En sesión pública ordinaria del Congreso del estado de Puebla, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de completar el ciclo de apoyo para garantizar que las víctimas de violencia no solo sean protegidas de manera inmediata, sino también para ofrecerles una solución a largo plazo que fomente su autonomía y bienestar, al definir claramente el papel de las Casas de Medio Camino en el proceso de recuperación integral.
Se pretende asegurar que las mujeres, al salir de estos espacios, tengan las herramientas necesarias para vivir libres de violencia, con la posibilidad de reintegrarse de manera plena en la sociedad.
Para su estudio y resolución procedente, la propuesta legislativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género.
Asimismo, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar el principio de interseccionalidad, a fin de reconocer que las formas de discriminación pueden concurrir y agravarse cuando interactúan múltiples factores de vulnerabilidad. Se pretende la implementación de medidas diferenciadas para garantizar la igualdad sustantiva.
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La propuesta legislativa se envió a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis respectivo.
En su momento, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil, con la finalidad de no solo cambiar la terminología jurídica de “menores” por la de “niñas, niños y adolescentes”, sino reforzar el compromiso con la protección integral de la infancia y la adolescencia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
Elías Lozada Ortega, diputado local de Puebla por el partido Nueva Alianza. Foto: Especial
La propuesta del diputado se dirigió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pável Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar y humanizar el lenguaje para sustituir tecnicismos jurídicos obsoletos o inadecuados, y eliminar cualquier término que pueda resultar discriminatorio, en estricto cumplimiento del Principio Pro Persona. También se busca el fortalecimiento operativo y la coordinación institucional e interinstitucional.
Leonela Jazmín Martínez Ayala, diputada local de Puebla por el partido Nueva Alianza. Foto: Especial
Para su estudio y dictaminación procedente, la iniciativa se dirigió a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.
Por su parte, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno Digital, con el objetivo de reconocer expresamente la obligación de habilitar mecanismos que permitan a las personas usuarias manifestar, actualizar o reservar su identidad de género autopercibida en los portales transaccionales y sistemas digitales, para evitar que el acceso a servicios públicos quede condicionado a la exposición de información sensible.
Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, diputada local de Puebla por Morena. Foto: Especial
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
En tribuna, la diputada Xel Arianna Hernández García, a nombre de las legisladoras Esther Martínez Romano, Angélica Patricia Alvarado Juárez y Araceli Celestino Rosas, así como de los diputados José Luis Figueroa Cortés y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, presentó un punto de acuerdo por el que exhortan a los ayuntamientos y a los concejos municipales, para que realicen la asignación o reasignación necesaria de recursos suficientes y progresivos a las Instancias Municipales de las Mujeres, garantizando su creación, fortalecimiento, operación continua y plena integración dentro de sus estructuras orgánicas, como una inversión esencial para el bienestar, la seguridad y los derechos humanos de las mujeres en cada municipio.
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Para su estudio y resolución procedente, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.
Durante el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:
• Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de que en los procedimientos jurisdiccionales en que se encuentren involucradas niñas, niños y adolescentes como probables víctimas de delitos o testigos, deberá valorarse su testimonio con perspectiva de infancia, ya que esta reconoce la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, atendiendo al interés superior de la infancia y a los aspectos más favorables para su desarrollo integral.
La propuesta legislativa, que pretende reformar las fracciones V, VI y adicionar la VII al artículo 87 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.
• Iniciativa del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de incorporar la perspectiva de género y de infancia, como criterios rectores, dentro de las actuaciones del estado.
La iniciativa se turnó a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su análisis respectivo.
• Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pável Gaspar Ramírez, por el que exhortan a la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla para que elabore, implemente y evalúe el Programa Estatal y el Programa anual para la Atención de la Violencia Familiar. También para que proceda a la instalación y operación del Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar.
La propuesta fue dirigida a la Comisión de Derechos Humanos.
