El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del estado de Puebla aprobó el dictamen del denominado “Plan B”, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, para modificar la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, así como establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de las funcionarias y los funcionarios electorales.
En sesión extraordinaria, las diputadas y los diputados locales analizaron, discutieron y aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las modificaciones contemplan que los ayuntamientos estarán integrados por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
También indica que las Constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
“Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, expone una de las modificaciones.
Durante la sesión, las diputadas María Soledad Amieva Zamora, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Araceli Celestino Rosas y Azucena Rosas Tapia se pronunciaron a favor del dictamen, al considerar que tiene un sentido democrático y se apega a los principios de austeridad, para garantizar que los recursos se destinen a las necesidades de la población.
En tanto, las diputadas Susana del Carmen Riestra Piña y Delfina Pozos Vergara se manifestaron en contra, pues coincidieron en que repercute en los contrapesos y el sistema democrático en general.
