El Congreso del estado de Puebla dio inicio al procedimiento para analizar la posible destitución de Leopoldo de Lara Valera, secretario general del Poder Legislativo, y de Jesús Juárez Lezama, director general de Asuntos Jurídicos, a partir de la solicitud promovida por la diputada panista Susana del Carmen Riestra Piña.
Durante la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezada por el diputado Pável Gaspar Ramírez, se acordó turnar el expediente al Órgano Interno de Control, instancia que deberá revisar los hechos, integrar el procedimiento y determinar si existen elementos para una eventual remoción.
La denuncia plantea que ambos funcionarios habrían actuado fuera de sus atribuciones, al manejar información sin reportarla a los órganos legislativos y realizar gestiones jurídicas sin aval del Pleno, lo que, según la promovente, derivó en afectaciones al funcionamiento del Congreso.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, subrayó que el punto central no es la acusación en sí, sino la forma en que se procese, por lo que insistió en que el Órgano Interno de Control debe garantizar condiciones para que ambas partes presenten pruebas y ejerzan su defensa antes de cualquier determinación.
Desde el PAN, su coordinador, Marcos Castro Martínez, consideró que el turno del caso representa apenas la fase inicial del trámite y adelantó que su bancada vigilará el desarrollo del procedimiento. Señaló que si la investigación arroja elementos sólidos, deberá avanzarse hacia la remoción, pero sin vulnerar principios como la presunción de inocencia.
En contraste, la diputada priista Delfina Pozos Vergara expresó reservas sobre la ruta adoptada, al considerar que la Junta de Gobierno tenía facultades para resolver directamente el tema. Cuestionó que no se haya sometido a votación la posible destitución y señaló que la decisión de enviarlo al órgano interno pospone una definición política que, a su juicio, correspondía al propio órgano de gobierno del Congreso.
El expediente seguirá su curso en el Órgano Interno de Control, que deberá emitir un dictamen para que posteriormente la Junta de Gobierno o el Pleno determinen si procede o no la destitución. Mientras tanto, la mayoría legislativa, encabezada por Morena, ha mantenido su respaldo a los funcionarios señalados.
