El Congreso del estado de Puebla aprobó por unanimidad la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, con lo que ningún exservidor público podrá recibir más de 70 mil pesos mensuales provenientes de recursos públicos.
Con 37 votos a favor, la LXII Legislatura avaló la modificación al artículo 127 de la Constitución, como parte de la iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca poner un límite a las jubilaciones en el sector público y reducir desigualdades.
Tope salarial y ajuste inmediato
La reforma establece que las pensiones no podrán exceder el 50% del salario de la titular del Ejecutivo federal, que actualmente ronda los 135 mil pesos mensuales, por lo que el límite se fija en aproximadamente 70 mil pesos.
Además, la medida contempla efectos retroactivos, lo que implica que quienes actualmente perciban montos superiores deberán ajustarse al nuevo tope.
Esta disposición aplicará principalmente a extrabajadores de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), así como entidades de banca de desarrollo y empresas paraestatales.
Sin embargo, quedan excluidos elementos de las Fuerzas Armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o esquemas complementarios.
Morena respalda; PAN advierte riesgos
Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la reforma como un paso necesario para erradicar privilegios en la alta burocracia. La diputada Azucena Rosas Tapia afirmó que la medida responde a una demanda social para evitar que los cargos públicos se conviertan en una vía de enriquecimiento incluso después de concluir funciones.
En contraste, aunque votaron a favor, diputados del PAN manifestaron reservas sobre la aplicación retroactiva de la reforma. La legisladora Susana Riestra Piña señaló que nadie puede defender pensiones desproporcionadas, pero advirtió sobre la necesidad de garantizar certeza jurídica.
Puebla, entre los primeros estados
Con esta aprobación, Puebla se convirtió en una de las primeras entidades en avalar la reforma federal, que ya había sido aprobada previamente en el Senado y la Cámara de Diputados.
El dictamen también plantea que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la de la presidencia de la República, reforzando principios de austeridad, equidad y racionalidad en el gasto público.
Buscan liberar recursos y reducir desigualdad
De acuerdo con el Congreso local, el objetivo de la reforma es liberar recursos para destinarlos a programas sociales, además de reducir las brechas entre distintos regímenes pensionarios y fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.
Asimismo, se incorporaron ajustes de lenguaje inclusivo en la Constitución, con el fin de alinearla a estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad.
