El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, propuso una reforma a la Ley de Seguridad Privada para hacer obligatoria la capacitación de guardias privados en la Universidad de Ciencias Policiales del Estado. Esta iniciativa busca elevar los estándares del sector, tras evidencias de negligencia, abuso y colusión con grupos delictivos por parte de personal mal preparado.
La reforma, ya ingresada al Congreso local por el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, establece que todos los elementos de seguridad privada deberán contar con exámenes de control y confianza, certificaciones técnicas y capacitación especializada, especialmente si portan armas.
Además, las empresas deberán informar mensualmente su plantilla laboral actualizada y aplicar exámenes periódicos a su personal. El incumplimiento será sancionado con multas de 500 a 5 mil UMAs, es decir, entre 56 mil y 565 mil pesos, y en caso de no dar de baja a elementos reprobados, también deberán justificarlo ante el gobierno estatal.
La medida responde al creciente uso de servicios de seguridad privada en sectores empresariales y residenciales de Puebla, donde existen al menos 389 empresas irregulares, muchas operando sin control en fraccionamientos, negocios y plazas comerciales.
Según el proyecto, la formación se realizará a través de la Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado, y en el caso del personal armado, se requerirá adiestramiento en manejo de armamento y cursos actualizados de tiro con arma corta y larga.
