La diputada federal Inés Parra Juárez presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), por irregularidades en las cuentas públicas de los años 2016 a 2021 que derivaron en el probable daño patrimonial de 4 mil 485.4 millones de pesos.
La legisladora de Morena presentó denuncia por los probables delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, corrupción, enriquecimiento ilícito, coacción de servidores públicos y tráfico de influencias contra quien resulte responsable de los hechos.
El probable quebranto de 4 mil 485.4 millones de pesos ocurrió en los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y Luis Miguel Barbosa Huerta.
“Esta es la carpeta de investigación que se presentó el 6 de septiembre, esta es la pericial que se obtiene de la Auditoría Superior de la Federación”, dijo en conferencia de prensa.
Inés Parra afirmó que la denuncia está sustentada en el pliego de observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo al Gobierno de Puebla por irregularidades detectadas en los gobiernos estatales de Moreno Valle Rosas, Gali Fayad, Pacheco Pulido y Barbosa Huerta, en los periodos de 2016 a 2021.
Detalló que en el último año del sexenio de Moreno Valle se detectaron anomalías por 31.5 millones de pesos y por mil 722.2 millones de pesos en el gobierno de Gali Fayad de 2017 a 2018.
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Detectan probable daño patrimonial en gobierno de Barbosa
En 2019, en el gobierno interino de Guillermo Pacheco, el presunto desfalco asciende a mil 291.2 millones de pesos, monto que, según Parra Juárez, compartió con Barbosa Huerta, por pagos indebidos a funcionarios públicos estatales a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como a afiliados del Seguro Popular.
Se presumen pagos indebidos con recursos del Programa Nacional de Inglés; irregularidades en el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y del Fondo de Entidades y Municipios; mal uso y pagos indebidos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y anomalías en la utilización del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Deficiencias en la comprobación de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y transferencias injustificadas del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).
Inés Parra también denunció anomalías en el uso y destino de los recursos federales transferidos del acuerdo de coordinación de la Secretaría de Salud y presunto desvío de recursos del programa de agua potable, drenaje y saneamiento (Proagua) a cuentas bancarias ajenas e irregularidades de pagos de obra pública de agua potable.
Otro probable daño patrimonial se detectó en los años 2020 y 2021, en la administración de Barbosa Huerta, fallecido en diciembre de 2022, mismo que asciende a mil 440.5 millones de pesos.
Lo anterior por pagos indebidos a aviadores, pagos irregulares de sueldos y salarios diversos; falta de comprobación en el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y del Fondo de Participaciones Federales para las Entidades Federativas; no acreditación de contratos y pagos a funcionarios que excedieron lo autorizado; desvío del Fondo de Salud y de Seguridad Pública, pago en exceso de servicios médicos sin contrato, entre otros.
