Una iniciativa presentada en el Congreso de Puebla propone exentar del pago de servicios de arrastre, salvamento y estancia en corralón a personas cuyos vehículos hayan sido robados y posteriormente recuperados por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
El planteamiento, impulsado por el diputado local de Morena, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal para evitar que las víctimas enfrenten una carga económica adicional tras el delito.
Actualmente, cuando un vehículo robado es localizado por autoridades, es trasladado a un corralón mientras se desarrollan las investigaciones. Este proceso puede prolongarse por largos periodos, lo que incrementa los cargos por almacenamiento.
Al concluir las diligencias, los propietarios deben cubrir estos costos para recuperar sus unidades, incluso cuando no tuvieron responsabilidad en los hechos. En diversos casos, los montos acumulados llegan a superar el valor comercial de los vehículos.
La propuesta surge en respuesta a quejas recurrentes de ciudadanos que, tras recuperar sus autos, enfrentan adeudos elevados por el tiempo que permanecieron bajo resguardo.
Además, se vincula con proyectos estatales para la construcción de nuevos depósitos vehiculares en distintos puntos de la entidad, con el objetivo de reducir costos y mejorar la gestión de unidades aseguradas.
La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local y, de ser dictaminada, será turnada al Pleno para su discusión.
