La diputada de Morena en Puebla Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para eliminar el juicio político en contra de funcionarios estatales y municipales por expresar sus ideas.
La propuesta consiste en derogar los procedimientos para aplicar sanciones a los servidores públicos, que ya no proceda el enjuiciamiento penal de funcionarios estatales y municipales que hoy gozan de protección constitucional, así como eliminar el registro patrimonial de los servidores.
La legisladora de Morena propone eliminar los artículos 28, 29, 30 y 31 para que el Congreso de Puebla ya no pueda proceder penalmente en contra del gobernador del estado, los diputados, auditor, magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, desde las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Instructora, que actualmente realizan las diligencias para establecer si existe delito y probable responsabilidad del inculpado.
Hernández García plantea quitar de la ley que las dos terceras partes del Congreso procedan contra el inculpado y lo separen de su empleo, cargo o comisión, y que esté sujeto a jurisdicción de los tribunales competentes.
Las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla se basan en el reglamento establecido en el artículo 125, fracción II de la Constitución Política local, que impone mediante juicio político sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza.
Lo anterior aplica para el gobernador de Puebla, diputados del Congreso local, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado y los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (Itaipue).
Estos servidores públicos pueden ser sometidos a juicio político por violaciones graves a la Constitución, manejo indebido de fondos y recursos públicos, y por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, pero no por expresar sus ideas.
La iniciativa de la diputada Xel Arianna Hernández fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que encabeza la legisladora del PT Mónica Silva Ruiz para su estudio y resolución procedente.
