Para que las personas prestadoras de servicios ejecuten los protocolos y acciones preventivas que permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Puebla.
Durante la presentación de la propuesta legislativa, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso del estado de Puebla, la diputada indicó que también se pretende que el personal encargado de otorgar estos servicios reciba capacitación periódica y especializada en la identificación de indicadores y la aplicación de protocolos para la prevención y detección temprana de la posible comisión de delitos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la trata de personas con fines de explotación, así como en los procedimientos de notificación inmediata a las autoridades competentes.
Esta capacitación deberá priorizar el interés superior de la niñez y podrá ser coordinada por la Secretaría de Turismo, en conjunto con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
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En la propuesta legislativa se reforman las fracciones X, XI y se adiciona la fracción XII al artículo 81 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Turismo para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de actualizar el marco normativo para evitar que los grupos criminales sigan utilizando a menores de edad y personas vulnerables para obtener y transmitir información sobre los movimientos de las instituciones de seguridad pública que les permita tener ventaja sobre éstas, mediante el uso de los llamados “halcones”.
Andrés Iván Villegas Mendoza, diputado local de Puebla por Morena. Foto: Especial
La iniciativa mediante la cual se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un sexto párrafo al artículo 186 octies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
Además, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar el artículo 415 del Código Penal del Estado, con el propósito de tipificar el delito de colisión vehicular simulada con fines de extorsión, a fin de que se establezca penalidad corporal de dos a ocho años de prisión.
Fedrha Isabel Suriano Corrales, diputada local de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano. Foto: Especial
De acuerdo con la iniciativa, la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más, cuando el delito sea cometido en grupo o pandilla, también cuando se emplee violencia física o se cause daño a la integridad personal o psicológica de la víctima; sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan.
El diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, con el objetivo de establecer, entre otros aspectos, que como parte de las medidas de la reparación del daño se incluirán la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima; además de la disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos.
Miguel Márquez Ríos, diputado federal de Puebla por el PVEM. Foto: Especial
Como parte de la propuesta se actualiza el nombre de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla y se indica que esta establecerá el reconocimiento, protección, garantía y amparo de las víctimas del delito; la observación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, los tratados internacionales de los que México forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y otras leyes generales y locales aplicables; así como la garantía dentro del procedimiento penal, para que las víctimas accedan a una reparación del daño integral.
Además, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles, con la finalidad de establecer que, tratándose de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requerirá de la legalización consular o de la apostilla.
Araceli Celestino Rosas, diputada local de Puebla por el Partido del Trabajo. Foto: Especial
La iniciativa indica que bastará con presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos para acreditar su identidad y su nacionalidad mexicana con el fin de obtener el registro de su nacimiento ante el Registro Civil del estado, en términos de la normatividad aplicable.
Las propuestas legislativas de las diputadas Fedrha Isabel Suriano y Araceli Celestino, y los diputados Andrés Villegas y Miguel Márquez, fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
En otro momento, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales, con la finalidad de derogar la disposición normativa que impide votar a las personas sujetas a proceso penal, desde que se dicte el auto de formal prisión o desde la fecha del auto de vinculación a proceso y, a su vez, disponer que están impedidas e impedidos para votar las ciudadanas y los ciudadanos que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada y/o compurguen pena corporal.
Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, diputado local de Puebla por Morena. Foto: Especial
Mediante la propuesta se pretende derogar la fracción I y reformar la fracción II del artículo 13 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; esta modificación será analizada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para adicionar un título denominado “De los Eventos Públicos Masivos” en la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con la finalidad de establecer, entre otros aspectos, que para los eventos públicos masivos que reúnan o excedan las 500 personas, los organizadores estarán obligados a establecer y mantener una unidad de atención prehospitalaria en el lugar del evento, con personal calificado y equipado de acuerdo con las normativas y lineamientos de la Secretaría de Salud y Protección Civil del Estado de Puebla.
Nayeli Salvatori Bojalil, diputada local de Puebla por Morena. Foto: Especial
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución procedente.
Por su parte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Delegación local de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que, en el ámbito de sus facultades, realice de manera inmediata las inspecciones, investigaciones y procedimientos correspondientes, a fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades legales de Petróleos Mexicanos (Pemex) en relación con la prevención, contención, remediación, reparación y, en su caso, reparación del daño ambiental causado por el derrame de hidrocarburos en el río San Marcos, que atraviesa la localidad de Villa Ávila Camacho, en el municipio de Xicotepec.
El exhorto fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su análisis.
Además, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del estado para que, en ejercicio de sus atribuciones, cite a comparecer al director de Agua de Puebla para Todos y al director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla.
Delfina Pozos Vergara, diputada local de Puebla por el PRI. Foto: Especial
El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente.
Durante la sesión de dio cuenta de los siguientes asuntos:
• Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, para que el estado garantice la prestación de los servicios de asistencia social para familias mexicanas migrantes en retorno y repatriadas, en estado de desamparo o marginación.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Grupos Vulnerables para su estudio y resolución procedente.
• Iniciativa de la diputada Floricel González Méndez presentó una iniciativa mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Víctimas, para redefinir y ampliar diversos conceptos jurídicos, a fin de brindar mayor claridad, certeza jurídica, progresividad, sensibilidad y cobertura a los derechos de las personas víctimas.
• Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para adicionar la fracción XXIV al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de indicar que le corresponde establecer a través del Ministerio Público, la Atención Integral a Víctimas y mantener un canal permanente de comunicación con ellas mediante una plataforma digital que registre, dé seguimiento y proporcione retroalimentación sobre denuncias y solicitudes de información.
Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
• Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega por el que exhortan respetuosamente a las secretarías de: Salud, de Agricultura y Desarrollo Rural, y a la de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para que refuercen las acciones de vigilancia, supervisión y verificación del uso, manejo y aplicación de plaguicidas, incluyendo herbicidas, en las zonas de cultivo de tubérculos en la entidad, con el fin de proteger la salud de la población, el medio ambiente y promover prácticas agrícolas seguras y sustentables.
• Punto de acuerdo de la diputada Guadalupe Yamak Taja por el que exhorta a los ayuntamientos para que, a través de sus áreas competentes en materia de protección civil, desarrollo rural y medio ambiente, implementen medidas de mitigación de riesgos que prevengan la pérdida de cosechas por inundaciones, así como acciones precautorias que eviten la deforestación con fines de expansión urbana o agrícola.
Ambos exhortos fueron turnados a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente.
