La diputada local de Morena, Xel Arianna Hernández García, aclaró que en Puebla no se revivirá la denominada Ley Bala, pero abrió la posibilidad de homologar la ley local con la federal, como sugirió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Reveló que trabaja en un procedimiento para garantizar que los policías sepan actuar ante casos de linchamiento, sin violar los derechos humanos y que solo un número de elementos participen.
La Ley Bala fue derogada por el Congreso de Puebla el 17 de septiembre de 2018 durante la primera sesión ordinaria de la LX Legislatura, cuando Morena tomó el control del Poder Legislativo.
El nombre real de la norma era Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.
En entrevista, la legisladora Xel Arianna Hernández, a quien líderes de organizaciones responsabilizan por intentar revivir la Ley Bala, precisó que en las reuniones que sostuvo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla, Félix Cerezo Vélez, jamás mencionó una ley de ese tipo.
Y es que el pasado 20 de julio, Cerezo Vélez dejó entrever que la Ley Bala se reactivaría para dar atribuciones a elementos de seguridad pública de utilizar la fuerza “sin armas” ni proyectiles para “rescatar” a personas en intentos de linchamiento.
Al respecto, Hernández confirmó que a nivel nacional existe una ley que los estados retoman cuando carecen de una, por lo cual consideró innecesario hacer reformas locales, pero sí armonizar la legislación con la federal y generar un protocolo ejecutivo.
“Se puede armonizar la ley, quedaría exactamente igual a como está la vigente nacional, pero más allá de eso la intención es generar un protocolo más ejecutivo, ver los mecanismos de esta atribución que tiene la Secretaría de Gobernación de dar atención a los linchamientos, que sea gente más capacitada”, explicó.
La Ley Bala fue impulsada en el sexenio del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, misma que fue criticada porque el 9 de julio de 2014 causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien recibió un impacto de bala de goma durante el enfrentamiento entre pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan (Ocoyucan) y policías estatales.
