Con el propósito de establecer una agravante que sancione con mayor severidad el fraude y el despojo inmobiliario cometidos en complicidad con personas servidoras públicas, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado.
La propuesta de la diputada indica que, con la agravante, las sanciones ya establecidas para el delito de fraude se incrementarán hasta en una mitad cuando la simulación tenga como objeto la transmisión, ocupación o despojo de bienes inmuebles, y se realice con la participación de personas servidoras públicas que, por acción u omisión, faciliten, validen o ejecuten el acto.
Además, se expone que la sanción se incrementará en una mitad cuando el fraude se cometa en materia inmobiliaria con la participación activa o pasiva de personas servidoras públicas que, abusando de su cargo, faciliten, validen o ejecuten el acto fraudulento.
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Asimismo, contempla que se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando el despojo del inmueble o de derechos reales se cometa con la participación, autorización, encubrimiento o tolerancia de personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta legislativa mediante la cual se reforman los artículos 404 fracción IX, el 407 y el 409; y se adiciona la fracción III al artículo 408 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado, con el objetivo de proteger a las ciudadanas y los ciudadanos de los abusos derivados de los préstamos conocidos como “gota a gota”.
Modesta Delgado Juárez, diputada local de Puebla por el partido Fuerza por México. Foto: Especial
Lo anterior, estableciendo en el ordenamiento que el interés convencional es el que pactan las personas contratantes, sin que el mismo pueda estipularse de manera diaria; y cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se abusó del apuro pecuniario, inexperiencia, ignorancia, necesidad de la persona deudora, anuncios contrarios a la realidad, amenazas o coacción, a petición de esta, la persona juzgadora, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, reducirá equitativamente el interés hasta el tipo legal.
La propuesta mediante la cual se reforman los artículos 2255 y 2256 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Además, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para adicionar la fracción VI al artículo 2 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla con el objetivo de establecer que las autoridades que intervengan en procedimientos relacionados con víctimas, tengan capacitación actualizada que asegure una atención con perspectiva de derechos humanos y de género, y evite cualquier tipo de discriminación o prejuicio en razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.
Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, diputada local de Puebla por Morena. Foto: Especial
La diputada también presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el propósito de prohibir toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.
Además, fomentar para toda persona el derecho a la no discriminación y promover las condiciones de respeto e igualdad irrestricta por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales en los ámbitos de salud, justicia y trabajo.
Las iniciativas de la diputada Gabriela Chumacero fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente.
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Durante la sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:
• Iniciativa del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza para reformar los artículos 85 y 87 fracción IV y el 323 Bis del Código Penal, con la finalidad de incrementar las penas de dos a cuatro años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando se cometa un delito al conducir vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca un efecto similar.
La persona que al conducir un vehículo de motor cause homicidio o lesiones, hallándose en estado de embriaguez superior al primer grado o bajo el efecto de estupefacientes, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca un efecto similar, se sancionará de cuatro a doce años de prisión. Además de la cancelación definitivamente de la licencia para conducir vehículos expedida por cualquier instancia.
• Iniciativa del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta para reformar el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 26 y adicionar un último párrafo al artículo 27 del Código Penal, con el propósito de establecer que en los casos de legítima defensa relacionados con mujeres víctimas de violencia de género, se deberá de juzgar, en todo momento, bajo este tipo de perspectiva.
• Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para adicionar la Sección Décima Séptima denominada “Legado de Bienes Digitales y Albacea Digital” y el artículo 3224 Bis al Código Civil del Estado, con el propósito de establecer que los bienes digitales del testador podrán ser objeto de legado, comprendiendo las cuentas en redes sociales, correos electrónicos, archivos electrónicos, servicios en la nube, criptomonedas, blogs, páginas web y cualquier representación digital con valor patrimonial o afectivo.
• Iniciativa de la diputada Xel Arianna Hernández García para adicionar el artículo 265 Bis al Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de equiparar el delito de estupro con el de violación, que permita fortalecer la protección de menores y eliminar vacíos legales e interpretaciones ambiguas.
Las propuestas legislativas antes mencionadas, fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
• Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada, con la finalidad de regular con precisión la facultad extraordinaria de detención temporal en flagrancia en términos compatibles con la Constitución, la Ley Federal de Seguridad Privada.
Con la combinación de requisitos formales, capacitación obligatoria, registro y supervisión estatal y sanciones, para garantizar equilibrio entre la protección de la seguridad ciudadana y la defensa de las garantías individuales.
• Punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa Cortés por el que exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, elabore un plan de acción para contener y revertir el delito de extorsión en la entidad, siguiendo las directrices de la estrategia nacional contra la extorsión.
La iniciativa de la diputada Azucena Rosas fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública, mientras que el punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
