Al cumplirse 10 años de la privatización del agua en Puebla, colectivos ciudadanos reunidos en la Plaza de la Concordia de la ciudad, coincidieron con el senador Alejandro Armenta, al manifestar su desacuerdo y advertir que el derecho humano al agua se haya encarecido, aun cuando las autoridades que hoy pregonan “agua para todos”, son quienes la venden.
Los colectivos en Defensa del Agua y Por Amor a Puebla, que se dieron cita en la Plaza de la Concordia de la ciudad de Puebla, se solidarizaron con la ciudadanía y respaldaron la demanda social del senador Alejandro Armenta, quien ha expresado que la concesión del agua se dio para que tuvieran el líquido, de una manera asequible, suficiente y a bajo costo, como lo marca el artículo cuarto constitucional.
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Los colectivos y el Movimiento por Amor a Puebla manifestaron su descontento y exigieron que la autoridad municipal atienda las demandas de los ciudadanos y que deje de solapar a la empresa que da el servicio para frenar los abusos en contra de la población, pasando por alto mandatos judiciales que revierten, clausuras y cobros excesivos.
En el foro ciudadano, los activistas expresaron que son 500 colonias en el municipio que no cuentan con servicio de agua, lo que ha generado una crisis económica entre los ciudadanos, quienes tienen que comprar pipas para su consumo y aseo personal.
En la reunión, los integrantes de los colectivos en defensa del agua, retomaron el mensaje del legislador poblano, efectuado el pasado lunes en el zócalo de la ciudad, quien llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho a defender, pero sobre todo, a exigir que haya calidad en el servicio de suministro de agua, resaltando que esta es una de las cinco tareas encomendadas por la coordinadora nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha expresado que es tarea de toda autoridad impulsar y promover los derechos de los ciudadanos y, además, señalar a aquellos gobernantes y servidores públicos que violenten las garantías individuales consagradas en la Constitución.
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Tal es el caso, señalaron, del cobro del estacionamiento a través de parquímetros que realiza el Ayuntamiento de Puebla y que recientemente fue cancelado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que invalidó el artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023, donde se establecía el cobro de un derecho por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos, realizado mediante dispositivos digitales (parquímetros).
