El Congreso de Puebla realizará modificaciones a la Ley de Ciberasedio recientemente aprobada, para que no aplique a servidores públicos y así garantizar la libertad de expresión de los periodistas y de los ciudadanos.
La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, adelantó que antes del 15 de julio, día que concluye el periodo ordinario del legislativo, los diputados realizaran reformas al artículo 480 del Código Penal estatal que castiga de 11 meses y hasta 3 años de cárcel a quien cometa el delito de ciberasedio en la entidad poblana.
La legisladora morenista señaló que después de los foros que se realizaron en el Congreso del estado la semana pasada, entiende que las y los servidores públicos son propensos al escrutinio público.
“Que se excluya cualquier tema que pueda poner en riesgo la libertad de expresión de periodistas y que los servidores públicos estamos en el escrutinio ciudadano”, manifestó.
García Chávez detalló que una vez que concluyan los foros de discusión sobre la reforma, se reunirá con sus compañeros legisladores para afinar los términos de la nueva redacción. Pues reiteró que el objetivo es delimitar con precisión que el ciberasedio está diseñado para proteger a la población civil, especialmente a menores, y no a funcionarios.
No obstante, Laura Artemisa precisó que los cambios responden a la necesidad de garantizar el derecho ciudadano a la crítica, y clarificar que no es para proteger a ningún funcionario público.
“Que quede claro que no es para proteger a ningún funcionario público, que tenemos una responsabilidad de dar resultados”, sostuvo.
Por ello, pidió que la discusión de la reforma no se politice ni se haga personal, ya que la modificación será parte de un ejercicio legislativo responsable, enfocado en mantener el equilibrio entre proteger a las víctimas reales de ciberacoso y no coartar el derecho a opinar sobre la función pública.
Video: @RicardoJuaAlma
Laura Artemisa dijo que “atenderán de manera puntual” el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió que la norma no aplique contra críticas a funcionarios.
