El juez federal Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, avaló el cronograma presentado por las partes para avanzar hacia el juicio, aunque antes deberán resolverse diversos recursos legales. Entre ellos destaca la intención de los abogados de Maduro y Flores de solicitar la desestimación del caso con base en cuestionamientos sobre la jurisdicción estadounidense y la inmunidad que, según la defensa, debería aplicarse al exgobernante venezolano.

La defensa prepara una ofensiva basada en inmunidad

El equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, sostiene que el proceso enfrenta obstáculos legales debido a que su cliente ejercía como presidente de Venezuela cuando ocurrieron los hechos que forman parte de la acusación. La defensa argumenta que Estados Unidos no tendría facultades para juzgarlo bajo esas circunstancias y también cuestiona la legalidad del procedimiento que lo llevó ante la justicia estadounidense.

Está previsto que el tribunal analice estos planteamientos en una audiencia posterior, programada para noviembre, donde se discutirán las mociones presentadas por la defensa.

¿De qué acusa Estados Unidos a Maduro y Cilia Flores?

El Departamento de Justicia estadounidense acusa a Maduro y Flores de delitos relacionados con narcotráfico, conspiración y posesión de armas, dentro de una investigación que las autoridades de Estados Unidos han vinculado con presuntas operaciones internacionales de tráfico de drogas. Ambos han rechazado los señalamientos y se han declarado no culpables.

La Fiscalía sostiene que Maduro habría utilizado su posición política para facilitar actividades ilícitas, mientras que la defensa mantiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas y que el proceso vulnera sus derechos.

Un proceso con impacto político internacional

El caso representa uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exmandatario latinoamericano en Estados Unidos y ha generado debate sobre los límites entre la justicia penal internacional, la soberanía de los Estados y la inmunidad de los gobernantes extranjeros.

La controversia también se extiende al contexto político venezolano, debido a que la situación de Maduro ocurre en medio de una crisis institucional que ha enfrentado al gobierno venezolano con diversos actores internacionales durante los últimos años.

Próximos pasos del caso

Antes del juicio previsto para junio de 2027, la corte deberá resolver una serie de etapas procesales, entre ellas la presentación de mociones de la defensa, respuestas de la Fiscalía y revisión de evidencia. El resultado de esas audiencias podría definir si el proceso continúa hasta llegar a un juicio o si alguno de los argumentos legales modifica el rumbo del expediente.

Con la fecha del juicio ya establecida, la disputa central ahora se trasladará del terreno político al jurídico: determinar si Maduro puede ser juzgado en Estados Unidos o si la inmunidad presidencial será suficiente para frenar el proceso.

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Hellerstein, sin embargo, reconoció que “el derecho a la defensa es primordial” y cuestionó la justificación de las sanciones en el actual contexto. Señaló que, tras la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026 y su traslado a EE.UU., ni él ni Flores representan ya una amenaza para la seguridad nacional. El juez presionó a los fiscales sobre si el Departamento del Tesoro (a través de la OFAC) debería otorgar una licencia específica para liberar fondos venezolanos destinados a honorarios legales.

La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, advirtió que sin acceso a esos recursos —bloqueados por las sanciones— Maduro y Flores no pueden pagar a sus representantes elegidos y tendrían que recurrir a un abogado de oficio pagado por los contribuyentes estadounidenses, lo que, según ellos, compromete la integridad del proceso. Los fiscales, por su parte, defendieron las restricciones argumentando intereses de política exterior y seguridad nacional, aunque admitieron que se había otorgado y revocado rápidamente una licencia temporal en febrero.

Hellerstein dejó pendiente su decisión definitiva sobre el financiamiento de la defensa y convocó a una nueva audiencia la próxima semana. No fijó aún fecha para el juicio principal, en el que Maduro enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con el llamado “Cartel de los Soles”.

Maduro y Flores comparecieron en la sala vestidos con uniformes de prisión y utilizando auriculares para la traducción simultánea. El caso, que se remonta a una acusación inicial de 2020 y fue actualizado tras la intervención estadounidense en Venezuela, continúa su curso pese al impasse financiero.

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La reprogramación fue solicitada de manera conjunta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la defensa de ambos acusados, al alegar “conflictos de agenda y problemas logísticos”. Según documentos judiciales, el tiempo adicional permitirá que la fiscalía produzca el descubrimiento de pruebas y que los abogados revisen el material para definir las mociones previas al juicio.

En la próxima audiencia, el juez Hellerstein establecerá el calendario del proceso y revisará el avance en el intercambio de evidencias. El caso ha sido clasificado como complejo, por lo que no está sujeto, por ahora, a los plazos acelerados que obligan a resolverlo en menos de un año.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, bajo custodia federal. Ambos se declararon no culpables en enero. Al salir del tribunal, el exmandatario aseguró: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, y se definió como un “prisionero de guerra”.

Estados Unidos acusa a Maduro de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y posesión de armas de alto poder, mientras que Flores enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas y armas.

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En la rueda de prensa matutina, Sheinbaum subrayó la importancia de la justicia y la rapidez en los procesos legales, al tiempo que expresó su desacuerdo con la manera en que Maduro y su esposa fueron capturados.

La mandataria mexicana destacó que, independientemente de las opiniones que se tengan sobre la presidencia de Maduro, “no puedes estar a favor de una intervención”.

“Lo que uno pide es juicio justo, siempre. Eso es lo que hay que pedir (…) para todos y en cualquier circunstancia y en este caso en particular, tiene que haber celeridad y justicia”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró la postura de México a favor de la no intervención y la resolución pacífica de conflictos internacionales, y de la defensa de la igualdad jurídica de los Estados.

Sheinbaum también abogó por una cooperación internacional basada en el desarrollo y el respeto a los derechos humanos como una vía para abordar las problemáticas entre países.

“La mejor manera de ayudar a un país es a través de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos”, sostuvo.

Fuerzas militares estadounidenses lanzaron un ataque la madrugada del sábado contra varios puntos de Venezuela, entre ellos Caracas, la capital, y capturaron a Maduro y Flores para llevarlos a Nueva York, donde fueron presentados ante una corte judicial.

La incursión militar ha generado la condena enérgica de múltiples países, que la consideran como una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

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