larios, quien es especialista en temas de seguridad pública, reveló que el supuesto conductor de la Cybertruck era un joven llamado Diego N., quien sería hijo del edil de Chignahuapan, quien popularmente es conocido como “El Diablo Trejo”.

Ahí no terminaba todo, Larios documentó que al joven le gustaba exhibir en redes sociales todos los vehículos de alta gama que posee. Entre ellos se encontraban autos Mini Cooper, un Challenger –que puede costar entre 650 mil pesos y hasta 2 millones de pesos–, un Tesla Model S, una camioneta Jeep y, por supuesto, la Cybertruck.

En el pasado festejo del 14 de febrero, surgió un video que causó un fuerte impacto nacional, porque se ve cómo el alcalde Juan Rivera invita a su pareja sentimental a bajar unas escaleras para llegar a un comedor en donde a la mujer le espera un oso de peluche gigante y muchos ramos de flores. El escándalo brota porque el edil, en una de sus manos, lleva un enorme fajo de billetes, en lo que parece ser el complemento de los demás regalos.

Enojado, el edil dijo que en la mano llevaba un regalo, pero que no era dinero en efectivo. Sin embargo, en lugar de que aclarara la situación con el uso de las imágenes, prefirió borrar de sus redes sociales el video que provocó el escándalo, mismo que exhibe a Rivera Trejo como un edil al que no le interesa “la austeridad republicana” que tanto pregona Morena, el partido que lo postuló como candidato a edil.

El último escándalo: para no pasar desapercibido, el alcalde permitió que, en el reciente Domingo de Resurrección, que es el día que terminan los festejos de la Semana Santa, un grupo de cristianos usara el zócalo de Chignahuapan para oficiar una ceremonia religiosa. Situación que viola el Estado laico.

Lo que más llamó la atención es que algunos asistentes portaban la bandera de Israel, en señal de identidad con el gobierno de ese país que ha cometido un genocidio contra el pueblo palestino.

Habría que preguntarse: ¿Juan Rivera les dio permiso a los cristianos de usar el zócalo de Chignahuapan por ignorar que es una violación al orden constitucional?

¿O no será que se siente protector de la élite financiera de Israel?

Con el edil de Chignahuapan cualquier barbaridad puede ocurrir.

El cargo La gestión del alcalde Juan Rivera es una suma de escándalos y abusos apareció primero en Reto Diario.

El saldo de esos gobiernos municipales es que, en la actualidad, en esa región sur del estado, da miedo salir a la calle a cualquier hora.

Y más grave aún es que en la percepción ciudadana hay una idea generalizada, que pareciera no estar alejada de la realidad: en Tecamachalco han caminado agarrados de las manos autoridades y el crimen organizado, razón por la cual los grupos delictivos son intocables.

La anterior expresión no resulta exagerada luego de lo acontecido el sábado pasado por la noche, cuando dos grupos rivales del crimen organizado en pleno centro de la cabecera municipal –a la altura del parque Manuel Ávila Camacho y la calle 9 Oriente– se empezaron a enfrentar a disparos, lo que acabó con una persecución por varias avenidas, dejando el saldo de una mujer muerta, cuatro heridos de bala, un microbús volcado y docenas de autos con impactos de proyectiles. Al final nadie fue detenido.

Apenas una semana antes, otra vez en el centro de Tecamachalco, en una sucursal de BBVA entra un grupo armado y despoja a tres clientes de dinero y teléfonos celulares. En particular a un cuentahabiente le quitaron 300 mil pesos. Los delincuentes huyeron tranquilamente y todos los que estaban en el banco enfrentaron una crisis nerviosa.

Fue algo muy parecido a lo ocurrido hace tres años, cuando en una sucursal bancaria ubicada a unas calles del Palacio Municipal, al músico Óscar Rosales lo mataron de un balazo en la cabeza tras despojarlo de dinero que iba a depositar.

Y a nadie se le olvida del episodio de noviembre de 2021 cuando tres policías ministeriales fueron embocados y asesinados a unos metros de distancia del Ayuntamiento, un sábado a plena luz del día. Por ese hecho fueron detenidos 14 agentes de la policía local, incluido Alejandro Santizo Méndez, quien era el director de Seguridad Pública y hasta ahora sigue preso.

Es la fecha que no sabe el móvil de esos homicidios. De manera poco creíble, las autoridades dijeron que se trató de una confusión.

La versión que domina entre los conocedores de los entretelones del municipio indica que los agentes ministeriales iban a detener a un líder de las mafias del robo de combustible y, al parecer, los agentes de seguridad pública del municipio salieron a proteger al jefe del “huachicol”.

Más allá de los hechos graves de violencia, que adquieren mucha resonancia mediática, en el día a día de los habitantes de Tecamachalco no hay una sola semana en que no se registre asaltos a camiones repartidores de mercancías; atracos a negocios grandes y pequeños; robos de teléfonos y bolsos en las calles; y una constante, que se hurten vehículos, pues en esa demarcación, en promedio, se cometen unos 200 despojos de autos al año.

Por eso todos los anuncios, que de manera constante se han realizado en las dos últimas décadas, de que se va a reforzar la seguridad pública, que habrá nuevas estrategias de combate al delito, que se van a mandar más agentes federales y miembros del Ejército a la región, son noticias que ya a nadie conmueven.

El cargo En Tecamachalco la gente ya no se cree las cifras oficiales de que ha bajado la delincuencia apareció primero en Reto Diario.

El estudio que fue levantado a principios de este mes también califica a la jefa del Ejecutivo federal con apenas 52.3% de aprobación, lo que contrasta, y mucho, con las encuestas que favorecen a Sheinbaum con niveles superiores a 70% del aval ciudadano.

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Esa evaluación de Sheinbaum, en análisis de México Elige de febrero, incluso representa una caída de seis décimas.

En lo que respecta a la problemática del país, en el índice desagregado, la corrupción fue considerada por los encuestados como el principal problema, con 30.3% de calificación, por encima de la inseguridad.

En tanto, en el índice agregado, que contempla todos los componentes de cada rubro, la corrupción es considerado el segundo problema más grave del país, luego de la inseguridad, con sus elementos sumados, como violencia y narcotráfico.

Los consultados por México Elige, usuarios de Facebook e Instagram, consideraron que la falta de seguridad tiene 47.6% de calificación como la problemática más grave y la corrupción 30.3%, en el segundo lugar, con componentes agregados.

Con un lejano 10.5% de las menciones aparecen los problemas sociales y, en cuarto lugar, con 6.8%, la economía.

En lo referente a la corrupción en el gobierno de Sheinbaum Pardo, el estudio arrojó que 75.8% considera que “sí hay”, mientras que 16.3% considera que “no, no hay” y 7.9% contestó “no sé”.

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La encuesta de México Elige evalúa también en el tema de percepción de la corrupción sobre las y los integrantes del gabinete presidencial.

En el índice, donde 100 es totalmente corrupto y 0 nada corrupto, la lista la encabeza el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, con 78.2 por ciento.

En tanto, el funcionario que se percibe como el menos corrupto es el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, con 44.5 por ciento.

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En medio de los dos extremos, aparecen personajes como Zoé Robledo, del IMSS (74.4%); Víctor Rodríguez Padilla, de Pemex (70.6%); Martí Batres Guadarrama, del ISSSTE (69.5%), y Citlali Hernández, de la Secretaría de Mujeres (67.7%), que completan el Top 5 de quienes son percibidos como más corruptos.

Junto con Harfuch, en el Top 5 de los menos corruptos, están Rosaura Ruiz, de la Secretaría de Ciencia (48.1%); la tlaxcalteca-poblana Josefina Rodríguez, de Turismo (49.6%); Claudia Curiel, de Cultura (49.7%), y José Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores (49.9%).

La plataforma México Elige, que ha tenido encontronazos con el oficialismo, precisamente por sus estudios, para este estudio realizó 2 mil 119 entrevistas efectivas, entre usuarios de Facebook e Instagram.

A unos meses de la selección de candidatos en Morena, las cifras debieran alarmar a sus dirigentes.

Junto con la inseguridad, la percepción de que seguimos siendo un país corrupto y es el gobierno el más corrupto de todos lideran las menciones.

Sí, efectivamente como hace 50 años, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaba en su apogeo y, según el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “robaba más”.

Parece que las cosas nada han cambiado.

El cargo ¿Quién es quién en la corrupción en el gobierno de Sheinbaum? apareció primero en Reto Diario.

Cabe señalar que, hasta la administración de Mario Marín Torres y sus antecesores, Puebla era considerada una especie de “santuario” para las organizaciones criminales que operaban en el país.

Aquí vivían muchas de las familias de los principales capos de aquel tiempo como Benjamín Arellano Félix, detenido en una casa del rumbo de Camino Real en San Andrés Cholula, Puebla, el 2 de marzo de 2002, o a Enrique Villareal Barragán, alias “El Grande”, en la puerta de Hierro, solo por mencionar algunos.

Aquí también llegó a vivir algún tiempo en una casa de Las Ánimas, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y aquí también vivió y cayó uno de sus operadores financieros, Daniel Fernández Domínguez, alias “El Pelacas”.

Sin embargo, todo cambió con la muerte de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas” o “El Jefe de Jefes”, el 16 de diciembre de 2009, porque su caída dejó abierto un “hueco” dentro de las organizaciones criminales en Puebla. El vacío desde entonces ha sido tratado de llenar por varias organizaciones que se comenzaron a pelear la plaza.

Durante la administración de Rafael Moreno Valle, la cual arrancó en 2011, Puebla comenzó a entrar en una etapa de “descomposición”. Su primer secretario de Seguridad fue un viejo conocido ahora de la 4T, Ardelio Vargas Fosado, quien fue uno de los discípulos preferidos del odiado Genaro García Luna.

En ese periodo se comenzó a incrementar el robo de combustible en el estado de Puebla, bautizado como “huachicoleo”, mismo que creció aún más con su sucesor, Facundo Rosas, quien tuvo que dejar el cargo en medio de un escándalo grande, cuando el entonces director de la Policía Estatal fue detenido por el Ejército mientras custodiaba una pipa repleta de combustible robado.

Con su sucesor, Jesús Rodríguez Almeida, las cosas más o menos disminuyeron; este personaje se mantuvo al frente también en la miniadministración de Gali y durante los 10 días que duró la gestión de Martha Erika Alonso e incluso llegó a ser gobernador interino de Puebla.

La inestabilidad política también contribuyó a la descomposición de las cosas en la entidad; en un breve periodo de 1917 a 2019 desfilaron por la titularidad del Ejecutivo Tony Gali, Martha Erika Alonso, Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco y, durante tres años, Miguel Barbosa, y luego durante dos años Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Y fue precisamente durante la administración de Miguel Barbosa cuando la crisis en materia de seguridad estalló. El entonces mandatario, quien estuvo tres años en el cargo, designó primero al militar Marco Antonio Ortega Siu como su secretario de Seguridad, luego a otro militar, Miguel Idelfonso Amezaga, como su sustituto, ambos duraron meses en el cargo.

Pero la peor decisión llegó cuando Barbosa designó al chiapaneco Raciel López como el titular de la Seguridad Pública en Puebla y con este personaje llegó también el Cartel de Jalisco Nueva Generación, lo que provocó el caos que hoy se vive.

La apetitosa plaza poblana se convirtió en arena de lucha y muerte de las más diversas organizaciones criminales: el Cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana, el Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y lo que quedó de los Beltrán Leyva y pequeñas organizaciones locales se disputan el robo de combustible, la extorsión, el cobro de derecho de piso, el tráfico de drogas, el secuestro, el tráfico ilegal de personas, la explotación sexual, entre otros delitos.

Puebla vive un momento sumamente peligroso, por la disputa de la plaza y más ahora tras la muerte de Nemesio Oseguera, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, quien deja un hueco muy grande en esta organización, lo que va a significar un reacomodo dentro de las organizaciones del crimen organizado del país.

Esta es una muy breve cronología, la historia del crimen en los últimos 16 años en Puebla.

Ojalá el gobernador Alejandro Armenta logre contener la “ola de violencia” que azota a la entidad.

riva_leo@hotmail.com

El cargo Historia de la descomposición de Puebla en materia de seguridad apareció primero en Reto Diario.

La madrugada del sábado 14 de febrero a las 3:00 a. m., cuatro sujetos a bordo de motocicletas descendieron de las unidades para disparar en contra de personas que se divertían en el bar “Sala de Despecho”, uno de los múltiples antros de esta zona cercana a la plaza comercial Angelópolis en Puebla capital.

El saldo de esta acción fue de tres muertos, Giselle Ortiz, Joaquín Wirth y Emmanuel Esteban, quienes fueron alcanzados por las balas en hombros, cabeza y tórax. De la misma forma, resultado de esta acción atroz, otras cinco personas resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

El móvil de este acontecimiento aún no ha sido aclarado por las autoridades, quienes casi de inmediato detuvieron a los presuntos responsables de esta vil y artera agresión, sin embargo, para todos los que somos poblanos y conocemos nuestra ciudad, desafortunadamente sabíamos que era cuestión de tiempo para que ocurriera un incidente de este tipo en este lugar, que se ha convertido en una verdadera cantina.

Y digo que era cuestión de tiempo el que aconteciera una acción de este tipo, porque no solo han proliferado los “antros” en esta zona en donde se vende alcohol en abundancia, sino porque ya son múltiples los incidentes registrados en este sitio, ante la ausencia de las diferentes autoridades omisas que han desfilado a lo largo de más de dos décadas.

Haré un recuento de los más importantes incidentes que se han presentado en los años más recientes.

El 8 de septiembre de 2024, César Eduardo Garrido Celaya fue sustraído del restaurante “Mochomos” en el cual se ubica en plaza Solesta, aledaño a esta zona. El joven de 24 años fue levantado por un comando que entró por él, amagó a todos los que se encontraban en el lugar, llevándose al empresario originario de Veracruz dedicado a la compraventa de tractocamiones y vehículos pesados.

Horas después del “levantón”, los restos de César aparecieron desmembrados y calcinados dentro de un vehículo Chevrolet Aveo incendiado y abandonado frente al C5 de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Su ejecución se la atribuyó el grupo delictivo “La Barredora”.

La madrugada del 8 de septiembre de 2023, Ernesto “Neto” Calderón estuvo a punto de perder un ojo, producto de la golpiza que le propinaron cinco “juniors” poblanos “estudiantes” de las universidades Anáhuac y del Tec de Monterrey de Puebla.

Neto se encontraba en la zona de la Estrella de Puebla, luego de haber estado en los antros de la denominada “Isla de Angelópolis”, cuando los juniors, entre ellos dos hermanos, lo “molieron a golpes”, luego de defender a una chica a la cual el grupo de jóvenes habían ofendido.

Los hechos fueron grabados por algunos espectadores y se viralizaron en redes sociales provocando indignación. Neto estuvo a punto de perder el ojo a efecto de la brutal golpiza.

Unos meses después, el 18 de diciembre de ese mismo año, el 2023, Juan Carlos Trujillo Filgueres fue asesinado al exterior del antro denominado “Barra Negra”. Se trataba de un “influencer” de 33 años conocido popularmente como “El Charly”, quien presumía en redes sociales sus autos y su estilo de vida.

“El Charly” fue interceptado fuera del antro por cinco sujetos, quienes le dispararon mientras se encontraba en compañía de su amigo de nacionalidad cubana, José Antonio, quien resultó ileso.

Esta zona vaya que tiene historia de violencia, basta recordar que, en agosto del 2008, Alan Ibarra Meza, policía municipal y escolta de un destacado político de la época, asesinó afuera del antro llamado “Viktor-Hotel” al valet parking José de Jesús Huitzil, luego de una discusión fuera de este lugar.

Todo este recuento viene a colación porque con todos los antecedentes de violencia que ya se tienen en esta zona, es notoria la falta de seguridad en este sitio y a esto hay que agregar las constantes agresiones de los famosos “cadeneros” de los antros, quienes operan con plena impunidad.

El 1 de febrero de hace un año, los cadeneros del antro “Mallet” golpearon a Eloy Vásquez y a su hijo también del mismo nombre. El padre fue hospitalizado con las costillas rotas; sin embargo, prevaleció la impunidad ante estos acontecimientos.

Por todo esto, desafortunadamente, no es de extrañar que haya ocurrido esta ejecución el pasado sábado. La autoridad ha sido negligente en esta zona, reitero, convertida ya en una verdadera cantina de día y de noche.

¿Qué más tendrá que pasar para que se actúe, se regule y se vigile este sitio? ¿Cuántos poblanos más es necesario que mueran asesinados?

riva_leo@hotmail.com

El cargo Ocurrió lo que tanto temíamos apareció primero en Reto Diario.