La unidad técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso de Puebla inició la evaluación al desempeño del ex auditor Francisco Romero Serrano, quien se encuentra en prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presidenta de la Comisión de Control, Jocelyn Olivares López, confirmó que la unidad abrió una especie de carpeta de investigación para detectar si hubo irregularidades durante el periodo de Romero Serrano, quien estuvo al frente de la Auditoría del 27 de noviembre de 2019 al 31 de marzo de 2022, cuando fue removido del cargo por el Congreso, tras su detención.
“Es una carpeta que está evaluando la unidad técnica y no se puede dar información. Empezaron en diciembre, todavía están trabajando en ello”, declaró la diputada local de Morena en entrevista este martes.
La unidad técnica está evaluando los ejercicios 2020 y 2021 y en caso de que encuentre irregularidades la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación deberá autorizar el inicio de procedimientos si la falta es menor y si es grave corresponderá a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Aprueban informe sobre desempeño de la ASE
En sesión, la Comisión de Control aprobó el informe sobre la evaluación del desempeño de la Auditoría respecto a la revisión de las cuentas públicas del estado y de los municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
El documento consta de 27 páginas y seis secciones, mismo que contiene las observaciones y recomendaciones sobre el actuar de la ASE y que debe ser presentado a más tardar este 30 de mayo al organismo, como establece la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
Olivares López dijo que la presentación del informe marca un precedente porque es la primera vez que se entrega, después de que en diciembre de 2022 la unidad técnica inició funciones, las cuales consisten principalmente en vigilar el actuar de la Auditoría que preside Amanda Gómez Nava.
Otras funciones de la unidad consisten en regular el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos; implementar procedimientos para investigar, determinar y sancionar responsabilidades administrativas y vigilar que la ASE no cometa actos de corrupción en la fiscalización de las cuentas públicas de los sujetos obligados. Para este 2023, opera con un presupuesto de 6 millones 947 mil 893 pesos.
