El propósito, dijo, es establecer que comete este delito quien, en dos o más ocasiones dentro de un periodo de hasta seis meses y sin el consentimiento de la víctima, realice actos de vigilancia, seguimiento, persecución, observación, monitoreo o contacto insistente, alterando sus hábitos de vida o generando un temor fundado de sufrir un daño en su integridad física o psicológica, libertad o seguridad, así como en la de sus familiares.

La propuesta especifica que este delito podría cometerse no solo por medios físicos, sino también mediante medios electrónicos, digitales, telefónicos, telemáticos o cualquier otra tecnología de la información.

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DESTACA DIPUTADA APROBACIÓN DE INICIATIVA PARA GARANTIZAR ATENCIÓN PREFERENTE A PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Por otra parte, la diputada Guadalupe Yamak subrayó la aprobación de una iniciativa mediante la cual se adiciona la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, con la finalidad de que, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como en los ayuntamientos, se garantice a este sector de la población una atención preferente en ventanillas y módulos de servicio.

La legisladora señaló que, en la recepción de documentos y la realización de trámites administrativos, debe ser prioritario contar con espacios preferentes de espera para las personas adultas mayores. Asimismo, indicó que, en la medida de las posibilidades administrativas, se procure que en una misma visita pueda concluirse el trámite respectivo, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos.

El cargo Impulsa la diputada Guadalupe Yamak Taja adiciones al Código Penal del Estado para tipificar el delito de acecho apareció primero en Reto Diario.

También establece que las personas que incurran en las conductas previstas en este artículo se les impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cinco a veinte Unidades de Medida y Actualización.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y resolución correspondiente.

Por otra parte, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 18 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con el objetivo de adecuar la terminología empleada por la legislación estatal para que sea congruente con la realidad social y con los principios de igualdad y no discriminación que orientan el orden jurídico; en particular, se propone sustituir la expresión “dueños” por “personas propietarias”, así como precisar la referencia a quienes participan en los espacios de dirección, mediante una redacción que reconozca de manera neutral a las personas que integran dichos órganos.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar las fracciones I del artículo 6 y I y II del 13 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con la finalidad de garantizar que los servicios de transporte prevean vehículos y entornos con diseño universal, incluida la accesibilidad cognitiva y, en su caso, con ayudas técnicas para la accesibilidad de personas con discapacidad y movilidad limitada, con las acciones afirmativas y los ajustes razonables que se requieran para ello.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Transportes y Movilidad.

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La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para adicionar el artículo 77 Bis y reformar los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica Municipal, a fin de establecer de manera expresa el derecho de las y los regidores a participar con voz en las sesiones del Ayuntamiento y en la deliberación de los asuntos sometidos a su consideración; y la obligación de las presidencias municipales de conceder el uso de la palabra a las personas integrantes del Ayuntamiento en el orden en que lo soliciten, garantizando su derecho de participación y deliberación.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Asuntos Municipales.

La diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar las fracciones VIII, IX y adicionar la X al artículo 2 de la Ley Estatal de Salud, con el propósito de establecer que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras, la finalidad del mantenimiento y equilibrio de las condiciones fisiológicas y funcionales óptimas del organismo, para lograr el estado homeostático de las personas, durante el mayor tiempo posible, a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud.

El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar las fracciones XXI, XXII y adicionar la fracción XXIII al artículo 14 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar el principio de no retrocesión climática, el cual consiste en que las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, no podrán revocar, debilitar, dejar sin efectos o modificar criterios científicos, metodológicos, inventarios, niveles de referencia, metas, instrumentos o parámetros, en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, cuando ello implique un retroceso en el nivel de protección del derecho humano a un medio ambiente sano.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 40 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que la Secretaría de Desarrollo Turístico promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto incluir, beneficiar y garantizar el acceso, uso y disfrute de todas las personas, con independencia de su edad o de la existencia de discapacidad, a todos los servicios, productos, entornos, infraestructura, información, comunicación y destinos turísticos, en todas las etapas de la cadena de accesibilidad turística, en condiciones de equidad, igualdad, inclusión, integración y dignidad.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Turismo.

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La diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para reformar el artículo 292 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que busca que la intervención del Ministerio Público no se limite a una participación meramente formal, sino que, dentro del ámbito de sus atribuciones, pueda recibir los antecedentes relevantes que ya obren en las actuaciones, realizar las acciones que legalmente correspondan y, en su caso, efectuar la canalización o remisión ante la autoridad competente. Así como incorporar expresamente el principio de “no revictimización”, con el propósito de evitar que las personas víctimas de violencia familiar tengan que reiterar innecesariamente hechos que ya fueron puestos en conocimiento de una autoridad, como a continuación se señala.

La propuesta de la diputada fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar los artículos 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y el artículo 201 del Código de Instituciones de Procesos Electorales del Estado de Puebla, a fin de establecer un marco preventivo, objetivo y proporcional que impida que los vínculos familiares sean utilizados como mecanismo de concentración, continuidad o transmisión del poder público, preservando al mismo tiempo el derecho de toda persona a participar libremente en la vida política del Estado en condiciones de igualdad.

Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

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La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 33 Bis a la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de establecer que las instituciones públicas que presten servicios de hospitalización en el estado procurarán contar con espacios dignos y adecuados para la espera de familiares, personas cuidadoras o acompañantes de las personas hospitalizadas.

En dichos espacios se procurará brindar condiciones adecuadas para la permanencia de las personas usuarias, con especial consideración de quienes acompañen a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y resolución procedente.

El cargo Propone Guadalupe Yamak castigar con hasta dos años de prisión el hostigamiento coercitivo apareció primero en Reto Diario.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Pável Pardo Ramírez, refirió que desde la actual Legislatura se trabaja para evitar que la violencia continúe normalizándose en la sociedad.

Por su parte, la diputada local Angélica Patricia Alvarado Juárez informó que impulsa una iniciativa para tipificar el acecho como delito en Puebla, con el objetivo de cerrar un vacío legal que actualmente puede dejar sin una respuesta específica a mujeres víctimas de persecución, vigilancia y contacto insistente.

La propuesta fue presentada el 16 de octubre de 2025 y plantea incorporar al Código Penal del estado una sección denominada “Del Acecho”, con los artículos 304 Sexies, 304 Septies y 304 Octies.

Con esta iniciativa se busca reconocer el acecho como una conducta que puede afectar seriamente la vida de las víctimas cuando existe una persecución o vigilancia reiterada y sin consentimiento.

“La propuesta contempla conductas como vigilar, perseguir, buscar o intentar establecer comunicación con una persona por cualquier medio, cuando estas acciones alteren su tranquilidad, privacidad o seguridad y le provoquen temor, angustia o cambios significativos en su vida cotidiana”, desglosó.

¿Cuáles serían las sanciones por acecho en Puebla?

La iniciativa propone establecer una pena de uno a cuatro años de prisión, además de una multa de entre 100 y 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

También contempla incrementar las sanciones cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente, persona adulta mayor, persona con discapacidad o persona embarazada.

Asimismo, se consideran circunstancias agravantes cuando exista entre la víctima y el agresor una relación de autoridad, subordinación, parentesco, afectiva, de dependencia o confianza.

De aprobarse, la propuesta incorporaría de manera específica el acecho al marco penal de Puebla, con el propósito de brindar una herramienta jurídica para atender conductas reiteradas de persecución, vigilancia o contacto no consentido que afecten la tranquilidad, privacidad o seguridad de las víctimas.

El cargo Buscan tipificar el acecho como delito en Puebla; proponen hasta 4 años de prisión apareció primero en Reto Diario.

La iniciativa plantea fortalecer la definición del delito de abuso sexual, ampliar las circunstancias agravantes, establecer de manera expresa los casos en los que el consentimiento se encuentra viciado y disponer que este delito sea perseguido de oficio, evitando que la responsabilidad de iniciar la búsqueda de justicia recaiga únicamente en la víctima.

Asimismo, la propuesta contempla sanciones más severas cuando el delito sea cometido por personas que aprovechen una relación de confianza, autoridad, parentesco, función pública o cualquier condición de superioridad para cometer el abuso.

La diputada destacó que esta reforma busca cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en condición de vulnerabilidad, colocando a las víctimas en el centro del sistema de justicia.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora afirmó que la libertad sexual, la dignidad humana y el derecho de las personas a vivir libres de violencia no pueden depender de vacíos legales ni de interpretaciones que dejen desprotegidas a las víctimas.

“Las leyes deben evolucionar al ritmo de la realidad social. Cuando la violencia cambia de forma, el derecho también debe fortalecerse para responder con eficacia. Proteger la libertad sexual es proteger la dignidad humana”, concluyó.

El cargo Diputada Delfina Pozos propone reformar el Código Penal para garantizar mayor protección a víctimas de abuso sexual apareció primero en Reto Diario.

El legislador explicó que el dictamen avalado por el Congreso del estado contempla imponer penas de cinco a diez años de prisión, así como multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quienes incurran en estas conductas, con el objetivo de frenar el acceso de menores de edad a sustancias que representan un riesgo para su salud y desarrollo.

Aurioles Barroeta advirtió que estas sustancias pueden convertirse en la puerta de entrada a otras adicciones más graves, por lo que consideró necesario endurecer las sanciones y fortalecer las medidas de protección para evitar que más jóvenes sean expuestos a este tipo de productos.

Por otra parte, el diputado mencionó la presentación de una iniciativa para reformar la fracción XXI del artículo 6 Bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de considerar como un acto de discriminación el realizar o promover violencia física, sexual, psicológica, patrimonial o económica, por tener ciertas características sexuales o por asumir públicamente una persona, su preferencia u orientación sexual o su identidad o expresión de género.

El cargo Diputado Jaime Aurioles destaca la aprobación de reformas al Código Penal para proteger a la niñez poblana apareció primero en Reto Diario.

La legisladora destacó la aprobación del dictamen para reformar la denominación de la Sección Segunda del Capítulo Séptimo del Libro Segundo del artículo 224 del Código Penal del estado, en materia de cohabitación forzada.

El objetivo, aseguró, es proteger a niñas, niños y adolescentes para que puedan desarrollarse plenamente, continuar con sus estudios y ejercer con libertad sus derechos, sin presiones que condicionen su libertad sexual o su proyecto de vida, al evitar los matrimonios forzados de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años o de personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.

Subrayó que esta reforma también contribuye a prevenir problemáticas como el embarazo infantil y la deserción escolar, además de reconocer el derecho de las juventudes a construir su futuro en condiciones de libertad y dignidad.

Asimismo, reconoció el trabajo plural de diputadas y diputados de las diferentes fuerzas políticas que participaron en la construcción de esta propuesta legislativa, como parte del compromiso asumido desde el inicio de la Legislatura para impulsar una agenda común a favor de las mujeres.

Por otra parte, la diputada Norma Estela Pimentel también informó sobre la presentación de una iniciativa para fortalecer el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, con el propósito de garantizar que las autoridades municipales, estatales y federales den cumplimiento efectivo a las medidas de protección emitidas en favor de las víctimas de violencia.

La legisladora también recordó que, junto con otras diputadas y diputados, se han promovido diversas reformas de homologación y armonización con la agenda federal.

Finalmente, anunció que el próximo 17 de junio se llevará a cabo la sexta edición de la Cátedra Hermila Galindo en la sede del Senado de la República, actividad que incluirá la firma de un convenio de colaboración entre el Congreso del estado y el Senado, con el objetivo de fortalecer las acciones legislativas en favor de los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y la erradicación de todas las formas de violencia de género.

El cargo Destaca diputada Norma Pimentel acciones legislativas para prevenir violencia contra menores y evitar cohabitación forzada apareció primero en Reto Diario.

A través de la propuesta, se busca incorporar un tipo penal autónomo para el delito de robo de autopartes, de manera clara y específica, considerando todas las conductas relacionadas con el apoderamiento, sustracción, desmantelamiento, resguardo, almacenamiento o distribución de autopartes obtenidas de manera ilícita.

La iniciativa plantea que, comete el delito de robo de autopartes quien, sin el consentimiento de quien jurídicamente pueda disponer de un vehículo automotor, se apodere, sustraiga, desmantele, comercialice, almacene, resguarde o distribuya, total o parcialmente, las partes que lo integran.

A quien cometa este delito se le impondrán de cuatro a 10 años de prisión y multa de 300 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, las penas aumentarán hasta en una mitad cuando se cometa por dos o más personas, exista reincidencia, o se realice en estacionamientos públicos, privados, concesionados o de acceso controlado.

También cuando afecte dos o más vehículos, se utilice violencia física o moral, exista finalidad de comercialización, y se empleen herramientas tecnológicas para inhibir alarmas o sistemas de seguridad.

En su iniciativa, el diputado refiere que la propuesta tiene el fin de cerrar vacíos normativos que actualmente pueden dificultar la sanción efectiva de quienes participan en estas actividades ilícitas.

El cargo Propone Rafael Micalco modificaciones al Código Penal de Puebla para combatir el robo de autopartes apareció primero en Reto Diario.

La decisión fue aprobada este martes a partir del proyecto elaborado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien argumentó que el tipo penal no define con precisión las conductas que pretende sancionar.

El artículo establecía castigos para quienes, mediante redes sociales, correo electrónico u otros medios digitales, incurrieran de forma reiterada en actos como vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa, cuando estos afectaran la vida cotidiana o la integridad de una persona. Sin embargo, la Corte determinó que términos como “ofender” o “hostigar” dependen de interpretaciones subjetivas, lo que genera incertidumbre jurídica.

Además, señaló que la norma no delimitaba con claridad el elemento intencional del delito ni las consecuencias específicas de la conducta, lo que podría derivar en afectaciones desproporcionadas a la libertad de expresión.

La resolución responde a las acciones de inconstitucionalidad 81/2025, promovida por el PAN, y 88/2025, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ambas acumuladas para su análisis.

Con este fallo, la invalidez del artículo surtirá efectos una vez que se notifique formalmente al Congreso de Puebla y tendrá aplicación retroactiva en beneficio de las personas que hayan sido procesadas con base en esta disposición desde su entrada en vigor, el 11 de julio de 2025.

Esto implica que investigaciones, denuncias y procesos penales relacionados con este delito podrían ser revisados o incluso quedar sin efecto.

La ley había sido aprobada en julio de 2025 por la mayoría legislativa local y desde entonces generó críticas de organizaciones civiles, periodistas y activistas, quienes advirtieron riesgos de censura y criminalización de expresiones en redes sociales.

El cargo SCJN invalida delito de ciberasedio en Puebla apareció primero en Reto Diario.

La propuesta legislativa plantea reformar el artículo 128 Bis y adicionar una sección novena denominada “Cohabitación Forzada”, con el fin de sancionar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de 18 años –o a quien no tenga capacidad para comprender– a integrarse a una unión de hecho, informal o consensuada equiparable al matrimonio.

El proyecto establece penas de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, con agravantes cuando la víctima pertenezca a un pueblo, comunidad indígena o afromexicana, o sea una persona con discapacidad.

Asimismo, propone que el delito de cohabitación forzada sea imprescriptible, toda vez que en este tipo de conductas la denuncia suele ser tardía debido al miedo, la dependencia y la presión familiar o comunitaria.

Esta iniciativa responde a un fenómeno que persiste en el país y en la entidad, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad, refirió Susana Riestra, al advertir que cuando el Estado prohíbe prácticas como el matrimonio infantil, pero no las sanciona penalmente, se genera impunidad.

Añadió que, “ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos de las niñas y adolescentes”, y llamó a que el Congreso local asuma su responsabilidad constitucional de garantizar el interés superior de la niñez mediante un marco jurídico claro, eficaz y congruente con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Delfina Pozos Vergara, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Esther Martínez Romano, Susana Riestra Piña y Fedrha Isabel Suriano Corrales, diputadas del Congreso del estado de Puebla. Foto: Especial

En su participación, reconoció públicamente a las legisladoras que se sumaron e impulsaron juntas la propuesta, por su compromiso y altura de miras, Delfina Pozos, Luana Amador, Celia Bonaga, Azucena Rosas, Leonela Martínez, Esther Martínez, Fedrha Suriano y Araceli Celestino.

El cargo Plantea la diputada Susana Riestra castigar la cohabitación forzada como delito grave apareció primero en Reto Diario.

Con esta propuesta se busca fortalecer la protección del orden público, la confianza social y los derechos de la personalidad, con estricto apego a los principios de legalidad y proporcionalidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de regular el uso de teléfonos móviles entre niñas y niños menores de 12 años, privilegiando la prevención, la alfabetización digital de madres, padres y docentes, la coordinación entre los sectores educativo y de salud, así como la atención temprana de conductas de riesgo, sin menoscabar el derecho de acceso a la información.

Azucena Rosas Tapia, diputa local de Puebla por Morena. Foto: Especial

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Asimismo, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que la aprobación de la revista vehicular sea requisito para el refrendo y para la prestación efectiva del servicio. La no aprobación implicará el retiro inmediato de la unidad hasta que se subsane la causa y se obtenga el dictamen aprobatorio, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

Para su análisis, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad.

La diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para declarar el 18 de junio de cada año como el “Día de la y el Combatiente Forestal en el Estado de Puebla”, en reconocimiento a su contribución directa a la preservación del equilibrio ecológico y la resiliencia ambiental, así como homenaje permanente a quienes, en el ejercicio de esta labor de alto riesgo, ofrendan su vida en defensa de los bosques.

Beatriz Manrique Guevara, diputada local de Puebla por el PVEM. Foto: Especial

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de servicios de interpretación en las lenguas indígenas que se hablen en el estado, cuando así lo requiera la persona usuaria, a fin de asegurar una atención médica adecuada, culturalmente pertinente y con pleno respeto a los derechos humanos.

Se busca garantizar que la información médica, diagnósticos, tratamientos, riesgos y el consentimiento informado puedan ser plenamente comprendidos por las personas hablantes de lenguas indígenas.

Leonela Jazmín Martínez Ayala, diputada local de Puebla por el partido Nueva Alianza. Foto: Especial

La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud.

En su momento, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que, en los municipios con población indígena o afromexicana reconocida oficialmente, se instruya que, en la integración del Plan Municipal de Desarrollo, se incorpore un Diagnóstico Territorial Indígena, con participación de autoridades tradicionales y comunitarias.

Esther Martínez Romano, diputada local de Puebla por el Partido del Trabajo. Foto: Especial

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En tribuna, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 232 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de establecer que la prolongación de la jornada, aun cuando derive de circunstancias especiales consideradas extraordinarias, no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres ocasiones en una misma semana.

Esta delimitación responde a criterios de proporcionalidad, racionalidad administrativa y respeto a la dignidad laboral, sin menoscabo de la continuidad y eficacia de la función legislativa.

Delfina Pozos Vergara, diputada local de Puebla por el PRI. Foto: Especial

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Asimismo, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar un mecanismo excepcional de “ajustes razonables” que permita al Instituto analizar, en casos específicos de vulnerabilidad, esquemas proporcionales para el pago de adeudos por cuotas y aportaciones, cuando su exigencia inmediata o íntegra haga materialmente imposible el acceso efectivo a una pensión o comprometa el mínimo vital de las y los beneficiarios.

La legisladora explicó que, si bien la ley vigente establece como requisito cubrir previamente los adeudos existentes para poder disfrutar o transmitir una pensión, su aplicación estricta e indiscriminada puede generar efectos desproporcionados, particularmente en casos de menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas cuya única fuente de ingreso sea la pensión.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social.

Durante el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

• Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para expedir la Ley para el Reconocimiento y la Preservación de la Identidad Afromexicana de la Mixteca Poblana, con la finalidad de establecer un marco jurídico que permita la identificación y registro de la comunidad afro dentro del estado. La propuesta parte del reconocimiento de las comunidades afromexicanas como sujetos colectivos de derechos culturales y busca dotar al Estado de herramientas normativas que aseguren su protección efectiva.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y resolución procedente.

• Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para adicionar diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar el enriquecimiento ambiental, ejercicio, estimulación cognitiva y socialización adecuados a la especie, edad y estado de salud de los animales, evitando el aislamiento prolongado, el confinamiento excesivo o prácticas que impidan la expresión de comportamientos naturales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

El cargo Promueve diputado José Miguel Trujillo tipificar el delito de manipulación digital maliciosa de información apareció primero en Reto Diario.

La propuesta, enviada por el gobernador Alejandro Armenta al Congreso del estado, fue detallada por el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien explicó que el objetivo es aumentar las agravantes y modalidades de este ilícito, con penas significativamente mayores a las actuales.

Actualmente, el delito de despojo se castiga con penas que van de tres meses a tres años de prisión. Con la reforma planteada, la sanción base aumentaría a entre seis y 12 años de cárcel.

Además, quienes financien, coordinen o sean autores intelectuales de estos actos podrían enfrentar penas de hasta 15 años. Si el despojo se comete con fines comerciales, por ejemplo, para vender la propiedad obtenida ilegalmente, la condena podría incrementarse hasta llegar a los 20 años de prisión.

Entre las agravantes que elevarían las sanciones se incluyen la comisión del delito en agravio de adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o comunidades indígenas; la intervención de servidores públicos; el uso de documentos falsos o la participación dolosa de notarios públicos para facilitar el fraude.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno estatal para combatir redes de despojo de propiedades y prácticas fraudulentas que han generado preocupación social. Autoridades han señalado que estas prácticas han involucrado a particulares y servidores públicos en diversos municipios, lo que ha provocado un aumento de las denuncias por despojo en la entidad.

El proyecto de reforma será analizado por el Congreso de Puebla, donde los legisladores definirán si se avalan los cambios propuestos para endurecer las penas por despojo inmobiliario.

El cargo Busca Gobierno de Puebla sancionar con hasta 20 años de prisión el delito de despojo inmobiliario apareció primero en Reto Diario.

Durante su intervención, la legisladora expuso que Puebla y el país atraviesan una crisis de desapariciones, por lo que resulta indispensable contar con un marco legal que incentive la denuncia inmediata y proteja a quienes, en situaciones de angustia y urgencia, solicitan ayuda a las autoridades.

La iniciativa plantea que no se configure el delito de falsedad cuando una persona denuncie o reporte una desaparición bajo error razonable, información incompleta, confusión de hechos o percepción objetiva de riesgo, siempre que exista buena fe.

Asimismo, establece que las autoridades no podrán amenazar con sanciones, iniciar investigaciones automáticas ni realizar interrogatorios intimidatorios contra familiares o denunciantes cuando la persona reportada aparezca posteriormente.

Pozos Vergara subrayó que castigar el error o la confusión de quienes buscan ayuda solo genera miedo, silencio y retraso en la denuncia, lo que pone en riesgo la localización con vida de personas desaparecidas. En contraste, señaló que la reforma distingue claramente entre la denuncia realizada de buena fe y la simulación dolosa de una desaparición, esta última sí sujeta a sanciones conforme a la Ley.

La diputada afirmó que, de aprobarse, la iniciativa contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, fomentar la solidaridad social y garantizar que las primeras horas de búsqueda determinantes para salvar vidas no se pierdan por temor a consecuencias legales.

Finalmente, Delfina Pozos reiteró su compromiso de legislar con un enfoque humano, preventivo y de protección a las víctimas, priorizando el interés público y la seguridad de las familias.

El cargo Delfina Pozos presenta iniciativa para proteger a quienes denuncian desapariciones de buena fe en Puebla apareció primero en Reto Diario.

En la propuesta se establece que, “comete el delito de rapiña quien se apodere de una cosa mueble ajena, con o sin empleo de violencia, aprovechándose de la confusión, desorganización social o condición de vulnerabilidad existente”.

La iniciativa contempla situaciones en las que se puede presentar la rapiña, como un accidente ocurrido en medios de transporte terrestre, aéreo o marítimo, un siniestro, desastre o situación de emergencia, de origen natural o provocado por actividad humana que altere el orden, la seguridad o las condiciones normales de la población, así como una circunstancia extraordinaria de calamidad o consternación colectiva.

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Mediante la propuesta, la legisladora indica que el delito de rapiña será sancionado conforme al artículo 374 del Código Penal del Estado, donde se precisan las penas por el delito de robo bajo distintos supuestos.

Finalmente, se precisa que, en los casos de rapiña, no se presumirá responsabilidad penal de la persona operadora, ayudante o trabajadora del transporte, custodia o traslado de bienes, cuando el apoderamiento, pérdida o daño sea consecuencia de actos realizados por terceros, siempre que no haya intervenido dolosamente en la conducta.

El cargo Reconocer la rapiña como delito, propone la diputada Ana Lilia Tepole apareció primero en Reto Diario.

Esta reforma actualiza el tipo penal, amplía los supuestos de abuso, elimina ambigüedades, establece agravantes más severas e incorpora medidas reeducativas obligatorias, porque “no basta con castigar, también se debe transformar”, afirmó la legisladora.

Asimismo, señaló que con esta iniciativa “se pretende cerrar filas contra el acoso, contra el abuso y contra toda forma de violencia sexual en la entidad. El compromiso es claro y urgente: presentar reformas de fondo, reformas que dejen de normalizar el abuso, que dejen de minimizarlo y que dejen de justificarlo, porque Puebla no será tierra de silencios, será tierra de garantías”.

La propuesta legislativa, que busca reformar los artículos 260, 261, 262 y 263 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del estado, con el fin de establecer que todas las personas son iguales ante la ley, con el objetivo de consolidar el compromiso del gobierno y la sociedad poblana con los derechos humanos, la justicia y la equidad.

Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, diputado local de Puebla por el Partido del Trabajo. Foto: Especial

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De igual manera, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para reformar el artículo 278 del Código Penal del estado, con el objetivo de indicar que, cuando se cometa el delito de estupro o violación y la víctima quede en estado de embarazo, se presumirá la existencia de un daño grave a su salud física y psicológica.

Nayeli Salvatori Bojalil, diputada local de Puebla por Morena. Foto: Especial

Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En su momento, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó una iniciativa para adicionar el artículo 193 Bis al Código Penal del estado, con el propósito de tipificar el delito de participación en competencias de velocidad ilícitas en vías públicas a quien, conduciendo un vehículo automotor, participe en carreras o arrancones realizados en las vías públicas a que se refiere el artículo 187 de este Código, sin contar con la autorización expresa y por escrito de la autoridad competente, lo que pone en peligro la vida o integridad de terceras personas o la seguridad vial.

María Fernanda de la Barreda Angon, diputada local de Puebla por el PVEM. Foto: Especial

La propuesta de la diputada fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal, para establecer que a quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, provocándole la muerte, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión y multa de doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización.

Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En más del orden del día, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para adicionar el artículo 82 Sexies al Código Penal del estado, con el propósito de agravar la sanción de los delitos cometidos mediante el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, comúnmente conocidas como drones, y establecer que cuando estos sean empleados para la comisión de algún delito, las sanciones previstas en el tipo penal se aumentarán en una mitad.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

También,  la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de establecer que cuando la persona deudora alimentaria incumpla total o parcialmente con el pago de las pensiones provisionales o definitivas fijadas en resolución judicial o convenio aprobado judicialmente, se generarán intereses moratorios.

Norma Estela Pimentel Méndez, diputada local de Puebla por el PVEM. Foto: Especial

La iniciativa, que propone reformar los artículos 690 y 693, y adicionar el artículo 442 Bis al Código de Procedimientos Civiles para el estado, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Durante el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva turnó a comisiones generales las siguientes propuestas legislativas:

• Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de dotar al derecho de petición de un plazo máximo claro de treinta días naturales, garantizar que toda persona reciba respuesta –aunque sea inicial– sobre el tiempo que tomará una respuesta más completa, y modernizar su notificación mediante medios electrónicos preferentes, sin limitar el acceso de quienes no cuenten con estas herramientas.

Para su análisis correspondiente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

• Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar el artículo 510 del Código Civil para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que si la necesidad del alimentista proviene de mala conducta acreditada, el juez, con conocimiento de causa, podrá disminuir o, en su caso, cancelar la cantidad destinada a los alimentos, siempre que dicha cancelación no afecte el interés superior de la niñez ni la subsistencia mínima de personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se dirigió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio procedente.

• Iniciativa de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para reformar y adicionar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de garantizar la eficacia real del derecho alimentario, incorporando el pago de intereses moratorios, no solo para incentivar el cumplimiento oportuno y evitar con ello la mora alimentaria, sino también para garantizar una reparación mínima frente al retraso injustificado, logrando con ello fortalecer la tutela judicial efectiva del derecho a recibir alimentos, es decir, que pueda ser plenamente exigible, adecuado y suficiente para proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La propuesta de la diputada fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

• Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para adicionar el Código Penal del estado, con el objetivo de tipificar y sancionar el fraude financiero digital cometido mediante aplicaciones de préstamo conocidas como montadeudas, a través del acceso abusivo a datos personales, la manipulación de condiciones de pago, la generación de “deudas fantasma” y la utilización de amenazas, difusión no consentida de información o violencia digital para exigir el cobro.

Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El cargo Promueve la diputada Xel Arianna Hernández iniciativa para fortalecer legislación contra el abuso sexual apareció primero en Reto Diario.

Como parte de la propuesta, presentada en sesión ordinaria de la LXII Legislatura, a fin de garantizar la protección de los derechos, se consideran agravantes para distintos delitos, cuando las víctimas sean mujeres, adolescentes, niñas y niños indígenas.

En tanto, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa de reforma al artículo 407 del Código Penal, para considerar una agravante específica cuando el fraude se comete contra mujeres indígenas o afromexicanas y migrantes en situación de vulnerabilidad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como cooperativas, sociedades o agrupaciones con participación de obreros, campesinos o pueblos indígenas.

Por su parte, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer expresamente la responsabilidad penal de quienes recluten o utilicen a menores de edad para fines delictivos, así como el reconocimiento pleno de niñas, niños y adolescentes como víctimas, asegurando su atención, restitución de derechos y reintegración social.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Puebla, con el objetivo de promover una sociedad más justa e inclusiva, así como modernizar el lenguaje y eliminar las barreras legales discriminatorias.

Asimismo, la legisladora, en conjunto con el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado, con el objetivo de establecer que para autorizar la celebración del matrimonio se deberá acreditar plenamente que los pretendientes no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 373 y el artículo 375 Bis al Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer que, comete el delito de robo de autopartes quien, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, se apodere de una o varias partes, componentes, accesorios o piezas de un vehículo automotor ajeno. Al responsable, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de 300 a 600 Unidades de Medida y Actualización.

Las iniciativas señaladas con anterioridad fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, para establecer como atribución de las personas titulares de las presidencias municipales aplicar y supervisar los procedimientos para el desarrollo policial, la profesionalización y certificación de la policía de su municipio, en términos de lo que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, señala expresamente que la o el presidente municipal deberá instruir la elaboración del presupuesto anual requerido por el Cuerpo de Seguridad Pública Municipal en materia de certificación.

La propuesta mediante la cual se reforman el acápite y las fracciones IV, X, XI y se adiciona la XII al artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis.

Durante la sesión, se dio cuenta de los siguientes asuntos:

• Iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, con el propósito de establecer que, cometen el delito de fraude educativo las personas representantes, propietarias o responsables de instituciones educativas particulares de nivel superior que ofrezcan servicios educativos o impartan programas académicos correspondientes a profesiones que requieran título y cédula profesional para su ejercicio, cuando omitan informar de manera clara, veraz y visible al público que dichos estudios carecen del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o de la autorización expedida por la autoridad educativa competente, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

La propuesta enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis, indica que, a quienes incurran en esta conducta, se les impondrá pena de prisión de 10 a 20 años y multa de mil 500 a tres mil Unidades de Medida y Actualización.

• Punto de acuerdo del diputado Marcos Castro Martínez para exhortar a la Dirección General del Registro Civil del Estado a que implemente un programa temporal y gratuito de reposición de documentación oficial de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y demás documentos civiles, dirigido a las personas que los hayan perdido a consecuencia de las lluvias e inundaciones registradas en la Sierra Norte y demás regiones afectadas del estado.
• Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez para exhortar, a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, a los jueces de la capital, itinerantes y por Ministerio de Ley, para que realicen las anotaciones marginales en el acta de nacimiento de las personas de todos actos de su estado civil, así como garantizar que se hagan constar en todos los testimonios expedidos.
• Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez para que, a través del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, se realicen las anotaciones notificaciones e inscripciones de los regímenes conyugales respecto de los registros de actas de matrimonio llevados a cabo en su demarcación territorial, en los términos de ley y sin costo alguno.

El cargo Analizará Congreso iniciativa para que mujeres indígenas tengan acceso efectivo al sistema de justicia apareció primero en Reto Diario.